Por: Marina Torres Montoya
En las principales ciudades del país como Bogotá, Medellín y Cali, celebran la reducción de homicidios y hurtos en el primer trimestre del 2024. En estas ciudades ganaron las alcaldías Galán, Fico y Eder respectivamente, todos recitando la vieja conocida fórmula de más policías, militarización, cámaras, control y tecnología, supuestamente contra el crimen, el restablecimiento del orden y la tranquilidad en las ciudades.
Desde ese punto de vista, la seguridad se analiza viendo la cifra, el porcentaje, el número de capturas; dando paso a una política autoritaria e invasiva, la cual causa pánico en los barrios más que una sensación de seguridad. Teniendo en cuenta que en general, la gente no quiere a la policía por su actuar represivo y corrupto, siendo parte de la misma dinámica del crimen al que dicen combatir: ollas de microtráfico, permisividad con bandas, paramilitarismo urbano, cómplices de vacunas en las tiendas y negocios, traficantes de armas y la visión de que todo joven es un potencial criminal.
Además, de los 2.026 registros periodísticos sobre la corrupción en el país, en el último periodo, la Policía y el Ejército son las entidades con más casos. Lo evidenció Transparencia por Colombia en su informe “Así se mueve la corrupción: radiografía de los hechos de corrupción en colombia 2016-2020” . Según el informe, las dos entidades registraron 178 de los 311 hechos que afectaron a entidades del Estado, obteniendo los primeros puestos. Evidenciando que la corrupción es un soporte importante, permitiendo el fortalecimiento del accionar delictivo y el control territorial, no para resguardar la seguridad a la gente, sino, para sostener los negocios de narcos, mafias y empresarios.
¿Las cifras solucionan el problema?
En Bogotá, hay incertidumbre sobre las cifras presentadas por el Distrito en materia de seguridad, ya que el actual alcalde afirmó “una reducción importante en los delitos de alto impacto” [1], pero cuando se le ha solicitado a la Secretaría de Seguridad proporcionar dicho datos, se encuentra que no están actualizados desde octubre del año pasado. Esto genera dudas sobre los datos en los cuales se está basando el Distrito para implementar estrategias de seguridad, y para argumentar la reducción del delito. Además, de quedar evidenciado que es más importante exponer cifras para hacer publicidad y engañar a la población, con el objetivo recibir buenas valoraciones, y no en construir propuestas que aporten a la reducción de la violencia urbana.
En Medellín, por ejemplo, se han intensificado los operativos contra vendedores informales con la excusa de “rescatar” el espacio público, destruyendo más de 6.000 puestos de la gente trabajadora, sin resolver el problema de fondo que tiene ver con las oportunidades laborales en un país con porcentajes de informalidad cercanos al 50%. Se desarrolla la misma línea de gobernanza empresarial que se aplica en Cali, denigrando a los habitantes de calle, con destrucciones de cambuches y tratando de esconderlos, para presentar una ciudad “embellecida” para la venta. Nuevamente, este enfoque pasa por alto la discusión del problema de la vivienda y del mejoramiento de condiciones de vida para las personas empobrecidas. [2]
En Cali, se ha expresado en requisas excesivas por parte de la policía y en el aumento de los controles viales. Todo dentro del marco de negocio y corrupción del tránsito, pero que sirve para generar, mostrar resultados, sensación de control, y apaciguamiento de la población. Además, se platea la implementación de las cámaras inteligentes, proyecto tramitado desde gobiernos pasados, que hoy se tratan de concretar, con dificultades presupuestales. Dejando gran preocupación por el posible elefante blanco que le puede significar a la ciudad, pues en Febrero del presente año, de las 50 cámaras inteligentes priorizadas se habían instalado solo 5.
Seguridad sin discutir las causas que la generan
La política de seguridad implementada por diferentes alcaldes, no dan respuestas a las profundas necesidades de los habitantes urbanos, pues los problemas sociales son tratados desde un enfoque policivo, y no desde la perspectiva de los derechos que se deben cumplir, para mejorar las condiciones de vida de la población. Al contrario, refuerzan la represión policial y sostienen las dinámicas delictivas que profundizan la violencia y la pobreza en los sectores populares.
Para construir unas ciudades seguras, es necesario garantizar el cumplimiento de derechos básicos y romper con las instituciones que están ligadas a la corrupción, y a las dinámicas criminales generadoras de violencia en el país. Solo es posible una ciudad alternativa si discutimos las transformaciones estructurales en perspectiva de paz con justicia social.
[1] ¿Y las cifras de seguridad del 2024? Denuncian que no hay registro y distrito responde. El Espectador
[2] Operativos semanales de seguridad han aumentado 180% en lo corrido del año. https://www.medellin.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/operativos-semanales-de-seguridad-han-aumentado-180-en-lo-corrido-del-ano/
