Por: Lenin Santos, corresponsal de Antorcha.
Mientras los discursos oficiales hablan de justicia, legalidad y Estado de derecho, la realidad golpea con crudeza a quienes sostienen el acceso a la justicia de los más pobres. Los defensores públicos, esos trabajadores invisibles que ponen el cuerpo en juzgados saturados y cárceles olvidadas, anuncian el cese de actividades tras 45 días sin recibir su salario. No es una cifra menor ni un retraso administrativo: es el reflejo de un Estado que abandona incluso a quienes garantizan derechos mínimos a la población más vulnerable.
El impago no es solo una falta contractual, es una forma de violencia estructural. Defender a quien no puede pagar un abogado, acompañar a víctimas del conflicto, representar a campesinos, jóvenes judicializados y mujeres criminalizadas por la pobreza, se ha convertido en un acto de sacrificio personal. El sistema exige vocación, pero responde con desprecio. La justicia que se proclama imparcial se sostiene, una vez más, sobre trabajadores precarizados y endeudados.
Este cese de actividades desnuda una verdad incómoda: cuando el Estado no paga, la justicia se paraliza desde abajo. No son los grandes bufetes ni las élites jurídicas quienes sufren, sino quienes dependen de la defensa pública para no ser triturados por un aparato judicial lento, clasista y punitivo. La falta de pago no es un error, es una prioridad política que deja claro para quién sí hay recursos y para quién no.
Mientras tanto, el discurso institucional intenta minimizar la crisis, como si el hambre pudiera esperar y las cuentas no se acumularan. Se habla de trámites, de presupuestos, de tiempos, pero no de las neveras vacías ni de la dignidad pisoteada. El Estado exige compromiso, pero incumple; exige legalidad, pero actúa con irresponsabilidad; exige paciencia, pero gobierna con indiferencia.
La defensa pública no es caridad ni favor: es un derecho. Cuando se asfixia económicamente a quienes la ejercen, se ataca directamente a la posibilidad de justicia para los sectores populares. Cada día sin pago es un mensaje claro: la vida y el trabajo de quienes sostienen el sistema desde abajo valen menos que la estabilidad del discurso oficial.
Y al final, lo que queda es una herida abierta. Defensores públicos sin salario, personas sin defensa, derechos convertidos en promesas rotas. Un país que dice avanzar, pero que sigue construyendo justicia sobre la miseria y el silencio forzado. Cuando incluso quienes defienden al pueblo son empujados al límite, no estamos ante una falla aislada, sino ante un modelo que se sostiene explotando la dignidad humana hasta que ya no queda nada más que rabia, cansancio y una profunda sensación de abandono.
