Narcoparamilitares y asesinos a sueldo

Editorial FGUN

El escalamiento de la violencia en el suroccidente, y diferentes ciudades del país, es producto de las alianzas entre bandas ex FARC, paramilitares y bandas herederas de los carteles del narcotráfico. Estas alianzas han actuado como aceitados engranajes con la connivencia de importantes sectores del establecimiento y de las élites regionales, por lo menos desde 2023, y son las responsables de los asesinatos de civiles indefensos y del miedo que sienten hoy muchas familias en los barrios populares.

Cuando el pueblo insurgente acude al uso de la violencia como vía legítima para enfrentar a un orden tirano e injusto, lo hace afectando principalmente a las unidades enemigas de la fuerza pública o a la infraestructura de las empresas y oligopolios que desangran al pueblo. Lo hace además con la seriedad y responsabilidad que le obligan a ser capaz de reconocer errores o accidentes que las acciones militares puedan generar y evitando siempre afectar a la población civil. Esa es la esencia de la acción militar insurgente que ejerce el ELN desde hace más de 60 años.

Las acciones que desarrollan en ciudades como Cali, las bandas narcoparamilitares son otra cosa. Sus objetivos no son de ninguna manera atacar al régimen ni a la fuerza pública, sino que el blanco principal de sus crímenes es la población civil de los sectores populares en el oriente y las laderas. En casi 10 acciones de estas bandas que se cuentan desde 2023 en la ciudad, han sido asesinadas más de 12 personas civiles y más de 80 personas han resultado heridas. No hay bajas de la fuerza pública, los daños a la infraestructura militar y policial son menores.

La cobardía de sus acciones es tal, que ni siquiera son capaces de desmentir su autoría, mucho menos de reivindicar o pretender explicar esta barbarie. Ni tendrían como hacerlo, pues estas bandas, consecuencia de la degradación de la guerra en Colombia, ni siquiera cuentan con referentes políticos que sean capaces de darle la cara al país como lo harían los comandantes de una insurgencia. Sus jefes vendieron ideales y luchas del pueblo por dolares y cocaína y hoy se dedican a las finanzas criminales, y a las acciones de guerra contra el pueblo, a todo menos a la política y a la transformación de la sociedad.

Sin ideas que ofrecerle a nadie, se dedican a comprar las conciencias y las necesidades de la gente, reclutando a niños y niñas en los barrios y las comunidades indígenas a quienes involucran en los dispositivos de reproducción de la cultura narcoparamilitar que encarnan y defienden. Las redes sociales están llenas de videos y fotografías de estos jóvenes que no pueden defender ni una sola idea, que solo pueden exhibir los relojes, celulares, drogas, licores y armas con los que les pagan por los servicios que prestan a estas franquicias de la muerte. Cuando las comunidades se les oponen, asesinan a sus liderazgos y autoridades como lo hicieron con la mayora Carmelina Yule en Toribío en Marzo de 2023 y con muchos otros líderes sociales.

El principal interés con sus acciones criminales es generar miedo y coerción sobre las comunidades para imponer los intereses económicos de las élites para las que trabajan; así pueden expandir los negocios que tienen en la ciudad: narcotráfico, microtráfico, trata de personas, comercio sexual, minería, tráfico de armas y gota a gota. Con ello generan además una falsa impresión de control territorial en sectores estratégicos de la ciudad, queriendo enviar a la sociedad un mensaje de fuerte presencia y poder. Así actúan los cobardes.

La realidad del suroccidente colombiano se repite en otros territorios del país en los que el ELN enfrenta a estas bandas, como el Catatumbo y Arauca, pues su accionar es le mismo en las demás regiones. La errática política de “paz total” de este gobierno les ha permitido aumentar el número de franquicias criminales y narcoparamilitares que reciclan y perpetúan la violencia en el país. Estas bandas no serían lo que son hoy ni tuvieran la tarima y el reconocimiento político que equivocadamente el gobierno nacional les ha dado. Mal paga el diablo a quien bien le sirve.

Tampoco serían lo que son sin contar con el apoyo y colaboración de las fuerzas gubernamentales que dice combatirlas, pero que en realidad tiene alianzas con las llamadas “disidencias” en varias regiones del país en las que como en Arauca, actúan juntas para atacar al ELN y a las comunidades campesinas. Las mismas autoridades colombianas investigan los apoyos que han brindado integrantes del ejército nacional para transportar a miembros de estas bandas y venderles armas y municiones. Hasta el comisionado de paz Otty Patiño mandó a esconder durante semanas a unos de los jefes de la banda del 33 en un apartamento en Bogotá.

Ante este escenario de complejidad, el mensaje que enviamos desde el ELN a las y los jóvenes de los barrios en las ciudades es que no vendan tan barata su vida y su dignidad. Los sueños de construir una sociedad justa en la que los niños y las niñas puedan desarrollar los proyectos y sueños que se merecen se construye con la conciencia y organización colectivas, en comunidad y en defensa de los derechos del pueblo. A las comunidades de los barrios populares de la ciudad les invitamos a organizarse y a luchar juntas para transformar la sociedad y a denunciar a los falsos revolucionarios que deslegitiman la historia de resistencia de los pueblos. Cuentan con el ELN para este propósito.