Por: Lenin Santos, corresponsal de Antorcha.
El Pueblo Barí, nación originaria del Catatumbo, ha decidido levantar su voz con firmeza y dignidad mediante una movilización hacia Cúcuta este 29 de septiembre. No se trata de un simple acto de protesta, sino de una denuncia contra un Estado que durante décadas ha incumplido sus compromisos, ha ignorado fallos judiciales y ha dejado a estas comunidades a merced de la violencia y el abandono. Es la respuesta legítima de un pueblo que se niega a ser condenado al exterminio lento, al despojo territorial y a la negación de su cultura.
Los Barí han sido claros: los acuerdos sobre delimitación de su territorio, reconocidos incluso en sentencias de la Corte Constitucional, permanecen archivados en los escritorios del Gobierno. No existe voluntad política para implementar las decisiones que garantizarían su derecho a la autonomía y al gobierno propio en sus tierras ancestrales. El Estado firma pactos, instala mesas de diálogo, promete protección y desarrollo, pero la realidad que viven las comunidades es otra: confinamientos forzados, hambre, hostigamientos, desplazamientos internos y el recrudecimiento de la violencia armada. La palabra gubernamental no alimenta, no protege, no garantiza. Se vuelve un instrumento de engaño para prolongar la agonía de un pueblo digno.
Las necesidades del pueblo Barí son urgentes y profundas. Reclaman la posibilidad de vivir en paz en sus resguardos, sin militarización y una violencia alimentada por el Estado. Reclaman el derecho a que sus hijos crezcan libres de la amenaza del reclutamiento forzado por parte de paramilitares o disidencias, que ya ha alcanzado a decenas de menores en lo que va del año. Reclaman atención médica que nunca llega, acceso a educación respetuosa de su lengua y cosmovisión, alimentos suficientes para sobrevivir en medio de la crisis humanitaria que asfixia al Catatumbo. Reclaman, en síntesis, lo que la Constitución y el derecho internacional les reconocen pero que el Estado colombiano les niega de manera sistemática.
La crisis de seguridad en el Catatumbo es el reflejo del fracaso de la política estatal. La militarización decretada bajo la figura de “conmoción interior” no ha traído tranquilidad a los pueblos originarios, al contrario, ha agudizado el clima de represión y hostigamiento. Las tropas se despliegan, se refuerzan los retenes, se multiplican las operaciones, pero los indígenas siguen siendo desplazados, siguen siendo asesinados, siguen confinados en sus propios territorios. La violencia no cesa porque el problema de fondo no se resuelve: el Catatumbo continúa siendo tratado como botín de guerra y como enclave de interés para empresas extractivas, mientras sus habitantes son invisibilizados.
El pueblo Barí conoce bien esta realidad. Desde hace años enfrentan presiones de empresas que buscan explotar petróleo y carbón en sus territorios ancestrales, con la complicidad de gobiernos que privilegian la riqueza de unos pocos sobre la vida de los pueblos originarios. Esta política extractivista avanza acompañada de la militarización y el silenciamiento de las voces comunitarias que denuncian el despojo. Se pretende acallar la resistencia para facilitar el saqueo de la tierra, pero los Barí no han claudicado y hoy, con esta movilización hacia Cúcuta, lo reafirman.
Las cifras de la tragedia son contundentes: miles de desplazados en la región, más de cien casos de reclutamiento forzado en comunidades indígenas en el último año, decenas de asesinatos de líderes sociales, confinamientos masivos que impiden a las familias acceder a sus cultivos y fuentes de agua, y una infancia marcada por el hambre y la violencia. La Defensoría del Pueblo ha reconocido que el Catatumbo vive la emergencia humanitaria más grave del país, pero sus llamados se quedan en comunicados. Lo que se necesita son acciones reales, contundentes, que pongan la vida por encima de los intereses económicos y militares.
La movilización en Cúcuta no será solo una marcha. Será un grito de dignidad, un recordatorio al Estado de que el pueblo Barí existe, resiste y exige. Está proyectada hacia la Gobernación, la Fiscalía, la Agencia Nacional de Tierras y otros puntos neurálgicos de la ciudad, con la intención de confrontar cara a cara a quienes ostentan el poder y exigir respuestas concretas. No se trata de pedir favores, sino de reclamar derechos. No se trata de discursos, sino de hechos.
La carga política de esta jornada es clara: el pueblo Barí denuncia el incumplimiento histórico del Estado y el abandono criminal al que han sido sometidos. Denuncia la indiferencia de los gobiernos que han permitido la destrucción de su cultura y de su territorio. Denuncia la represión disfrazada de seguridad y la complicidad del aparato estatal con el modelo económico extractivista que los desplaza. Y en esa denuncia se encuentra también la semilla de la resistencia.
El Barí no se rinde. Su movilización es ejemplo para todos los pueblos que sufren la misma realidad en Colombia: comunidades negras arrinconadas por el despojo, campesinos asesinados por reclamar su tierra, líderes sociales silenciados por defender la vida. La lucha del pueblo Barí es la lucha de todos los pueblos que enfrentan la máquina del capital, del despojo y de la guerra impuesta desde arriba.
El Estado colombiano está en deuda con el pueblo Barí, y esa deuda no se salda con discursos, ni con mesas de diálogo interminables, ni con militares en las carreteras. Se salda con el cumplimiento de lo pactado, con la delimitación y soberanía efectiva de sus territorios, con el reconocimiento pleno de su autonomía. El tiempo de las promesas terminó. Hoy el pueblo Barí se planta en Cúcuta para decirlo con claridad: o se respetan sus derechos o el país será testigo de su resistencia cada vez más firme y decidida.
El pueblo Barí, con su movilización, desnuda la hipocresía de un Estado que habla de paz mientras condena a la guerra y al hambre a quienes han habitado estas tierras desde antes de la República. Es hora de que la nación entera escuche su voz y se sume a su causa, porque la lucha del pueblo Barí no es solo por ellos: es por la vida, la dignidad y el futuro de todos los pueblos que aún creemos en la justicia social y en la liberación.
