Por: Margarita Pérez Martínez
El pasado 7 de octubre de 2025, diversas ciudades de Colombia fueron escenario de manifestaciones masivas que clamaban por la paz y la libertad del pueblo palestino. En el contexto de una masacre que ha cobrado miles de vidas y que ha dejado una profunda huella de dolor, el pueblo colombiano se unió en solidaridad con aquellos que sufren las consecuencias del genocidio en Gaza. Sin embargo, estas movilizaciones en algunas ciudades como Medellín y Bogotá fueron interrumpidas violentamente por las fuerzas represoras del Estado, lo que nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza y el papel de la protesta social.
En Medellín la marcha en contra del genocidio en Palestina se llevó los reflectores nacionales, pues terminó registrando hostigamientos, agresiones y detenciones arbitrarias tanto hacia defensores de DDHH, como a medios de comunicación alternativos y manifestantes. Toda esta agresión fue articulada entre funcionarios de la Secretaría de Seguridad, miembros del Concejo de Medellín y personal de la Policía Nacional. El concejal del Centro Democrático Andrés Rodríguez, conocido como “el Gury”, fue uno de sus representantes. Su presencia y comportamiento quedaron grabados en video, incitando a la violencia y atacando a los manifestantes con un bate de béisbol.
La violencia institucional observada ese día no es un hecho aislado, sino el reflejo de un patrón de represión que se ha acentuado en Medellín en los últimos años. Los llamados “Gestores Operativos de Seguridad y Control”, civiles en funciones de seguridad pública, se han transformado en agentes represivos, actuando bajo la sombra de la ley y en contra del derecho a la protesta. Esto nos muestra que las clases dominantes siguen buscando maneras de ceder el uso de la violencia del Estado en cuerpos civiles para disfrazar la represión, y en este caso lo vimos directamente hacia la protesta social.
Los acontecimientos del 7 de octubre han puesto de manifiesto la necesidad urgente de un diálogo más profundo sobre el papel de las protestas en nuestra sociedad. Las demandas legítimas de quienes claman por justicia y paz en el mundo no deben ser ahogadas por el miedo o la represión. En un contexto en el que las voces de muchos son silenciadas, la violencia estatal se convierte en un enemigo de la transformación, la paz y la justicia social.
La movilización en favor del pueblo palestino resalta la universalidad de la lucha por la libertad y la justicia. Esta causa nos recuerda que la opresión en cualquier parte del mundo la debemos enfrentar colectivamente y organizarnos es urgente para defender lo que es justo. La historia nos enseña que la lucha insurgente y popular es fundamental para transformar sociedades. Debemos llevar adelante esta batalla hasta sus últimas consecuencias, creando consciencia y solidaridad, porque la justicia no es un privilegio, sino un derecho de los pueblos.
La digna rabia del pueblo colombiano que se movilizó el 7 de octubre no solo se justifica como un medio de presión hacia los industriales que se lucran del genocidio dentro y fuera del país, sino también como un mecanismo de defensa de la protesta contra la represión del Estado que busca amedrentar al pueblo para evitar que se movilice. Los repertorios de la protesta social en Colombia son amplios. Van desde las jornadas culturales hasta las vías de hecho para tener mayor contundencia ante la complicidad de los poderosos con un genocidio. Son las formas que tiene el pueblo para hacerse escuchar y la respuesta del Estado se disfraza bajo nombres como Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) o Gestores Operativos de Seguridad y Control, pero no son más que títulos del Estado liberal para camuflar en el papel su guerra contra el pueblo.
