Por: Alejandro Torres, corresponsal de Antorcha
Desde este 16 de enero, viajar por carretera en Colombia volvió a encarecerse. Mientras el Gobierno anuncia que en 2026 se eliminarán siete peajes en algunas zonas del país, en seis departamentos entran en vigencia nuevos incrementos tarifarios en 15 estaciones administradas por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). El contraste no solo es territorial, sino social: a unos se les alivia la carga, a otros se les profundiza el peso del cobro vial.
El anuncio oficial sobre la eliminación de siete peajes —principalmente en la región Caribe— ha sido presentado como un gesto de alivio para comunidades que durante años denunciaron sobrecostos y falta de beneficios reales. Sin embargo, al mismo tiempo, desde hoy suben las tarifas en peajes clave del centro y occidente del país, reforzando una política vial fragmentada y desigual.
Cada aumento en los peajes tiene un efecto dominó: incrementa los pasajes intermunicipales, encarece el transporte de carga y termina reflejándose en el precio de los alimentos y productos básicos. En un país con alta dependencia del transporte terrestre, el peaje se convierte en un impuesto indirecto que golpea con más fuerza a los sectores populares.
La ANI, entidad del Gobierno encargada de administrar los peajes mediante contratos concesionales, aplica los ajustes tarifarios con base en fórmulas técnicas ligadas a la inflación y a compromisos contractuales con operadores privados. En la práctica, esto prioriza la estabilidad financiera de las concesiones sobre el impacto social del cobro.
Los principales afectados son conductores particulares, transportadores y pequeños comerciantes, que no tienen margen para absorber los incrementos y se ven obligados a trasladarlos al consumidor final. El resultado es una cadena de encarecimiento que profundiza las brechas económicas regionales.
Las nuevas tarifas que entraron en vigencia desde el pasado 16 de enero de 2026 aplican en seis departamentos: Cundinamarca, Antioquia, Meta, Nariño, Boyacá y Santander, en peajes como Pipiral, Machetá, Cisneros y otros corredores estratégicos.
En términos estadísticos, el incremento promedio para 2026 es del 5,1 %, calculado con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025. En comparación, durante 2025 los aumentos fueron menores y más fragmentados, con ajustes promedio cercanos al 4,6 %, debido a la aplicación parcial de inflaciones pendientes de años anteriores.
Esto significa que el aumento de 2026 es más alto que el del año pasado y se siente con mayor fuerza en rutas de alto tránsito. Por ejemplo, en corredores como Pipiral o Cisneros, el alza supera los mil pesos por paso en vehículos livianos, un monto que, acumulado diariamente, representa una carga significativa para quienes dependen de estas vías para trabajar o comerciar.
El malestar frente a los peajes no es nuevo. En 2020 y 2021, amplios sectores sociales protagonizaron movilizaciones y acciones de protesta contra un modelo que consideran injusto y excluyente. Aquellas jornadas lograron instalar en la agenda pública la pregunta de fondo: ¿por qué la infraestructura vial se financia, una y otra vez, con el bolsillo del pueblo?
Desde entonces, medios alternativos y organizaciones populares han insistido en que el problema no es técnico, sino político: un modelo que convierte el derecho a la movilidad en una mercancía.
Como Ejercito de Liberación Nacional hemos hecho valer las denuncias del pueblo, frente a los peajes dando de baja a algunos en departamentos como: Antioquia, Santander y Norte de Santander con el objetivo de presionar al gobierno nacional para que tome medidas que favorezcan al pueblo y al mismo tiempo enviar un mensaje de apoyo a sus luchas.
La eliminación de algunos peajes en 2026 demuestra que el cobro no es inamovible. Pero el aumento simultáneo en otros territorios revela que la política vial sigue respondiendo a intereses contractuales antes que a una visión de justicia social. Frente a este panorama, el debate no puede quedarse en cifras: requiere organización, movilización y presión ciudadana.
El llamado es a que el pueblo colombiano discuta, se informe y se movilice de manera consciente para exigir un modelo de infraestructura que no castigue a quienes ya pagan el costo más alto de la crisis económica. Porque mientras unos peajes caen, otros suben, y el país sigue pagando dos veces por el simple derecho a transitar.
