Por: Elizabeth García y Eliecer López, corresponsales de Antorcha.
En el corazón del ciclo electoral de 2026, Colombia no sólo enfrenta debates sobre fraude y participación política: confronta una violencia estructural que ha cobrado nuevamente la vida de quienes se atreven a organizar sus comunidades. Los líderes sociales —campesinos, comunales, defensores de derechos humanos— continúan siendo el blanco de una violencia letal que el Estado no solo no detiene, sino que, con su omisión, alimenta.
Los datos oficiales y de organismos independientes confirman que Colombia cerró el año 2025 con al menos 187 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados. Esta cifra representa no sólo números, sino personas que defendían tierras, agua, educación, memoria histórica y organización popular viva, amenazada por los intereses de grupos paramilitares y economías ilícitas. Hasta enero de 2026, se habla de al menos 10 líderes sociales asesinados en lo que va del año, en plena precampaña electoral y con graves advertencias desde la sociedad civil sobre el aumento de los riesgos en zonas rurales.
Estas cifras, aunque todavía provisionales por la dinámica de los registros, dejan claro que la violencia política no se detiene con el calendario electoral: se intensifica cuando las estructuras armadas buscan reconfigurar territorialidades y la fuerza estatal falla en la protección de la ciudadanía.
Mientras las cifras de asesinatos recientes alarman, esta continuidad de la violencia no pertenece únicamente al pasado. A comienzos de febrero de 2026, Barrancabermeja volvió a ser escenario de un crimen que sacudió al país: una lideresa comunal y uno de sus hijos fueron asesinados dentro de su vivienda, en un ataque armado que evidenció, una vez más, la extrema vulnerabilidad de quienes ejercen liderazgo social en los territorios. El hecho, ocurrido en pleno contexto preelectoral, reaviva las alertas sobre la persistencia de estructuras armadas y la insuficiente respuesta estatal para garantizar la protección efectiva de las comunidades organizadas.
La resonancia de este caso en 2026 no es casualidad: expresa cómo la violencia estructural y la impunidad han marcado profundas líneas de continuidad en la historia del país. La falta de justicia para las víctimas de Barrancabermeja es parte de un patrón más amplio donde la violencia se normaliza, mientras el Estado diluye responsabilidades y no asume plenamente su papel de garante de la vida.
La persistencia de estos asesinatos y masacres tiene causas profundas. El conflicto armado colombiano no terminó con la «firma del Acuerdo de Paz de 2016»: se ha transformado, fragmentado y, en muchos territorios, reforzado. Disidencias de las antiguas FARC, grupos paramilitares reconfigurados como las AGC o el llamado Clan del Golfo, y otras estructuras criminales disputan el control territorial, las economías ilegales y el acceso a recursos estratégicos.
Esa violencia no cae del cielo: es un producto del abandono estatal, del saqueo de territorios, de la penetración de las mafias en las dinámicas económicas y del silenciamiento de las voces colectivas que buscan transformar sus condiciones de vida. Los líderes sociales no son “personajes aislados”: son expresiones de organización comunitaria, de lucha por la tierra, por la educación, por la justicia. Atacarles es atacar la posibilidad misma de emancipación social.
Desde una mirada crítica y solidaria, es imposible separar estas cifras de la crisis de legitimidad del Estado y de las políticas que han privilegiado la guerra a las causas estructurales de la pobreza y la exclusión. La violencia contra líderes sociales es la manifestación más brutal de la negación sistemática de la democracia real en Colombia. No es “inevitable”. Es resultado de un sistema que protege intereses armados, económicos y políticos por encima de la vida de las comunidades.
No se trata sólo de estadísticas: son vidas arrancadas, comunidades desarticuladas, procesos sociales interrumpidos. La crisis de violencia política es también una crisis de derechos humanos y de memoria. Si la justicia internacional debe intervenir en casos como Barrancabermeja, es porque el Estado colombiano ha fallado de forma repetida en garantizar verdad, justicia y reparación.
Colombia entra en 2026 con guerras no declaradas, con datos que, lejos de descender, muestran cómo la violencia política sigue siendo una herramienta para controlar, amedrentar y fragmentar las movilizaciones populares. Los asesinatos de líderes sociales y las masacres no son hechos aislados ni errores estadísticos: son prácticas de dominación que deben ser confrontadas con organización popular, memoria colectiva y solidaridad internacional.
La vida de cada líder social cuenta. Sus voces, sus luchas y sus sueños no pueden desaparecer bajo cifras ni discursos oficiales. La lucha por la paz verdadera —no la teatral ni la burocrática— exige que estas vidas no sean olvidadas ni reducidas a números en informes oficiales
