Por: Camila Cienfuegos, corresponsal de Antorcha Estéreo.
A las mujeres en Uruguay las están desapareciendo y la justicia ordinaria ni la fuerza pública toman cartas en el asunto. Las organizaciones sociales han denunciado que a raíz de la trata de personas y la explotación sexual, han desaparecido a las mujeres en el país. Sus familias y seres queridos han denunciado y exigido justicia, hasta en algunos casos son las mismas familias y en especial las madres, quienes han realizado la labor de recolección de pruebas para que se abran los procesos judiciales, sin embargo, las autoridades no prestan atención a sus denuncias, pierden las pruebas y los testimonios para abrir los procesos y dejan en la impunidad estas desapariciones.
Las organizaciones sociales también han denunciado que en el 2022 la rama judicial atendió 69 víctimas de las cuales solo 2 casos fueron abiertos para judicializar a los victimarios y en uno de estos casos estaban involucradas 9 mujeres víctimas de la explotación sexual y trata de personas.
A pesar que ha sido algo sistemático, las autoridades no legitiman las denuncias de las familias y mucho menos reconocen la relación directa con la trata de personas y la explotación sexual de las mujeres, pues niegan la relación de la desaparición de mujeres con la trata de personas. Uno de los casos es el de Milagros Cuello, que su madre Nancy Baladán denunció que tres personas explotaban a su hija y la justicia ordinaria no avanzó la investigación, Nancy la madre de la víctima fue quien recolectó las pruebas para que se abriera el caso judicial y como ella hay muchos más casos.
A esto se le suma que no solo hay una explotación sexual de las mujeres sino también infantil, pues se denuncia que por lo menos un senador del Congreso también esté involucrado en un caso de explotación sexual infantil de 10 niños, esto solo demuestra que no solo la la población civil de Uruguay está involucrada en esta situación sino también funcionarios con cargos públicos.
Reconocemos que esta dinámica de explotación sexual y violencia, afecta en gran medida a las mujeres, no solo en Uruguay sino también en otros países como el nuestro. La impunidad de la justicia ordinaria evidencia la falta de atención a problemáticas tan graves que enfrentan las mujeres, no solo el feminicidio sino también la desaparición y la explotación. Las mujeres son doblemente explotadas, y la sociedad, en especial las instituciones de poder, ignoran la situación y no generan políticas que transformen esta realidad.
Se debe apostar a que las políticas de género garanticen igualdad de condiciones para las mujeres en todos los aspectos: participación, justicia, seguridad, trabajo digno, autonomía de sus cuerpos, soberanía alimentaria y mucho más. En especial, se deben construir políticas que garanticen los derechos de las mujeres empobrecidas, pues las mujeres de la clase popular son las mayormente afectadas.
Como ELN seguiremos apostando para que en la construcción de cambios estructurales en la sociedad se garanticen los derechos de las mujeres… estudiantes, madres, guerrilleras… en todos las esferas de la sociedad, tanto en lo público como privado, porque reconocemos que lo personal es político y que los cambios que requiere la sociedad para que la situación de las mujeres se transforme requerirá de un compromiso colectivo que busque la igualdad de género.
