Editorial Revista Insurrección N° 1028
Comando Central (COCE)
El Presidente Petro sabe que el uso de narcoparamilitares y mafiosos, como estrategia contrainsurgente de los gringos, es doctrina de vieja aplicación en América Latina, y que tal alianza carcome a las Fuerzas Armadas estatales.
No solo el ELN, también diferentes organizaciones de Derechos Humanos, liderazgos sociales, la academia y hasta la propia Defensoría del Pueblo, le hemos insistido al Presidente Petro, por casi tres años, que su idea de otorgar reconocimiento político a estructuras paramilitares y mafiosas, para fragmentarlas y dividirlas después, no conduce a su desmovilización, ni a la reducción de la guerra; por el contrario, ha conducido a agudizar la tragedia humanitaria del país.
La causa del problema del presidente, sigue siendo su lectura equivocada del conflicto colombiano. Desconociendo la continuidad de un conflicto armado interno con causas profundas y estructurales, que aún están lejos de transformarse, el presidente insiste en su tesis de las guerras regionales por el control de economías ilícitas.
Las disputas regionales existen, pero no se pueden analizar al margen de la existencia del conflicto armado interno y sus causas; mucho menos, pretender que fraccionando grupos armados, para negociar con cada uno y por separado, va a ir logrando pequeñas paces territoriales, cuya sumatoria sea su publicitada Paz Total. Se equivoca, el resultado de dividir la guerra, ha sido su multiplicación.
Antes de enero de 2023, el Estado Mayor Central (EMC) no existía; las disidencias de las Farc eran estructuras dispersas y disgregadas en algunas regiones del territorio nacional, que solo se coordinaban para realizar negocios de la mafia. No tenían coordinación política ni mandos nacionales. Esto se los permitió el presidente Petro. Hasta el nombre del “Estado Mayor Central”, fue tomando forma en la mesa de negociaciones con el gobierno, pues en meses y semanas pasaron de ser “las verdaderas Farc”, a ser “las Farc aún en armas” hasta llegar al EMC.
Este lavado de imagen ocurrió gracias a la mesa de negociación con el actual gobierno, que les facilitó reunirse a los supuestos comandantes, que en otras condiciones ni se coordinaban. El apoyo fue tal, que su fortalecimiento hubiera sido imposible sin la “cumbre de comandantes” que les permitió hacer el gobierno, en febrero de 2024, para la que incluso liberaron a varios integrantes que estaban en las cárceles.
El país conoce lo que pasó después. Como ´mal paga el diablo a quien bien le sirve’, un año después, la banda Dagoberto Ramos arreció despiadadamente contra las comunidades indígenas del norte del Cauca y asesinó a la mayora Carmelina Yule. Acción tras la que, el gobierno suspendió el cese el fuego de forma regional en el suroccidente. El cálculo del gobierno fue el mismo, dividir. Así dio paso a la creación de la disidencia de la disidencia, que la bautizó luego como “Estado Mayor de Bloques y Frentes”. Reincidió el gobierno, y le otorgó reconocimiento político y una nueva mesa de negociación.
El pacto de no agresión y de protección a estas bandas por parte del Estado, lo vimos concretarse en el Catatumbo. Gracias a estos buenos oficios del Estado, la banda del 33 se fortaleció durante el 2024, pese a las denuncias de las organizaciones sociales, a las advertencias del ELN y a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Bastante responsabilidad le cabe a este gobierno, sobre la situación desatada en esta región desde inicios de este año.
Así, de tumbo en tumbo, llegamos al escándalo de la semana pasada. Más allá del show preelectoral que pretende montar Noticias Caracol, lo que vemos no es nada nuevo. Particularmente en el Catatumbo, el país lo supo y el ELN lo denunció, se puso en práctica esta alianza entre militares, funcionarios del gobierno y bandas narcoparamilitares.
No hay que olvidar la extracción de los jefes del 33 en helicópteros de las Fuerzas Armadas, o la orden de Otty Patiño para esconder a alias mocho Olmedo en un apartamento en Bogotá, o la idea de resguardarlos en una Zona de Ubicación Temporal.
Pero no solo ocurre en el Catatumbo; durante los últimos años se han conocido numerosos casos de militares y policías, que venden armamento e información a estas bandas; incluso, hace un año la noticia era que militares trasladaban a sus integrantes desde el Cauca hasta Arauca y hasta ‘les gastaban cerveza’.
Una cosa queda clara con los refritos de la prensa. Este gobierno ha propiciado y facilitado todo este despelote, mientras niega el carácter insurgente y revolucionario del ELN, única organización rebelde que se ha mantenido en defensa de los territorios y comunidades, confrontando a militares y paramilitares, que, como sigue quedando claro, la misma cosa son.
