Terminó el año 2017, en el cual sin niguna verguenza afloraron y se profundizaron graves hechos de corrupción en casi todas las instituciones del Estado colombiano. Este mal sistemático ha dejado grandes cantidades de dinero en los bolsillos de parlamentarios, magistrados de las cortes, jueces, gobernantes regionales y locales, y hasta en campañas presidenciales. Más triste aún, es que a la par de que esto sucede, millones de colombianos pobres sufren las consecuencias al ser restringida la inversión en los planes y programas sociales de educación, salud, suministro de agua, electrificación y otros.
Según datos de la propia Fiscalía colombiana y la Sijin, hasta noviembre pasado se habían capturado mas de 300 funcionarios del Estado activos y retirados de diferentes niveles, a los que se suman mas de 90 civiles que hacen parte de esa red de corrupción. Se trata de estructuras que han realizado desde robos a las arcas municipales hasta carteles de abogados que con magistrados, jueces y funcionarios del Inpec favorecen a los delincuentes, alertando, archivando procesos, recibiendo porcentajes por contratos de megaobras como los de Odebrech; los sobreprecios y demoras en proyectos claves como el tunel de la Línea, Reficar, Navelena, etc.
Es indudable que éste es un problema estructural, de la sustancia ética y la moral de quienes dirigen los destinos del país y la Nación. El beneficio común, el interés general y la vocación de servicio, no están en sus motivaciones para hacer política y ejercer funciones como servidores públicos tal como lo señala la constitución colombiana y los principios políticos universales. Por el contrario, los anima el lucro individual sin límites, los intereses por saquear las arcas del Estado y el desprecio por los pobres y sus organizaciones sociales. Esto se ha comprobado a lo largo de una historia de mas de 200 años de dominio de una élite que ha estado al servicio de los mas poderosos del mundo, entregando nuestras riquezas y regalandonos un futuro incierto.
Estos son temas de mucha trascendencia que aparecen de manera reiterativa e hipócrita en los discursos de los distintos candidatos que aspiran el año entrante al parlamento y a la presidencia de Colombia. Ahora la narrativa de esos supuestos líderes políticos, es que ni ellos ni sus partidos tuvieron que ver con semejante corrupción en todos los niveles, y descaradamente se presentan formulando propuestas falsas para resolverla. No obstante, la gente ve y sabe en ellos a los culpables de la corrupción. El clientelismo, las prebendas, el chantaje y la compra de conciencias siguen siendo las formas y los mecanismos que atraen y aglutinan a los agrupamientos que mantienen el poder político en el país. Por eso es importante comprender que las facciones de clase que aparecen en pugna, realmente comparten un consenso estratégico y que los matices y divergencias que muestran en sus discursos, son solo de forma. Aúnque no se puede negar que también afloran sus crisis de liderazgo para dirigir un proyecto de Nación de largo plazo.
Para el año 2018 es un reto para la izquierda colombiana y para los movimientos sociales y políticos organizar todos los esfuerzos por hacer lo correcto. Promover la acción cotidiana de la gente que construye lo realmente nuevo; abrirle paso a las economías colaborativas y ambientalistas; impulsar la acción política transformadora para cambiar nuestras vidas desde los auto-gobiernos. Es necesario acabar la polarización entre sectores alternativos y derrotar la corrupción político-administrativa, sacando a los corruptos clientelares de los gobiernos y espacios legislativos (Senado-Cámara), pero también recreando y reconstruyendo al movimiento social.
Desde el EJERCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL y desde las ciudades de Colombia principalmente, llamamos a castigar a los políticos de siempre. Es urgente la conformación de un agrupamiento político de diversas tendencias, que tenga como principal preocupación el bienestar de los colombianos a traves de la ejecución de los planes y programas que los beneficie. Pero para ésto, habrá que capturar los organos de poder que permitan la participación en la elaboración de dichos planes, al tiempo que se moviliza en las calles en claro ejercicio de poder popular.
