Por: Manuel Gaitán, corresponsal de Antorcha.
En Bogotá, se profundiza el modelo excluyente y «periferizador» como forma hegemónica de construcción de ciudad. Desde el gobierno de Galán, se evidencia un incremento en las cifras de inseguridad y de pobreza, producto de una ciudad que está hecha para reproducir el capital y no para la gente; una ciudad que ha segregado socioespacialmente y lo sigue haciendo bajo la dinámica de la gentrificación, la especulación financiera y el capital inmobiliario.
Es por ello que es una necesidad para el gobierno de Galán insistir en la securitización de la ciudad, en donde se criminaliza todo aquello que no esté enmarcado en los proyectos de acumulación, que incomode o impida su realización. Se delega la gestión de la seguridad en manos de agentes que, como hemos visto, se han dedicado a generar miedo y terror en los territorios, siendo la policía cómplice de las bandas criminales mientras se lucra de sus rentas ilegales y sirve de apoyo logístico-militar a sus intereses.
Podemos identificar cómo se ha intensificado la dinámica del microtráfico en los barrios populares, el control de bandas de delincuencia común que ayudan a justificar la presencia policial y se convierten en una fuente de ingreso para la policía en los territorios. De igual forma, grandes empresas criminales del delito aumentan el control territorial sobre los barrios excluidos y periféricos de la ciudad.
Ante la incompetencia de Galán y la agudización de las contradicciones, nace una nueva propuesta institucional: darle un sustento político a grupos de autodefensa o paramilitares al servicio del Estado. Los «guardianes del orden», grupo conformado por exmilitares, ex policías y contratistas, servirán de apoyo a la policía en sus tareas de «seguridad», reviviendo la discusión de los años 90 sobre las Convivir y la «ayuda ciudadana en tareas policiales». Esto quiere decir: fortalecimiento e institucionalización de grupos de seguridad sin tener claro sus funciones, alcances y visión.
Es así como la oligarquía colombiana y capitalina ha intentado darle dinámica y control territorial a grupos y gestionar su política de seguridad. Es un riesgo nuevamente para las organizaciones populares y sociales, en un ambiente preelectoral, en una coyuntura en que las organizaciones sociales se van a disputar los consejos de juventud, en un momento de algidez social. Esta propuesta parece, más que un control de seguridad, una nueva paramilitarización de la ciudad, buscando poner en jaque y criminalizar las propuestas organizativas, los colectivos de barrio, los jóvenes y todo lo que se salga del status quo.
Se aumenta la militarización de la vida ante las contradicciones mismas de la ciudad, de la injusticia, de la pobreza y la falta de oportunidades. Es así como las granadas en el barrio San Bernardo, las ollas y la inseguridad en Patio Bonito, en María Paz, en Ciudad Bolívar, en Usme, se va garantizando un control estratégico por parte de las bandas de delincuencia común. Los frentes de seguridad siguen siendo la estrategia desde donde los civiles se convierten en ayudantes de la policía ante la incapacidad estatal de darle una salida integral a la inseguridad.
Insistimos en la desmilitarización de la vida, en las apuestas colectivas de ciudad, en la construcción de tejido colectivo y comunitario. Rechazamos todo intento de fortalecer el paramilitarismo en los barrios. La percepción de inseguridad ha aumentado al 87%; los homicidios y desapariciones, en un 20%; índices que se corroboran cuando se cruzan con el aumento de la pobreza extrema, del desempleo y la informalidad laboral.
Bogotá no puede estar condenada al abuso policial, a los paramilitares y al control territorial de las bandas criminales. El abuso de la fuerza sigue siendo el pan de cada día en la periferia. Como pueblo, lucharemos por impedir la nueva ola de paras en los territorios populares, lucharemos por impedir el control de la vida cotidiana, lucharemos contra el miedo comunitario por los panfletos de las Águilas Negras o del Bloque de Galán. Insistimos en la construcción de ciudades para la vida digna, donde se agencien los problemas estructurales y no se criminalice a la juventud. Invitamos a fortalecer la insurgencia popular, a construir dinámicas de poder popular y luchar por el derecho a la ciudad, a denunciar la persecución policial y, sobre todo, a la movilización para construir ciudades para la gente y no para el capital.
