Por: Sergio Guevara, corresponsal de Antorcha.
Un derecho suspendido
En Buenaventura, más de 40 000 niñas, niños y adolescentes de colegios públicos llevan más de una semana sin recibir la comida del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Lo que debería ser un derecho garantizado se convirtió en una ausencia que pesa en cada salón de clases. El PAE no solo alimenta, también sostiene la permanencia escolar en un territorio atravesado por el hambre y la desigualdad. Su suspensión es una muestra más de cómo el Estado falla en lo básico, condenando a la niñez a aprender con el estómago vacío.
Según la Contraloría General, el gobierno nacional destinó este año cerca de 30 000 millones de pesos para el PAE en Buenaventura. Sin embargo, el dinero apenas alcanza para cubrir una parte del calendario escolar. Faltan alrededor de 13 000 millones para que el programa funcione hasta diciembre. Ante ese déficit, las raciones dejaron de entregarse y miles de estudiantes quedaron en el limbo.
La comunidad ha hecho llamados urgentes al Ministerio de Educación, a la Unidad Administrativa del PAE y a la Alcaldía Distrital para resolver la crisis. El secretario de Etnoeducación de Buenaventura, Joaquín Orobio Bastidas, incluso tuvo que viajar a Bogotá a “mendigar” los recursos. Mientras tanto, en los colegios no hay almuerzos ni refrigerios, y los estudiantes siguen asistiendo con hambre a jornadas completas. Según la fuente, el número de afectados se estima en mas de 43.000 reflejando la magnitud del problema, especialmente si se incluyen zonas rurales y urbanas.
La contradicción del “cambio”
Aquí no hablamos solo de presupuestos. Lo que está en juego es la vida digna de miles de niñas y niños que dependen del PAE para garantizar al menos una comida completa al día. Que en un gobierno que se autodenomina del “cambio” los estudiantes deban aguantar hambre es una contradicción inaceptable.
El PAE no es una dádiva, es un derecho conquistado por las comunidades y un compromiso del Estado con la niñez. Suspenderlo es una forma de violencia institucional, porque impide estudiar en condiciones mínimas y perpetúa el círculo de la pobreza. En un territorio como Buenaventura, históricamente golpeado por el abandono estatal y la desigualdad estructural, esta negligencia es aún más cruel.
Desde una perspectiva crítica, lo que vemos es cómo el aparato estatal reproduce la injusticia: discursos grandilocuentes sobre transformación social mientras en la práctica se condena a los niños de la periferia a seguir sobreviviendo en condiciones indignas. El hambre se convierte en la cara más clara de la contradicción entre la retórica política y la realidad de las comunidades.
El hambre no espera
El Gobierno y las instituciones responsables no pueden seguir administrando la crisis como si se tratara de un trámite. La alimentación escolar debe garantizarse desde el primer día de clases, no interrumpirse cada vez que falta presupuesto o voluntad política.
Los estudiantes de Buenaventura no pueden seguir siendo víctimas del abandono ni depender de viajes a Bogotá para que se resuelva lo elemental: que puedan comer. Si en Colombia se quiere hablar en serio de cambio, hay que empezar por lo básico: ningún niño o niña puede estudiar con hambre.
El hambre no espera, y la paciencia del pueblo tampoco. Buenaventura exige respuestas inmediatas y de fondo. Lo contrario es aceptar que el futuro de miles de jóvenes se pierda por la negligencia de quienes deberían garantizar sus derechos.
