Por: Orlando Cienfuegos y Alí Santos, corresponsales de Antorcha Estéreo.
El pasado miércoles 14 de mayo, el Senado de la República de Colombia rechazó la consulta popular, impulsada por el hablantinoso presidente Gustavo Petro, que buscaba preguntar a la sociedad sobre las iniciativas de reformas sociales, reformas como la del trabajo, la salud, la pensión, etc, que desde el inicio de su gobierno fueron mandatadas por la mayoría de los colombianos, pero que este presidente no ha sido capaz de lograr. Por tanto, presentó al mismo congreso que le rechazó las reformas, una Consulta Popular que hacia la pregunta que todos los colombianos ya respondieron con del estallido social y con la elección de Petro a la presidencia; Que SÍ, que el pueblo quiere revolucionar o en su defecto reformar el estado de cosas en Colombia, que quiere cambios en todos los ámbitos, en la política de Salud, de Trabajo, de las Pensiones, de la Educación, en la Economía, en todo.
¿Qué le respondió el congreso a Petro sobre esta petición? Le respondió igual que sobre todas las reformas que éste ha presentado, Que NO. Nada extraño para los que estamos pendientes de la res pública – cosa política en nuestra maltratada Colombia. El senado, siempre servil a la oligarquía, tomó la decisión de negar la opinión del pueblo a través de la consulta popular. El senado se negó porque sabe que el pueblo quiere cambios, reformas, revoluciones, en síntesis, transformaciones, las cuales la oligarquía colombiana no esta dispuesta a aceptar. En medio de un show politiquero y que da pena ajena, 49 senadores votaron en contra de la consulta popular y 47 a favor. Terminada la sesión, el presidente nuevamente salio a vociferar, criticando la decisión que él sabía iba a tomar el senado, calificándola como “fraude”, para así, justificar un llamado a la movilización de la gente humilde que todavía le cree.
En gracia de ampliar la discusión, reflexionemos qué pasaría si la consulta popular hubiera recibido la aprobación del senado, ¿se daría un cambio positivo para el país? ¿cambiaría acaso algo? La respuesta es No, por dos razones. La primera es que la consulta popular es una figura de participación que no es vinculante, es decir, su respuesta no de obligatorio cumplimiento para el Estado, pues se trata de pedir una opinión, la cual pasa a ser interpretada o tergiversada por las instituciones, quienes hacen lo que quieran con esta opinión, acatarla o como es lo más probable, descartarla.
Jurídicamente, la Consulta Popular aparece en el artículo 103 de la Constitución Política, junto con otros mecanismos de participación tales como el voto, el referendo, el plebiscito, la iniciativa legislativa o normativa, la revocatoria del mandato y el cabildo abierto. La Consulta Popular, como parte de la pantomima de la democracia liberal – burguesa, es definida por la Registraduría Nacional del Estado Civil como “el mecanismo de participación mediante el cual se eleva una pregunta de carácter general sobre un tema de trascendencia nacional, departamental, distrital, municipal o local es sometida por los ciudadanos o por el presidente de la república, gobernador o alcalde (según sea el caso) a consideración del pueblo para que este se pronuncie en las urnas”
Sobre esta, en un análisis hecho desde el portal web Legis Ámbito Jurídico por el abogado y profesor universitario Gonzalo Ramírez Claves, se respondió a la pregunta ¿Qué se puede adelantar o modificar a través de una consulta popular?, concluyendo que “las consultas populares no modifican nada por sí solas. De lo que se trata es de conocer la opinión de los ciudadanos sobre un asunto relevante a nivel nacional o territorial, para que, de este modo, a través de las corporaciones públicas, por ejemplo, el Congreso, las asambleas departamentales o los concejos municipales se pueda tomar una decisión al respecto.”
Profundizando en el tema, el periódico Universitario de la Universidad Nacional de Colombia, reseña que expertos del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales De Justicia coinciden en que, aunque en el plano nacional la consulta no ha sido vinculante, en lo que refiere a lo territorial, la Ley 136 de 1994 reza que “cuando el desarrollo de proyectos de naturaleza turística, minera o de otro tipo, amenace con crear un cambio significativo en el uso del suelo, que dé lugar a una transformación en las actividades tradicionales de un municipio, se deberá realizar una consulta popular”
Los enunciados anteriores dejan claro que la Consulta Popular no es de carácter vinculante en el plano nacional, así como que su respuesta (la opinión del pueblo) pasa a una institución del Estado para ser interpretada. Supongamos que la consulta aprobada en el senado y la gente responde en las urnas que quiere una reforma en el tema de la salud o del trabajo. Esta opinión volvería al senado de la república, donde están los plutócratas que gobiernan este país, y elaboran una reforma que como la Ley 100 de 1993 presentada por Uribe, que privatizó la salud en Colombia, pasando de ser un derecho garantizado por el Estado, a un servicio al que solo acceden los que tenga dinero para pagarlo. Que el senado de Colombia haga una reforma no es garantía de nada, por el contrario, muchas veces es una amenaza.
De esta pantomima democrática, no podemos concluir otra cosa que los verdaderos cambios en el país solo se darán gracias a una revolución socialista liderada por la clase popular, pues de las instituciones burguesas no se puede esperar nada, debido a que ellos están cómodos con su status quo, en sus instituciones y con sus políticas, con su sistema de salud, que para nosotros es la muerte, con su política de trabajo que para nosotros es una política de explotación y miseria, las cuales deben ser derrocadas a partir de la lucha popular y la movilización de la sociedad en las calles, logrando la transformación que la mayoría de los colombianos esperamos, teniendo claro que solo el pueblo salva al pueblo.
