A sólo 3 semanas de posesionado este Gobierno, ya viene mostrando lo que le espera al país con la administración que encabeza el Centro Democrático, Iván Duque y el expresidente Álvaro Uribe.
El Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha anunciado las líneas que regirán la reforma tributaria; ha dicho que rebajará impuestos a los grandes empresarios, so pretexto de “generar más inversión y empleo”; que además ampliará la base tributaria, gravando a quienes reciben más de 1.800.000 pesos mensuales y óigase bien, que extenderá el IVA a todos los productos de la canasta familiar, con lo que se le cobrará el mismo impuesto al más pobre y al más rico. Son los llamados impuestos indirectos que no distinguen entre quienes tienen mucha riqueza y quienes sólo tienen su pobreza.
Frente a los cultivos de uso ilícito, Duque ha anunciado que exclusivizará la política represiva de la erradicación forzosa. Con la aspersión aérea con Glifosfato, estallará una gran conflictividad social, que Duque ha amenazado con darle una respuesta violenta con las fuerzas policiales y militares. Que nadie se ilusione con programas de sustitución a estos cultivos, que le faciliten alternativas económicas a los campesinos. Por el contrario, ha anunciado que seguirá fortaleciendo y acentuando el modelo de los agro negocios, sin dejarle posibilidades a la economía campesina.
Duque con estas políticas agresivas, sigue al pie de la letra las exigencias de los Estados Unidos para la erradicación forzosa e inmediata de estos cultivos Medidas represivas y de fuerza, que han resultado un fracaso para atacar un problema netamente social. Lo central es una política que genere otras alternativas económicas para el campesino, que hacen parte de un replanteamiento a fondo de la fracasada “guerra antidrogas”, que por 4 décadas han impuesto los Estados Unidos.
En cuanto a las garantías para la oposición, es muy grave lo que acaba de acontecer con la negativa a otorgar la personería jurídica al movimiento Colombia Humana que lidera Gustavo Petro, con el que obtuvo el 42 por ciento de la votación en la segunda vuelta presidencial. El júbilo por esta medida que han demostrado los sectores de la derecha, empotrados en las distintas esferas del Estado y del Gobierno, demuestra su tradicional carácter intransigente y de exclusión violenta.
El asesinato de líderes y defensores de Derechos Humanos, registra en lo que va corrido del mes, la cifra de 24 muertos, cuando aún faltan 5 días para que se termine agosto. Lo que mantiene el promedio de un asesinato por día. Frente a este genocidio en curso, el nuevo Presidente ha hecho declaraciones y promesas, que apenas constituyen cortinas de humo, en tanto tales asesinatos no los detienen.
En estos inicios del gobierno de los seguidores del ex presidente Uribe, los procesos de paz permanecen en crisis; que se acelera para lo poco que quedan de los acuerdos firmados con las FARC, los que cada día han seguido modificando e incumpliendo. Pero también la crisis se va haciendo más visible por la resistencia de varios sectores de las FARC, que ante el desconocimiento y los incumplimientos de lo pactado, se están viendo obligados a distanciarse del proceso.
Las clases dominantes, una vez más le está dando la espalda a las opciones de paz. Igual, situación de crisis se presenta en el proceso con el Ejército de Liberación Nacional. El gobierno de Duque intenta desconocer la arquitectura construida sobre un camino de solución política, del que hace parte la Agenda pactada en marzo del 2016.
Pocos días después de la posesión de Duque, decretó el retiro de Colombia de la UNASUR; institución que simboliza y constituye un logro en los intentos de integración continental. Ninguno de los actuales presidentes del resto de países del continente -siendo muchos de ellos de plena derecha-, se había atrevido a tomar esa medida. Esta medida evidencia el alineamiento total del actual Gobierno de Colombia con los planes de guerra de Trump.
Todos estos hechos confirman el sello de derecha extrema neoliberal del presente gobierno, tal como era de prever, dadas las posiciones que en Colombia ha representado y promovido los seguidores del ex presidente Uribe.
Pero del otro lado también hay nuevas realidades. Las que representan los 8 millones que votaron en las pasadas elecciones por una política de paz y de cambio para Colombia. El creciente y cada vez más activo respaldo a la continuidad de los procesos de paz, junto a las iniciativas y posibilidades que emergen en torno a la resistencia, y la movilización por parte de amplios sectores del movimiento social, de las regiones y de las comunidades. Expresiones ciudadanas que demuestran la vitalidad del propósito de “una cultura de paz basada en la resistencia”.
El gobierno no la tiene fácil. Crece la resistencia, hay con quién y cómo dar la pelea para enfrentar sus políticas y avanzar en los próximos años hacia otras opciones de gobierno y hacia nuevos rumbos para el país. Eso es parte de lo nuevo del actual momento. A la vez, distintos sectores políticos alternativos trabajan por la confluencia, para lograr un mejor posicionamiento de la oposición en las elecciones regionales del año venidero.
El mayoritario clamor ciudadano por la paz, los cambios y contra la corrupción que acaba de expresarse en la Consulta anti corrupción, es un fuerte llamado de atención para el Gobierno de Duque y voz de alerta para que toda la sociedad colombiana siga movilizándose en contra los dictados de guerra de Trump y las políticas anti populares de Uribe Vélez.
