Por: Octavia Rebelde, corresponsal de Antorcha.
En febrero de 2021, los y las colombianas conocimos la icónica cifra de 6.402, una cifra dolorosa para un país que ha vivido la guerra durante más de seis décadas. En días recientes, la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) dió a conocer una nueva cifra de ejecuciones extrajudiciales realizadas por las fuerzas gubernamentales: 7.837. Aunque la nueva cifra corresponde a un periodo más amplio que el tomado en cuenta para la cifra anterior, el aumento pone en evidencia algo muy importante: el terrorismo de Estado expresado en prácticas como los asesinatos y la desaparición forzada es un hecho histórico y sistemático en Colombia. Además, aunque en materia de investigación esta cifra evidencia varios avances, aún existen muchos vacíos en materia de justicia para las víctimas que aún esperan.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue creada como ente de justicia transicional en el marco de los acuerdos de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de Juan Manuel Santos en 2016. Desde su creación, la misión de la JEP ha sido contribuir a la verdad, justicia, reparación y no repetición del conflicto; para realizar sus objetivos, esta entidad ha desarrollado una metodología de investigación y de búsqueda de la verdad, así como una manera de operar y de impartir justicia en el marco de la superación del conflicto planteada en el acuerdo de paz. Dentro de los mecanismos desarrollados por la JEP, está la agrupación de modalidades de violencia y hechos victimizantes en Macrocasos. En total, la JEP investiga 11 Macrocasos. Uno de los más mediáticos por el impacto que ha tenido en la sociedad colombiana es el Macrocaso 03 denominado «Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes de Estado», en el que se investigan los mal llamados «falsos positivos». El 17 de julio de 2018 se da apertura al macrocaso y se define priorizar algunas regiones del país para la investigación: Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta. La investigación ha combinado numerosas bases de datos, testimonios de víctimas y de comparecientes, así como investigaciones en terreno. En 2021, previo al Estallido Social, la JEP anunció públicamente una cifra provisional de la cantidad de víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre el año 2002 y 2008: 6.402, cifra que le dio la vuelta a todo el país y con las movilizaciones en el marco del Estallido Social, se convirtió en un símbolo para la exigencia de justicia contra el terrorismo de Estado, y al mismo tiempo uno de las principales razones del movimiento antiuribista que se proliferó entre las multitudes con la pregunta ¿Quién dio la orden?, aludiendo a la responsabilidad de los altos mandos del ejército y del expresidente Álvaro Uribe quien se encontraba en funciones durante el periodo analizado por la JEP.
Hoy, ocho años después de la apertura del Macrocaso, aunque se han librado varias audiencias en donde han comparecido todo tipo de cargos del Ejército Nacional de Colombia, que han sido solicitados por la JEP debido a denuncias directas o a implicaciones indirectas en estos crímenes de lesa humanidad, muy pocos han sido condenados o sancionados en el marco de la justicia transicional. Dentro de las cifras, se encuentran más de 100 miembros de la fuerza pública imputados entre oficiales alto rango como generales y coroneles, de los cuales al menos 70 han reconocido responsabilidad y solo 12 han sido condenados. En los testimonios tanto de comparecientes como de víctimas se ha hecho evidente que no se trata de «manzanas podridas» sino de una política de Estado y un entramado que ha sido intencionalmente ocultado, del que documentos y evidencia importante fue destruida para que no quedara rastro de los crímenes. También ha sido evidente la implicación de Álvaro Uribe y su gabinete presidencial en sus dos periodos, y los testimonios han revelado un modus operandi de las fuerzas armadas que estuvieron al servicio de este gobierno. Entre los elementos importantes se resalta que la mayoría de las víctimas eran jóvenes, habitantes de calle o personas en condición de discapacidad, a quienes se les engañaba con oportunidades laborales o simplemente eran señalados sin pruebas. Durante este tiempo, el hecho se masificó tanto que algunos lo relatan como si se tratara de un torneo deportivo entre batallones del ejército en el que solo importaban las cifras que podían generaban un tipo de beneficio formal o informal, incluso se instaló toda una jerga para referirse a las víctimas. El conocer la verdad, por dolorosa que sea, ha sido importante para las víctimas y para la sociedad en general, pero en materia de justicia, aún quedan muchos vacíos.
La nueva cifra presentada por la JEP (7.837) surge principalmente de la ampliación del periodo de análisis, pues esta vez se tomó desde el año 1990 hasta 2016. Si bien esta nueva cifra parece desenfocar al gobierno uribista, también nos permite pensar sobre varios elementos subyacentes: en primer lugar, que la desaparición forzada bajo esta modalidad es una práctica histórica y sistemática por parte del Estado, no depende de un gobierno o de otro, sino de una política de Estado arraigada y sustentada en la doctrina militar de la fuerza militar colombiana conocida como «legalizaciones»; en segundo lugar, el elemento anterior no le quita importancia a la intensificación intencionada de esta práctica en el marco de la política de Seguridad Nacional impulsada durante el gobierno de Álvaro Uribe; en tercer lugar, tanto la cifra anterior como esta, se mantienen como cifras parciales que pueden variar e ir en aumento a medida que continúe la investigación, teniendo en cuenta las miles de víctimas que no han podido ser propiamente nombradas o denunciadas formalmente, la cantidad de bases de datos perdidas o destruidas, la priorización de regiones realizada por la JEP que ha mantenido al margen la investigación en el resto del país; y en cuarto lugar, si bien es un hecho que esto contribuye al esclarecimiento de la verdad, y en cierta medida ejerce una presión mediática y pública importante para que continúen las investigaciones y más implicados se vean obligados a comparecer, aún estamos muy lejos de obtener justicia por las atrocidades que ha dejado el terrorismo de Estado, y mucho más lejos nos encontramos de la garantía de que esto no se repita.
El movimiento de víctimas que ha peleado incansablemente por obtener justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición aún se encuentra esperando, han pasado ya 10 años desde la creación de la JEP, el único organismo que prometía algo más que lo que había brindado la justicia ordinaria: investigaciones inconclusas y que muchas pasaran a los tribunales militares en donde finalmente no había una conclusión favorable a las víctimas. Hoy, a pesar de las miles de veces en que el nombre de Uribe ha salido en los testimonios, la JEP no ha logrado que éste comparezca como los demás responsables, a pesar de que las víctimas lo saben y lo denuncian. Así como sucede con Uribe pasa también con las vinculaciones a terceros en este caso, y aún cuando han comparecido una cantidad considerable de agentes del Estado, tampoco se ha desentrañado lo más profundo de este entramado, esto es a penas la punta del iceberg. Aún con todo, el problema mayor ni siquiera es ese, sino, ¿quién le puede garantizar al pueblo colombiano que esos horrores no van a volver a cometerse? después de décadas de impunidad, después de miles de denuncias, si no se toca la doctrina militar, si no se toca el terrorismo de Estado, todo puede repetirse, todo puede regresar, todo puede tomar nuevas formas y continuar sucediendo. Es momento de exigir no sólo la verdad, sino de exigir los cambios estructurales que requiere construir una paz verdadera, que garantice al pueblo que la horrible noche va a cesar, que no va a regresar vestida de un uniforme diferente.
