Por: Margarita Giraldo Builes, corresponsal de Antorcha.
Petro asumió la presidencia con un discurso que prometía reformas sociales, justicia económica y una paz duradera. Sin embargo, la realidad es que las reformas propuestas se han quedado en simples promesas vacías. Lo que inicialmente parecía un cambio hacia un modelo más justo ha quedado reducido a una serie de desilusiones y frustraciones para las mayorías empobrecidas del país. Las promesas de paz y justicia social han quedado en el aire, y el gobierno se ha dedicado a negociar con la misma oligarquía que ha mantenido a Colombia en un estado de desigualdad y violencia durante más de 200 años.
La «Paz Total» de Petro no es más que una extensión de las políticas militares que han estado al servicio del imperialismo y de las élites nacionales. En lugar de promover la paz, lo que se está haciendo es aplicar un modelo de guerra total, donde las comunidades son vistas como enemigos internos, y donde el narcoparamilitarismo sigue siendo un aliado del Estado para mantener el control sobre los territorios.
Una de las características más inquietantes del gobierno de Petro es su complicidad con las principales bandas narcotraficantes y paramilitares del país. Las fuerzas de seguridad del Estado, en particular la Policía Nacional y el Ejército, han establecido alianzas macabras con grupos criminales como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y otras organizaciones narcoparamilitares que continúan sembrando el terror en las comunidades rurales y urbanas.
El principal error del gobierno de Petro ha sido su enfoque fragmentado del conflicto armado. En lugar de abordar las causas estructurales de la violencia, ha optado por negociar con diferentes actores de forma separada, lo que no ha hecho más que multiplicar los focos de conflicto y permitir que nuevas estructuras armadas, como las disidencias de las FARC, se reorganicen y fortalezcan.
Este tipo de negociaciones lejos de desmovilizar a los grupos narcoparamilitares, lo que han hecho es legitimarlos y darles una mayor capacidad de acción, lo que contribuye a la perpetuación de la violencia.
Lo que el presidente Petro y su gobierno no han entendido es que la paz no puede alcanzarse mientras las estructuras del narcotráfico y el paramilitarismo sigan siendo funcionales al poder estatal. En lugar de enfrentar estas mafias, el gobierno las ha legalizado, les ha creado «Zonas de Ubicación Temporal, donde los integrantes de estas bandas tendrán órdenes de captura suspendidas mientras participan en procesos de diálogos, esto para dar tránsito a la legalidad, y supuestamente para facilitar el cese al fuego.
Esta jugada que busca darle un nuevo estatus político a los narcotraficantes, es un verdadero lavado de manos a quienes son responsables del genocidio social y del despojo sistemático de tierras en Colombia.
El fracaso de la Paz Total y el escaso compromiso del gobierno de Petro con las transformaciones profundas que exige el pueblo han dejado claro que mientras no se cambie el modelo económico, político y social que ha perpetuado la desigualdad, la violencia y la pobreza, la paz no será más que una ilusión. La lucha sigue y el ELN al igual que otras organizaciones sociales y políticas, no descansará hasta que la verdadera paz, aquella que se construye sobre la justicia social, sea alcanzada.
