Editorial Revista Insurrección N° 946
Comando Central (COCE)
Colombia ingresa por primera vez a la lista de países con inseguridad alimentaria aguda, junto a Guatemala, Haití y Honduras, según la Red Global contra las Crisis Alimentarias (GNAFC). Originada por el modelo económico impuesto al país por el imperialismo norteamericano y la oligarquía colombiana.
En Colombia el hambre es política de Estado, planificada para mantener el régimen político, los privilegios de las élites y las ganancias de las transnacionales; las políticas están diseñadas y aplicadas para favorecer a los poderosos en detrimento de los intereses y derechos de las grandes mayorías. Esto se ha profundizado aún más desde la implementación del neoliberalismo a finales del siglo pasado, con el inicio de las privatizaciones, la financiarización y una nueva división internacional del trabajo, en donde quedamos con el papel de productores de materia prima y con dependencia alimentaria.
El Informe de la GNAFC señala que en Colombia hay 13 millones de personas con inseguridad alimentaria, es decir, más o menos la misma cantidad de habitantes de Suecia y Uruguay juntas; esto contrasta con los 9,7 millones de toneladas de alimentos que se desperdician cada año.
La distribución de la tierra y su uso es un factor determinante en la profundización del hambre, puesto que el 1 por ciento de propietarios tienen el 81 por ciento de la tierra; a esto se le suma el proceso acelerado de la extranjerización de la tierra, numerosas empresas extranjeras son dueñas de más de un millón de hectáreas de las mejores tierras, que destinan a monocultivos para la exportación.
El actual modelo económico ataca de manera abierta a la economía popular y campesina, y a la misma economía nacional debilitando así la capacidad productiva; donde antes había agricultura diversificada ahora existen monocultivos para la exportación, incluso, complejos cenagosos y cuencas hidrográficas donde abundaba la pesca, la cacería y los cultivos estacionarios, ahora son inmensas extensiones de palma aceitera y otros monocultivos. De igual manera, la minería extractivista ha contribuido a aumentar el hambre y la desigualdad social y ambiental; en diferentes regiones del país las transnacionales a través de paramilitares despojan de sus tierras a los campesinos y campesinas; desvían y contaminan las aguas, el aire y el suelo.
En conclusión, el capitalismo en sus diferentes momentos y con sus diferentes caras agrava la desigualdad social, la hambruna y la miseria de la humanidad; su énfasis está en la rentabilidad y la ganancia de unos pocos, sin importarle la suerte de millones de seres humanos.
Colombia debe transitar hacia un modelo económico para la vida, que contemple la democratización de la tierra y frenar su extranjerización, una verdadera soberanía y seguridad alimentaria que garantice alimentos saludables y culturalmente apropiados; se necesita promover la agricultura campesina e indígena, el acceso a nuevas tecnologías sin deterioro de la naturaleza y un sistema productivo encaminado a la superación definitiva del hambre. El asistencialismo y paternalismo agudiza la crisis alimentaria, pues no ataca el mal de raíz, solo es un ‘pañito de agua tibia’.
Teniendo en cuenta que el hambre es un asunto mundial y particularmente regional, se debería impulsar la integración social y económica de América Latina y el Caribe, en donde se desarrollen relaciones comerciales de solidaridad, intercambios de semillas y ayuda mutua; para colocar los bienes comunes, las potencialidades, los conocimientos y sabiduría de los diferentes pueblos al servicio de la gente y la naturaleza.
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