Por: Rosa Beltrán
Por décadas, el accionar paramilitar en todo el territorio colombiano siempre ha hecho énfasis en su presencia y permanencia en las zonas rurales o apartadas del país, haciéndole creer al común de los ciudadanos que son problemas lejanos de la realidad urbana, pero la realidad nos demuestra lo contrario, y más en los últimos años, sobre todo durante y luego del estallido social que tuvo el país. Anteriormente, veíamos cómo el accionar paraestatal hacía parte del territorio rural y no lograba incidir en la misma magnitud en las ciudades.
Sin embargo, desde el estallido social se ha evidenciado cómo se intensifico esto en ciudades como Cali. Acciones como las vividas en el sur de la ciudad, habitada por la comunidad mal llamada ‘gente de bien’, demostró ser una de las ciudades con gran volumen de contrabando y porte de armas, rezagos del narcotráfico, como también con toda la disposición de organizarse para asesinar en “defensa” de la propiedad privada. Ejemplo de ello fueron los sucesos con el ataque, secuestro y asesinato a indígenas en el sur de la ciudad a manos de civiles armados el 29 de mayo del 2021. O la organización de civiles armados que atacaron y torturaron manifestantes el 27 de abril del 2021, paramilitares entre los que se encontraba Andrés Escobar, quien en la actualidad sigue sin enfrentar la justicia ya con dos aplazamientos a su audiencia de imputación de cargos, proceso con el que se busca hacer justicia y en el que se encuentran involucrados otros 4 civiles y 12 policías más.
El paramilitarismo ha sido responsable de 21.044 víctimas entre 1975 y 2015, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. En ciudades como Cali, el paramilitarismo está haciendo presencia con acciones más directas como la masacre a 5 personas -entre ellas, un adulto y una mujer- el 3 de marzo del año pasado, en el sector El Hueco en el barrio Brisas de Mayo. Donde las autoridades han afirmado que al parecer se han instalado ollas de microtráfico en la ciudad y buscan ejercer control dentro de la zona urbana. Estas acciones, se sumaron a una serie de grafitis y letreros del Clan del Golfo en el monumento del Estudiante Caído en Siloé en septiembre del 2022. Además la amenaza constante a líderes sociales del barrio, por la presencia estos grupos paramilitares. Solamente en el marco del estallido social en este punto de resistencia encontramos como víctimas del terrorismo de Estado un total de 159 personas, entre estos se cometieron 18 asesinatos.
Siloé se encuentra en la comuna 20, un amplio sector al occidente de la ciudad, la cual está compuesta por 8 barrios y 3 urbanizaciones. Está caracterizada por una amplia población juvenil (menor de 24 años) la cual llega a alcanzar el 49% del total de habitantes según las ultimas proyecciones hechas por el municipio. Encontramos una comuna con alrededor de 18.000 viviendas, con el estrato 1 como común denominador.
Aunque esta zona de la ciudad es más conocida por tener dentro de sus barrios a Siloé, uno de los más característicos de la ciudad y el más antiguo de esta comuna. A pesar de que se encuentra en el espacio urbano, ha estado aislado de las políticas de integración por parte de los antiguos y actuales gobiernos de la ciudad, sobre todo por su estigmatización sobre la violencia estructural que ha estado presente en este territorio durante décadas, pese a que tiene una gran acumulación poblacional, la oferta laboral, educativa, deportiva y cultural para los jóvenes y habitantes es mínima. Históricamente las políticas de la ciudad han tenido un enfoque en excluir a los sectores mas periféricos de la misma como las laderas y el Jarillón. La presencia del Estado en estos territorios se reduce a una gran cantidad de efectivos policiales que la recorren constantemente con un único fin represivo en confabulación con bandas locales de microtráfico que a la vez se articulan con actores paramilitares de carácter nacional.
Las condiciones permanentes de represión paramilitar en la ciudad ponen en riesgo a la comunidad. Civiles potencialmente paramilitares, que afirman tener cientos de armas que usarían en defensa de la propiedad privada y defensa personal; solo deja claro el aire represivo y el Gobierno local no garantiza mayor seguridad quedándose al margen de esta situación, siendo participe de un terrorismo de Estado que no brinda transformaciones reales para la ciudadanía. Además, a esto se le suman los asesinatos y el abuso de poder de la institucionalidad por medio de la fuerza pública en la ciudad. Son múltiples los asesinatos selectivos por parte de agentes estatales y para estatales en Siloé, que lastimosamente lo ubican como uno de los barrios con mayor conflictividad social no solo de Cali sino que del país.
Las estrategias de control sobre esta población van mas allá de la mera presencia del ejército o sus matones privados disfrazadas de bandas comunes, se camuflan también persiguiendo liderazgos sociales, iniciativas populares y demás. La sistematicidad de la opresión y represión en estas zonas de la ciudad también se manifiesta mediante las escasas posibilidades laborales y académicas de los jóvenes en este sector, la demanda cultural es aplacada por la facilidad de conseguir dinero, convirtiéndose en los sicarios y traficantes de estos grandes grupos que como siempre son regidos por grandes organizaciones paramilitares y están al servicio del mejor postor.
Durante años los esfuerzos de quienes habitan esta zona se han enfocado en poder conseguir un lugar donde puedan vivir con dignidad, mediante jornadas culturales, iniciativas deportivas para jóvenes, organizaciones de memoria histórica del barrio, ejercicios de exigencias, disminución de los índices de violencia; mostrando el sector mediante un boom turístico cambiándole la cara al barrio. Hay mil maneras de mejorar la convivencia del sector, de conseguir lo necesario para poder vivir con garantías de calidad enfrentando las limitaciones que ofrece el Estado, pero ¿qué se puede hacer contra el silencio a punta de pistola y fusil que patrocinan los grupos armados quienes están queriendo controlar estos lugares abandonados por el Estado, y más cuando actúan en complicidad con los activos policiales que participan de estos, ya sea por negocio o por directrices policiales?
En ese sentido, bajo las condiciones que la represión del Estado y la dinámica violenta del paramilitarismo, las comunidades deben organizarse en defensa de su autonomía, derechos humanos y dignidad. En este marco es que nuestro derecho a la rebelión toma un papel fundamental, pues la lucha organizada logrará verdaderas transformaciones, desde los diferentes frentes como el armado, el nuestro.
Mientras en las ciudades siga existiendo una represión estatal y paraestatal, la insurrección popular seguirá siendo el camino.
Ni un paso atrás.
