Por: Sara Duarte, corresponsal de Antorcha Estéreo.
A más de cien días de su detención, 252 migrantes venezolanos permanecen encerrados sin juicio ni cargos en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Se trata de un traslado impulsado por el gobierno de Estados Unidos bajo su política de deportaciones y acuerdos bilaterales que, lejos de respetar los estándares internacionales en materia de derechos humanos, instalan un régimen regional de castigo, represión y control migratorio.
El Presidente de Venezuela, Nicolas Maduro detalló que estos migrantes no cometieron delito alguno ni en EE.UU. ni en El Salvador, y fueron trasladados desde centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hacia territorio salvadoreño, donde fueron recluidos sin derecho a la defensa. “No han tenido ningún tipo de derecho como seres humanos”, denunció.
Aunque la administración salvadoreña sostiene que el centro fue diseñado para “pandilleros peligrosos”, los 252 venezolanos no tienen antecedentes penales ni han sido notificados de acusaciones formales. Simplemente fueron entregados por EE.UU. bajo acuerdos de colaboración migratoria que eluden el derecho internacional y normalizan la externalización del castigo.
Deportaciones sin ley ni justicia
Según cifras del propio gobierno venezolano, más de 6.500 connacionales han sido repatriados en los últimos meses tras permanecer detenidos en centros de ICE, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, en muchos casos sin haber cometido faltas migratorias graves. En este marco, Maduro denunció que el caso de los 252 venezolanos representa un punto extremo en el endurecimiento de las políticas de deportación que impulsa Washington: se trata, según sus palabras, de una “acción deliberada de castigo colectivo y escarmiento público”.
“En un desfile de moda en París, un diseñador se atrevió a simular las imágenes horrorosas de los campos de concentración de Nayib Bukele. Millones lo vieron. Así de fuerte es el impacto del secuestro de estos venezolanos que no tienen derecho a la defensa”, enfatizó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
La política de externalización de fronteras que promueve el imperio Norteamericano encuentra en El Salvador un nuevo laboratorio: un país que ha construido una infraestructura carcelaria sin precedentes y que acepta procesar y castigar migrantes sin procesos judiciales claros, como moneda de cambio en su relación con Washington.
El castigo como doctrina
En El Salvador, la mayoría de las detenciones bajo el régimen de excepción del presidente Nayib Bukele se han realizado sin órdenes judiciales, sin pruebas formales y con reportes generalizados de tortura, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia. Esta política, ya cuestionada por organizaciones internacionales de derechos humanos, se ha vuelto aún más alarmante con la internación de migrantes venezolanos expulsados por Estados Unidos.
La Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos ha documentado más de 3.000 denuncias por detenciones arbitrarias. A su vez, la Universidad Centroamericana (UCA) y otras instituciones han advertido que el sistema judicial salvadoreño ha sido prácticamente neutralizado por el Poder Ejecutivo, impidiendo cualquier revisión legal de los casos.
Que ciudadanos venezolanos estén siendo confinados en ese mismo sistema carcelario, sin cargos judiciales, sin representación legal y sin acceso a asistencia consular, representa una gravísima violación al derecho internacional humanitario. Así lo advirtió el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que ya ha solicitado explicaciones formales tanto a El Salvador como a Estados Unidos.
La política exterior no puede seguir siendo cómplice de cárceles sin ley, deportaciones encubiertas y acuerdos migratorios que pisotean la soberanía de los pueblos. Lo que hoy sucede en El Salvador debe ser investigado, sancionado y reparado. Porque callar ante estas violaciones es avalarlas. Y porque ningún Estado está por encima del derecho a la vida, la libertad y el debido proceso.
