Por: Cristo
FU CGVV
«Es una contradicción hablar de paz, cuando la política minero energética destruye la naturaleza y los recursos estratégicos como el agua y la biodiversidad»
Resulta paradójico y casi bajo el telón de una obra tragi-cómica, que la actual presencia del movimiento social en el marco de la participación en decisiones fundamentales en los territorios, desemboque en el desconocimiento por parte de las élites de gobierno en Colombia. Aunque históricamente el régimen de gobierno siempre ha desconocido las decisiones soberanas de las comunidades, hoy con casos muy particulares y en los cuales la ciudadanía emplea o hace uso de las herramientas que en el marco de una supuesta «constitucionalidad» le otorga; el mismo gobierno nacional bajo sus tentáculos y mañas institucionales, desconoce el libre ejercicio de los ciudadanos en poder determinar los proyectos de vida integral y sobre todo, las decisiones sobre el impacto de abominables iniciativas minero energéticas, que afectan el sentido estratégico de los recursos naturales.
Hoy se presenta un panorama general desde un contexto nacional problemático para la supervivencia humana, que tiene efectos directos sobre la soberanía y seguridad alimentaria en las regiones y con mayor afectación en las zonas de importancia ambiental. Las tres cordilleras que atraviesan el territorio nacional, desde el sur hasta el norte y con despliegue hacia el oriente y occidente, se encuentran en un 80% de su dimensión geográfica disponibles para actividades de exploración, explotación y extracción de minería e hidrocarburos; territorio en los cuales se afectarían 5 paramos, 8 macrocuencas, 16 cuencas hidrográficas, más de 100 afluentes que son las zonas de recarga hídrica de comunidades y con la situación especial, que surten de agua a centros urbanos y demás localidades; sin olvidar que entre los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, se entregaron más de 8.000 concesiones entre minería e hidrocarburos para toda actividad energética en los últimos 10 años.
Bajo este cuestionamiento a las políticas que desarrolla el gobierno nacional, emergen iniciativas de participación social con una característica especial. A pesar que persiste la movilización en la calle y la protesta legítima que reivindica las exigencias de diversos sectores sociales, el movimiento social ha contemplado la posibilidad de hacer uso de algunas herramientas, que si bien se ubican en una esfera institucional, resultan útiles para conducir como alternativa de derecho las inconformidades sociales; siendo estas ubicadas desde la posibilidad de desarrollar propuestas normativas cuya competencia se encuentran en los entes territoriales y otros mecanismos directos como las consultas populares.
Ante la opinión pública estos mecanismos motivan ciertas circunstancias para formular interrogantes sobre el valor de las decisiones de la comunidad. El despertar en 10 municipios que llevaron a cabo las consultar populares para prohibir el desarrollo de actividades mineras, de exploración y explotación de hidrocarburos, han generado que alrededor de otros 80 municipios más se encuentren en proceso de solicitud para realizar estas mismas consultas; asi mismo, en un departamento de la región sur de Colombia, 9 municipios por vía de corporaciones públicas, en las cuales existe una fuerte participación social, desarrollaron un mecanismo normativo cuya competencia le permite a los entes territoriales la protección y regulación del patrimonio ecológico del territorio, lo que ha implicado las disputas de poderes institucionales entre las elites de gobierno central o nacional con los poderes locales institucionales, pero que bajo la emergencia y resistencia del movimiento social fueron posibles el uso de estos mecanismos.
Por un momento imaginemos que una ciudad con 350 mil habitantes, posea una cuenca hidrográfica con 65.000 hectáreas de extensión territorial y además que es la única que abastece de agua a las comunidades. Al igual que sea una despensa agrícola con una importancia estratégica para el futuro y la subsistencia, con una organización social que en el año 2014, bajo la presión de sus habitantes, movilizaron a más de 70 mil personas en contra de la licencia ambiental otorgada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y el permiso de exploración y explotación de petróleo, suministrado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos y que tuvo que ser suspendida por los logros alcanzados desde la sociedad organizada. Hoy esta misma comunidad empieza nuevamente a librar una batalla, dado que el gobierno ha revivido la solicitud de una multinacional petrolera, generando un nivel de incertidumbre en el inminente licenciamiento por parte de estas agencias y ante una apacible, agachada y muda «Autoridad Ambiental Regional» que se confabula con las políticas del Gobierno de Santos y los intereses corporativos del capital extranjero. De darse ello, sigamos imaginando 30 mil hectáreas, es decir, el 50% de la cuenca concesionada para las actividades minero energéticas, estimando los horrores que ocasionarán a los afluentes, humedales, biodiversidad, seguridad y soberanía alimentaria de los campesinos y al deterioro del único río que abastece de recurso hídrico la ciudad.
Es más que oportuno traspalar estas situaciones al actual momento político que atraviesa Colombia. Un país con una crisis de gobernabilidad, donde los procesos sociales desde las regiones reclaman en sus justas causas la necesidad de repensar el modelo económico, social y político que impera; y más aún cuando en el uso de instrumentos de «participación social» como las consultas populares y los marcos normativos de los entes territoriales con legitimidad e iniciativa social, son promulgados por el actual gobierno nacional como no vinculantes para las decisiones trascendentales en los territorios, explorando la necesidad de limitar estos mecanismos para que no alteren el orden económico, ni muchos los intereses de las multinacionales que avasallan los recursos naturales y estratégicos de las regiones.
En una consideración lógica estas manifestaciones de inconformidad, están en el orden del día para la discusión sobre lo que en esencia significa la paz. No podemos estar discutiendo un modelo agrario, una participación política, la situación de las víctimas, cuando se limitan las posibilidades para que el movimiento social y sociedad civil, puedan manifestar sus inconformidades por los lamentables desarrollos del modelo económico en los territorios; es una contradicción hablar de paz, cuando la política minero energética destruye la naturaleza y los recursos estratégicos como el agua y la biodiversidad, no podemos hablar de paz, cuando el gobierno nacional limita la participación social en decisiones fundamentales para el país y mucho menos podemos hablar de paz cuando asesinan y desaparecen a nuestros líderes sociales, de esa manera no hay participación.
