Por: Germán Mosquera, corresponsal de Antorcha Estéreo.
Después de haber sido rechazada en cinco oportunidades, en tiempo récord en el Concejo de Medellín, fue aprobada el proceso de privatización de las acciones de Empresas Públicas de Medellín en Tigo-UNE.
El Concejo de Medellín con 16 votos a favor y 3 en contra aprobó el 21 de agosto, la venta del 50% de participación que tiene las Empresas Públicas de Medellín (EPM) en Tigo-UNE. El concejal del Pacto Histórico José Luis Marín a través de las redes virtuales lo expresaba así: “Se acaba de aprobar en Medellín la privatización de UNE telecomunicaciones, en medio de protestas de la ciudadanía que exigían un debate más amplio, que exigían que esto no se hiciera a las carreras. En medio de la incertidumbre, no hay claridad del uso de los recursos”.
Bajo el argumento del alcalde Federico Gutiérrez de ser una empresa de alta competitividad, que a corto plazo enfrentaría una crisis de cinco billones de pesos, de la era rápida obsolescencia tecnológica de los equipos, sería un alto riesgo para Empresa Públicas de Medellín continuar con la participación de esta empresa de comunicaciones.
La exconcejala María Paulina Aguinaga expresa que desde el 2006 se viene presentando irregularidades con el negocio de las telecomunicaciones en Medellín. En el 2013 se saca un socio estratégico para hacer fracasar la fusión y entra en un proceso progresivo de desmantelamiento y hoy consideran que es el momento de regalarla.
Los directivos de Tigo-UNE aseguraron, que desde el 2016 la empresa empezaba a dar utilidades, pero en realidad hasta el mes de junio del presente año se cuenta con un déficit de 2.7 billones de pesos.
Es sorprendente que a pesar de ser esta empresa de alto riesgo y con problemas de perdidas, los directivos se pagaban por la derecha bonos anuales por más de 25 mil millones de pesos.
Esta empresa, desde sus inicios en el 2014, ha vivido un proceso de desmantelamiento por parte de la clase política corrupta antioqueña y de la empresa transnacional para hacerla poco atractiva y así en ese sentido, regalarla al mejor postor.
En ese sentido, hay que tener en cuenta que la transnacional Millicom, que por regla tendría el trato preferencial para adquirir directamente las acciones de EPM en UNE, al momento de anunciar el concejo la aprobación de la venta de las acciones, Millicom a pesar de ser una empresa de poca rentabilidad, presentaba su propuesta de compra. La transnacional Millicom tenía todo el control de la empresa, pues según el convenio era la encargada de la parte administrativa y operativa y de esa manera dejaron que la empresa perdiera valor, la vendieron en un momento oportuno y la compraran en un valor irrisorio en detrimento del patrimonio del pueblo antioqueño.
En 2022 el Concejo contempló la posibilidad de venderla, entonces se hablaba de venderla por cerca de 3 billones de pesos y hoy se dice que será vendería por 1.6 billones de pesos con el agravante que EPM le inyectó dineros por 300 mil millones de pesos para capitalizarla y se afirma que antes de terminar el presente año tendrá que volver a capitalizarla. Todo esto fue hecho a la medida para el saqueo y corrupción de los recursos que son del pueblo, de parte poder oligárquico corrompido y de las empresas transnacionales.
Parte de ese desmantelamiento de Tigo-UNE fue la venta de activos estratégicos como se evidencia en la venta de las torres eléctricas para después tener que alquilarlas, desvalijando así la empresa de torres de energía. Recordemos que desde el 2017 comenzaron con la venta de las torres, por un valor que al día de hoy corresponde a un detrimento de público de 700 mil millones de pesos. Al final las torres de energía fueron a parar a una empresa en que Millicon era socio. Esta situación actualmente ha sido denunciada por el propio superintendente y secretario de transparencia de la nación.
Otra situación de desmantelamiento de este servicio público de comunicaciones, es que desde su nacimiento se han venido presentando una serie de infracciones laborales, por ejemplo, se hizo una sustitución patronal de 600 trabajadores a un tercero. Hasta la fecha se han despedido más 2.000 trabajadores y peor aún con la venta de las acciones de EPM en Tigo-UNE quedaran en la calle cerca de 3800 trabajadores. ¿Qué va a pasar con estos trabajadores?
Con las acciones de EPM en Tigo-UNE, la ciudadanía que es la dueña de la empresa no se tuvo en cuenta para la venta, se hizo a espalda de la comunidad de Medellín. La ciudad que es la verdadera dueña, no decidió, sí quería vender su patrimonio público o no. El concejo no tenía legitimidad para hacerlo.
Salir a vender la conectividad de las gentes de Medellín sin contar con ella es un acto más de antidemocracia, una corrupción más de los que ostentan el poder y es la violación de este servicio público, que es fundamental y está vinculado a la satisfacción de las necesidades básica y la calidad de vida de la comunidad.
