Los(as) habitantes del oriente colombiano llevan, por lo menos, tres meses conviviendo con la dificultad de tener la principal vía de comunicación terrestre al llano parcialmente cerrada, llenando de complicaciones el diario vivir de millones de personas, cuyas vidas dependen del transito entre Villavicencio y Bogotá. Como ha sido ampliamente difundido los 85, 6 kilometros de este corredor vial tienen alrededor de 137 puntos críticos, en los cuales es habitual la remoción de tierras, los derrumbes y deslizamientos, responsables del cierre definitivo de la vía a mediados de junio del presente año.
Los problemas de la vía al llano no iniciaron este año, lejos de ser novedad, el proceso de construcción, operación y mantenimiento de uno de los más importantes corredores viales del país ha estado en permanente crisis. El 2 de agosto de 1994, tras ser declarada desierta la licitación pública 066-93, el INVIAS, sin convocatoria pública, seleccionó a la Consesionaria Vial de los Andes (Coviandes), propiedad de la Organización Luis Carlos Sarmiento Ángulo, para celebrar el contrato de Concesión 444 de 1994, cuyo alcance incluyó: estudios, diseños definitivos, obras de rehabilitación, de construcción, y la operación y mantenimiento del sector Santa Fe de Bogotá – Cáqueza – km 38 (Tramos 1, 2, 3 y 4), además el mantenimiento y operación del sector km 38 – Villavicencio (Tramos 5y 6), contando con un plazo de 16 años para la ejecución y una inversión de 79 mil millones de pesos. A cambio de la construcción al concesionario se le autorizó el recaudo de los ingresos de tres importantes peajes. (CONPES 3612 del 2009)
La celebración de este contrato inaugura una serie de irregularidades de índole administrativo, ético y político, que van desde la suscripción de 53 acuerdos modificatorios; la adjudicación a Coviandes sin licitación pública del contrato adicional 1 del 22 de enero de 2010; la suscripción de dos Otrosí al primer contrato (2010-2013); la firma de un acta de acuerdo para ajustar el ingreso real esperado del contrato adicional 1 (marzo de 2014); la suscripción el 9 de julio de 2014 con la Concesionaria Vial Andina (Coviandina), también propiedad de Sarmiento Ángulo, del contrato de concesión 005, bajo el esquema de Asociación Público Privada.
El colapso el 15 de enero de 2018 del viaducto ubicado en Chirijara, incluido en el contrato adicional 1, en donde murieron nueve trabajadores; la caída del puente La Pala en el Km 65 el 26 de noviembre de 2018; hasta el cierre definitivo de la vía en junio de 2019, son la punta visible de un Iceberg de corrupción y manejo inadecuado de recursos públicos, sobre lo cuál ningún medio hegemónico habla. (Fuente: Razón Pública; La vía al Llano es la mina de oro de Sarmiento Ángulo).
Rastrear este suceso de la vida nacional permite hacernos una gráfica del irrespeto, el desprecio y el poco valor que nos tiene la clase dirigente a los y las colombianas. Queda caricaturizada la «bondad» de la Nueva Gestión Pública, que a inicios de los noventa el Fondo Monetario Internacional iba imponiéndole a los países destinados al despojo y al saqueo. La tridente Estado-Empresa Privada-Sociedad tiene en esta historia el reflejo de su mezquindad, pues ella está hecha al acomodo de la Empresa, que nunca es abstracta: tiene nombres, familias, apellidos y abolengos.
¿Qué gobierno puede ofrecer dignidad cuando lo público está al servicio del enriquecimiento de familias como la de Luis Carlos Sarmiento Ángulo?. ¿Qué esperanza tenemos los y las colombianas sí la solución mágica de los «eficientes» administradores del Estado colombiano, ante la «falta» de recursos para inversión pública, está en las Alianzas Público Privadas, pero ellas sólo pueden ser posibles si resultan atractivas a los privados?. Atractivas, es decir, generen márgenes altísimos de ganancia, donde el privado nunca pierde; o acaso, dónde están las declaraciones del señor Sarmiento Ángulo contándole a los colombianos cuánto ha perdido con la crisis a la que ha sometido a casi todo el oriente colombiano?
Claro, éste no es sólo un asunto de Sarmiento Ángulo y su Grupo Empresarial, es algo que involucra a toda una visión del Estado, una concepción de Gobierno y la relación entre lo público y lo privado. Es bastante cómico -trágico- escuchar a los ministros del gobierno Duque echarle culpas al anterior gobierno por suscribir el Contrato de Concesión 005 en las condiciones en que se firmó, sin incluir la atención de los 137 puntos críticos que hoy tienen la vía cerrada.
En su “eficiente” concepción del gobierno, dice Duque, no hubieran firmado tal despropósito. Se les olvida que en la administración de Álvaro Uribe se terminó de estructurar la política de infraestructura vial que privilegia la entrega a los privados de los contratos por los cuales se pretendía modernizar el trasporte terrestre en el país, con el “Programa para el Desarrollo de Concesiones de Autopistas 2006-2014″ (Conpes 3413 de 2006), en el cual «se declaró de importancia estratégica un programa de concesiones que incluía el desarrollo de once corredores viales», dentro de los cuales se incluían La Ruta del Sol.
Justificando la ampliación del proyecto Autopista Bogota-Villavicencio, el Gobierno Uribe, en un acto de «sinceridad», muy propio de esta clase dirigente, en el Conpes 3612 de 2009 reconoce los problemas de la vía al llano, resumidos en los cierres prolongados a causa de los deslizamientos de las laderas del corredor vial, para lo cual el Ministerio de Transporte y el Inco (hoy ANI), plantearon como solución la construcción de viaductos, túneles y la ampliación a una doble calzada a través de la adición y prorroga del contrato de concesión (contrato entregado a Sarmiento como se mencionó anteriormente).
Aunque a muchos parezca exagerado relacionar a Marx con todo esto, en el Manifiesto del Partido Comunista, diciendo, palabras más palabras menos que: el Estado no es más que la junta de administración de los negocios de los privados, esto se corrobora totalmente. Ejemplo de esto es que el actual ministro de hacienda Alberto Carrasquilla, fue miembro de la junta directiva del Banco Bogotá (propiedad de Sarmiento Ángulo) y Fernando Carrillo, actual procurador, hacia parte de la plantilla del grupo Aval (también de don Sarmiento), sin hablar del Ex Fiscal y sus asesorías legales a la familia Sarmiento Ángulo en el caso Odebrecht.
Es un asunto ético rebelarse ante una Clase Dirigente que administra el Estado a conveniencia de los negocios de los privados. Cómo no ejercer la más tajante indignación con el gobierno de facto del Grupo Empresarial Luis Carlos Sarmiento Ángulo, cuyos asesores deben tener oficina en cada una de las carteras de gobierno, pues sus multimillonarios proyectos van desde el agro hasta las comunicaciones, pasando por la hotelería, la construcción, la energía y el transporte? (Fuente: Razón Pública: La Organización Luis Carlos Sarmiento Ángulo: ¿el verdadero Estado colombiano?)
Situaciones como la de la Vía al Llano, deberían conducir a un alzamiento generalizado de los y las colombianas, pero en el arte de contener la rabia del pueblo la clase dirigente ha especializado modos: los agentes de sus negocios combinan profesiones, unas veces son abogados y economistas -como los que negocian los contratos de concesión-, otras veces francotiradores y genocidas -como los que asesinan liderezas sociales-; sus herramientas varían de lápices, calculadoras y constituciones, a fusiles y motosierras.
Los años noventa tuvieron como protagonista a un pueblo indignado y organizado ante las reformas neoliberales; el correlato de la clase dirigente fue la Unificación de los Ejércitos Paramilitares que llenaron de sangre nuestro mapa de dolores. La clase dirigente nos debe a los colombianos una centenaria pregunta ¿HASTA CUÁNDO?
Por: Ramón Gaitán.
