Por: Antony Beltrán, corresponsal de Antorcha.
Medellín no olvida. Cada barrio, cada calle, cada montaña guarda los nombres de quienes fueron arrancados de sus hogares, de sus familias, de sus vidas. Cuatro mil personas desaparecidas esperan ser encontradas, sus cuerpos y sus historias sepultadas por décadas de silencio y complicidad. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Alcaldía anuncian que comenzarán a buscarlas. No es un gesto simbólico, es un acto de confrontación con el horror que durante años se disfrazó de normalidad.
Los números no son abstracciones: 4.168 desaparecidos en Medellín, 25.794 en Antioquia, más de 132.000 en todo el país. Cada cifra es un cuerpo que la guerra quiso borrar, un hogar que sigue vacío, un dolor que no cesa. La búsqueda no será fácil. No bastan informes ni discursos. Requiere trabajo constante, recursos, voluntad política y la vigilancia del pueblo. Hay vidas en juego y hay historia por rescatar.
Medellín fue laboratorio del terror. Operativos militares, paramilitares y complicidad institucional convirtieron los barrios populares en escenarios de exterminio. Bajo el pretexto de “seguridad”, jóvenes, trabajadores y estudiantes desaparecieron sin dejar rastro. La ciudad sigue marcada por La Escombrera, por los cementerios clandestinos, por la ausencia que nunca se llenará con palabras vacías. La memoria exige acción, no disculpas.
El convenio que se implementará puede abrir grietas en la impunidad, pero solo si el Estado cumple con su deber. La información existe; los responsables están identificables; el terror y el silencio han sido cómplices de la desaparición. La búsqueda será real cuando se entienda que no es un trámite, sino un compromiso moral y político: devolverle la vida a los desaparecidos es devolverle dignidad al país entero.
La desaparición forzada no fue un error ni un accidente. Fue política, estrategia, arma de control. Arrancaron del tejido social a quienes cuestionaban, a quienes luchaban, a quienes soñaban con otra ciudad, otro país. Cada cuerpo recuperado es una derrota de la impunidad, cada nombre restituido es un golpe contra la historia que intentó borrarlos. Buscar a los desaparecidos es rebelarse contra un sistema que sobrevive del miedo y del olvido.
El Memorial Identidades Ausentes no puede ser un espacio decorativo. Debe ser un grito permanente, un recordatorio que incomode al poder, que enseñe que los desaparecidos existen, que sus historias cuentan, que su memoria no se negocia. Cada osario, cada placa, cada nombre, debe ser una advertencia: la injusticia no permanecerá oculta.
Medellín tiene ahora la oportunidad de transformar su dolor en verdad, y su miedo en acción. Pero esto no dependerá de los despachos ni de los protocolos burocráticos: dependerá del pueblo, de las familias, de los colectivos, de todos los que se niegan a aceptar que la desaparición sea normal. La memoria exige vigilancia, justicia, compromiso colectivo.
La desaparición forzada sigue viva en Colombia. Líderes sociales, defensores del territorio, jóvenes de barrios pobres desaparecen hoy bajo nuevas formas de violencia. Buscar a los desaparecidos de ayer es proteger a los que podrían ser los de mañana. Cada cuerpo hallado, cada nombre restituido, es un golpe directo contra la impunidad y contra un sistema que se alimenta del silencio.
Y que quede claro para el país y el mundo: buscar a los desaparecidos no es un acto de caridad, es un deber de justicia. No es un gesto simbólico, es resistencia. Cada cuerpo hallado es la verdad rescatada del terror, cada nombre devuelto es una victoria de la memoria sobre el olvido. Medellín y Colombia tienen una deuda con los vivos y con los muertos. Mientras los desaparecidos no aparezcan, este país seguirá desaparecido de sí mismo. Y el mundo debe verlo.
