La problemática de movilidad urbana en Cali
Por: Ramón Restrepo, corresponsal de Antorcha Estéreo.
Es curiosa la fijación que tiene Alejandro Eder con los funcionarios que provienen del Ministerio de Defensa, tanto el Secretario de Seguridad y Justicia como el Secretario de Movilidad hicieron parte de la nómina de esta cartera, entonces, puede uno preguntarse ¿por qué para una cartera que tiene que ver con el transporte y la movilidad eligen un politólogo que desempeña su ejercicio profesional en temas como el orden, la seguridad y la defensa? Quizá podamos responder la pregunta si recordamos el lema de batalla del alcalde de los ingenios «recuperar el orden y la dignidad de la ciudad, para llevar la autoridad a las calles». Eder pretende recuperar el orden en la ciudad y desde ese enfoque implementar una política de movilidad acorde, pero ¿de qué se trata esta política de movilidad, quiénes son los beneficiados y quiénes los afectados?
Al igual que en otras ciudades de Colombia y de Latinoamérica, la problemática de movilidad urbana se pretendió solucionar a partir del modelo de Sistemas Integrados de Transporte Masivo, que en el caso particular se expresa en el Masivo Integrado de Occidente, un sistema deficiente y que hoy se encuentra quebrado. Este modelo es defendido a capa y espada por un ex-alcalde con supuestos estudios superiores en planificación urbana, pero en Bogotá el Transmilenio constituye un infierno para los miles de usuarios diarios. Entonces, decir que el transporte público formal funciona de forma eficiente en las ciudades es querer tapar el sol con un dedo; no obstante los estudios de caso que dan cuenta de esta realidad, muchos alcaldes, como el de Cali, siguen tirando toda la carne al asador en favor de este modelo, que debe transportar diariamente casi 2.5 millones de personas, de las cuales la gran mayoría están insatisfechas con dicho servicio.
Esta modalidad conocida también como «Bus Rapid Transit» nació deforme, desde sus inicios se anunciaba su colapso, ya que la operación del sistema estaba determinada por el recaudo que dejarían los usuarios, pero tras cortos años de funcionamiento se dieron cuenta que esta forma de financiamiento era inviable, pero los asesores de imagen de estas infames políticas públicas hoy apuntan como principal responsable del deficiente servicio al estallido social de 2021, porque los vándalos se ensañaron con la infraestructura de un servicio que era maravilloso antes de ese suceso, un pensamiento que sólo cabe en la cabeza de quién nunca se ha movilizado en el MIO, ya que desde antes de tener cédula ya contaban con automóvil propio.
La columna vertebral del transporte urbano no da abasto como se expresó anteriormente, lo que ha propiciado un aumento en el uso del vehículo particular. El crecimiento de las ciudades que se da en razón del crecimiento de la población, explica el aumento desmedido en el uso del vehículo particular, pero la insatisfacción por el servicio prestado también ha llevado a que la gente se endeude para acceder a un vehículo particular; la realidad anterior involucra otro factor que es la reglamentación y la documentación necesaria para circular por las vías, reglamentación y documentación que si no se tiene da lugar a las famosas multas. Tras agravarse la situación de movilidad surgieron iniciativas informales, que hoy en día se mantienen en conflicto con las autoridades de tránsito, un ejemplo de ello son los piratas que por lo general se ven por la Simón Bolívar o la Autopista suroriental, o los jeepetos que son característicos de las zonas de ladera.
A grandes rasgos se enunciaron tres causas de la problemática de movilidad actual, a saber: el colapso del Sistema Integrado de Transporte Masivo, el aumento desorbitado de los vehículos particulares y los efectos del transporte informal, lo que se puede resumir en falta de planeación, pero también, de manera descarnada es preciso decir, que las ciudades no están diseñadas para que la gente viva bien, se transporte bien, coma bien, la ciudad está pensada para los negocios de los grupos de poder económico de la región, de los cuales el alcalde actual es un excelente representante.
El protocolo de intervención de la alcaldía para mitigar la problemática de movilidad se basa en el fortalecimiento de los agentes de tránsito y la policía de tránsito, en la instalación de fotomultas y cámaras de seguridad en los semáforos, en la persecución al transporte informal y en seguir inyectando recursos a un modelo de movilidad urbana que es caduco y no solventa nada, palabras más palabras menos, control, vigilancia y orden, eso es lo que le propone Eder a la ciudadanía con el PIMU (Plan Integrado de Movilidad Urbana), el plan con el que la Secretaria de Movilidad busca dar soluciones. Sin mucho análisis, lo que predomina son las medidas punitivas y no un enfoque social para abordar la problemática, para mejorar la movilidad Eder le habla a la ciudadanía en lenguaje de multas onerosas que pueden desencadenar en inmovilizaciones del vehículo, lo que para un trabajador corriente significaría un dolor de cabeza y una pronta capacidad de gestión para que no le incrementen los costos tras el procedimiento punitivo.
A fines de 2024 e inicios de 2025 fue muy común ver caleñas y caleños subidos en las grúas donde estaban sus motos, tratando de bajarlas a cómo de lugar y en franco enfrentamiento con la autoridad de tránsito, la situación caótica de movilidad está generando ingobernabilidad y esto es algo que no le conviene al alcalde, pero si saca a los agentes de tránsito a reprimir a la gente de los sectores marginados con frecuencia, muchas más asonadas se presentarán contra estos funcionarios.
La cereza del pastel de este conflicto urbano está dada por tres cosas: una malla vial paupérrima, una policía corrupta que se extralimita en sus funciones y reemplaza a la autoridad de tránsito para poner multas y la intención consignada en el PIMU de utilizar la IA (Inteligencia Artificial) para tener más control de puntos congestionados y para «garantizar la seguridad vial», todo esto a partir de módulos de vídeo con tecnología de punta; transcurridos tres meses del año en curso, los embotellamientos en las vías de la ciudad, las multas que crecen de forma exponencial y los operativos abusivos de los guardas de tránsito continúan; Eder se pinta como tecnócrata pero en realidad es de la misma ralea de los que proponen mano dura a diestra y siniestra, el conjunto de la población que pasa penurias al movilizarse de un punto a otro de la ciudad no tiene un lugar en las políticas publicas de la alcaldía, en esos documentos que «solucionarán» las afecciones de la ciudad tienen lugar privilegiado el control, la vigilancia y el orden. En una noticia de el Diario de Occidente aparecía este resultado de las medidas adoptadas «En solo tres días de operativos especiales, se realizaron 1.200 procedimientos que resultaron en la inmovilización de 300 vehículos.» (Diario de Occidente, 2024) A parte del caos que le toca soportar a quienes se movilizan en Cali, les toca soportar la represión de la autoridad de tránsito que no está en favor de los afectados sino, por lo general, andan buscando cumplir con la «cuota de multas».
Cali es como un volcán dormido que en cualquier momento puede hacer erupción, ya se ha demostrado con credenciales en las calles, el estado de la problemática de movilidad urbana sólo anticipa nuevos escenarios de conflictos, las asonadas contra los agentes de tránsito son un indicador de lo anterior, el enfoque de la fotomulta cuando el caos en la movilidad es ocasionado por múltiples factores hace que el peso de la ley caiga en el ciudadano/a, mientras que los tomadores de decisiones andan pensando en imponer orden para que sus negocios fluyan sin obstáculos. En tiempo largo hay desquite, ya el conjunto de los sectores populares podrá zafarse de ese discurso que asevera que el orden es igual a la garantía de derechos. Si el MIO fuera tan querido por los habitantes de la ciudad, no resultarían quemados sus buses cada que estalla el descontento.
