Editorial Revista Insurrección N° 1023
Comando Central (COCE)
La sentencia de segunda instancia concluye que el expresidente Uribe no es culpable, pero la mayoría del país sabe que sí lo es, y que debe haber justicia para las millones de víctimas que él agredió, estas exigen un derecho, no claman venganza.
Hace 9 años al hacer el acuerdo de paz que acabó con la guerrilla de las Farc, se las ingeniaron para que la justicia transicional pactada, no tocara a los máximos responsables, entre ellos, este expresidente; ahora, con esta sentencia lo arropan con otro manto más de impunidad.
Hay que recordar que en el debate nacional sobre la paz, años atrás este expresidente le exigía a la guerrilla que se arrepintieran de todo lo que habían hecho como rebeldes, pero de un momento a otro, dejó de hacer esta exigencia, ¿por qué?
Es muy posible que el expresidente dejó de exigir arrepentimiento a los guerrilleros, porque él mismo no tiene la voluntad de arrepentirse de las agresiones, que ha hecho a lo largo de toda su vida.
Con esta sentencia absolutoria, intentan legalizar una inocencia que no es cierta, justificando que él no debe arrepentirse de los delitos cometidos, ni rectificar, ni hacer reparaciones, y le dejan la ‘puerta abierta’ para que reincida y repita las agresiones que ha hecho.
Al ser declarado inocente, ocultan la verdad de décadas de guerra interna, sobre la que máximos responsables como Uribe, no asumen responsabilidad, relegando la justicia transicional a que la apliquen solamente a algunos agentes, pertenecientes a los escalones más bajos de la jerarquía estatal.
Si victimarios como este expresidente no asumen la responsabilidad que tienen en la conducción de esta prolongada guerra interna, sería un empujón más el que las clases dominantes les dan a los derechos de las víctimas, para arrojarlos al ‘basurero de la historia’; donde perecerían derechos universales fundamentales, como la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Uribe y sus seguidores, no solamente son audaces en engendrar mantos de impunidad, sino que avanzan en crear sus Frentes de Seguridad, que en este mes se han lucido intimidando con bates de béisbol a los manifestantes que protestaban en Medellín, contra el Genocidio al pueblo palestino; y atacando las marchas de campesinos e indígenas que denunciaban el crecimiento de las agresiones paramilitares, en todos los rincones de Colombia.
El panorama es retador, puesto que, si la oligarquía asegura que es inocente y no asume responsabilidad por lo que hace, al tiempo que organiza a sus seguidores, para junto a la maquinaria represiva estatal, aumentar la persecución de los liderazgos populares, lo que anuncian en sus lemas electorales, como “más seguridad”, no es otra cosa que un escalamiento del conflicto interno.
Otra vez las clases dominantes ofrecen a Colombia, una nueva temporada de su fracasada pacificación, cuando lo que demandan el pueblo y la nación colombiana es un Acuerdo Nacional, que le abra el camino al desarrollo de una paz con justicia social, democracia y soberanía.
