Por: Lenin Santos, corresponsal de Antorcha.
La reciente decisión del gobierno estadounidense, anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio, de desplegar tropas en el mar Caribe para combatir el narcotráfico, con la venia del ministro de defensa colombiano, el general Pedro Sánchez, constituye un nuevo capítulo del viejo guion imperialista que disfrazado de lucha contra el crimen organizado, perpetúa el control geopolítico y militarización de Estados Unidos en América Latina.
Rubio, vocero de la ultraderecha estadounidense, intenta justificar la militarización del Caribe bajo la excusa de la “seguridad nacional de los Estados Unidos”, un argumento reciclado desde los tiempos de la Doctrina Monroe, usado para intervenir en cualquier rincón del continente que se resista a los intereses de Washington. Su ataque contra el gobierno venezolano, al calificarlo sin pruebas judiciales internacionales como una “organización criminal”, revela el verdadero propósito: la agresión sistemática contra los procesos soberanos y antiimperialistas de la región.
Pedro Sánchez, al avalar este despliegue militar, no actúa como un defensor de la soberanía colombiana, sino como un facilitador de la injerencia extranjera. Su referencia a la cooperación histórica con EE.UU. y la supuesta efectividad de estas acciones en la lucha antidrogas ignora, de forma deliberada, que Colombia lleva décadas siendo laboratorio de esa estrategia fracasada. Pese a miles de millones de dólares invertidos, la producción de cocaína no ha disminuido estructuralmente, mientras se multiplican la violencia, el desplazamiento forzado y la corrupción en las fuerzas armadas.
El silencio del presidente Gustavo Petro es, cuando menos, desconcertante. Como jefe de Estado de un gobierno que se autodefine como “del cambio”, su falta de pronunciamiento ante una acción que compromete la soberanía territorial y reproduce la lógica de subordinación a EE.UU. es inadmisible. Petro ha denunciado en escenarios internacionales los fracasos de la guerra contra las drogas, pero ahora, frente a una decisión que profundiza ese enfoque, opta por el mutismo. ¿Acaso teme el costo político de enfrentarse abiertamente al Pentágono? ¿O simplemente ha comenzado a moderar su postura para no incomodar a los centros de poder global?
Frente a esta realidad, es imperativo que los pueblos latinoamericanos y sus organizaciones populares levanten su voz. La verdadera solución al narcotráfico no vendrá de portaaviones ni de helicópteros Black Hawk sobrevolando nuestras aguas y selvas. La verdadera solución al narcotráfico no vendrá de la legalización ni de la regulación de las drogas como proponen ciertos sectores. La alternativa revolucionaria debe concentrarse en un cambio estructural en las economías rurales y urbanas, donde el campesinado deje de depender de la siembra de coca y empiece a enfocarse a la agricultura, la sustitución de cultivos con soberanía campesina, la industrialización nacional de economías rurales, y sobre todo, en la ruptura con el modelo capitalista que convierte la droga en mercancía globalizada.
América Latina necesita una política antidrogas soberana, humanista y anticapitalista, que coloque en el centro al campesinado, la justicia social y la auto determinación de los pueblos. Solo una transformación estructural, dirigida por una vanguardia revolucionaria y sostenida en el poder popular, podrá acabar con las causas profundas del narcotráfico: la pobreza, el abandono estatal y la dependencia económica impuesta por el imperialismo.
