Una amenaza de 30 años para las comunidades
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Por: Maria José Giraldo Builes

¿Qué son los Frentes de Seguridad y de dónde vienen?

Los frentes de seguridad que viene impulsando con fuerza la Policía Nacional, nuevamente con el apoyo de las actuales administraciones departamentales, municipales y distritales no es un hecho novedoso. Desde el año 1995 se crean los Frentes de Seguridad Local a partir de la directiva permanente 14 de la Policía Nacional que las define como «Organizaciones cívicas voluntarias, de carácter comunitario lideradas por la policía nacional […] en zonas urbanas y rurales construyendo una cultura de seguridad basada en la participación ciudadana». Esta experiencia nace del Programa Nacional de Vigilancia implementada en Estados Unidos en los años 60 por la Asociación Nacional de Alguaciles (Según el manual del vecindario de la National Neigborhood Watch), como una estrategia para prevenir el «crimen» y «vandalismo» principalmente en los barrios donde antes había comunidades negras o migrantes y ahora se convertían en planificaciones urbanísticas pensadas para familias de la emergente clase media con características raciales y valores específicos. Ejemplo de esto es el caso del barrio Boyle Heigths en Los Ángeles considerado enclave latino y con afectaciones por pandillas que resultan siendo atractivos para promotores inmobiliarios y nuevas poblaciones con capacidad de pagar (Los Ángeles Times, 2017).

Este apoyo y gestión de grupos vecinales que se presentan como protectores de sus barrios y ciudades, ha estado desde el inicio acompasado por un claro sesgo racista y clasista, enmarcando esto en la defensa de la propiedad privada por encima de la vida y priorizando el uso de la violencia y de medidas punitivas en detrimento de los procesos colectivos, comunitarios y pedagógicos para la resolución de conflictos. En nuestro país, la aplicación de estos modelos importados han estado asociados directamente al nacimiento y constitución de grupos paramilitares, que en las ciudades conocemos más a detalle hace décadas como grupos de limpieza social y que operaron ante los ojos expectantes y el aval de una parte de la sociedad y, por lo tanto, se valieron de figuras legales e institucionalizadas para funcionar de manera formal como las expresiones de paramilitarismo en las ciudades colombianas, por ejemplo con base en el artículo 42 del decreto 356 de 1994 que autoriza la creación de las Convivir.

¿Por qué hoy están de moda los Frentes de Seguridad?

En este sentido la propuesta de «vigilancia cívica» o frentes de seguridad no solo está en el marco de la política de seguridad de la Policía Nacional sino que es una de las tantas estrategias del Estado para mantenerse y sobreponerse, pues usa la figura del «ciudadano/a» como un agente activo presto para el control y la erradicación no solo de lo que pueda considerar delincuencia, sino también de toda aquella expresión de autodeterminación territorial y comunitaria que pueda existir en esferas locales y vecinales. La estrategia de frentes de seguridad se refuerza por políticas de las administraciones departamentales o municipales, por ejemplo en Antioquia, donde a partir de la propuesta «Finca Más Segura» han implementado este tipo de grupos. Inicialmente surgió para la subregión del suroeste antioqueño (Contexto ganadero, 2022) con el objetivo de que los grandes terratenientes dedicados al negocio del café se organizaran para enfrentar los «riesgos» de seguridad en las épocas de cosecha del café, pero dicha estrategia se ha ido expandiendo a otras subregiones como el oriente antioqueño con objetivos de control, vigilancia e información sobre posibles «amenazas» en el territorio (Mi Oriente, 2024).

La constitución de estos llamados frentes de seguridad en algunas de las principales ciudades ya toman diversos nombres como Frentes de Seguridad Locales, Frentes de Seguridad Ciudadanos, Frentes de Seguridad Empresarial, Frentes de Seguridad Comercial, entre otros. Uno de los pilares que soporta este modelo de securitización y disciplinamiento social, es el rol de los medios de comunicación al cumplir a modo de voceros de las élites económicas y políticas del país, realizan un despliegue mediático extravagante sobre hechos que aluden a ataques a la propiedad privada de la clase rica y acomodada, como el robo de un vehículo en zonas de alto prestigio como Chapinero o el Chicó para que nominalmente se de cuenta de un crecimiento exponencial en los índices de inseguridad y a partir de ello enarbolar una narrativa a favor de la efectividad y eficacia de estas estructuras, así como una estimulación a su reproducción.

¿Y quiénes lo promueven?

En el 2025 se cumplen 30 años de la directiva permanente 14 de la Policía Nacional por la cual se formalizan los frentes de seguridad, sin embargo solo resuenan con mayor eco por el impulso que le dan los gobiernos departamentales, municipales y distritales en la última década, quienes consignaron esta intención de fortalecerlos en los planes de desarrollo, es el caso de Andrés Julián Rendón en Antioquia, Luis Carlos Galán en Bogotá, Carlos Pinedo en Santa Marta, entre otros que públicamente han defendido esta intención, incluso ordenando que la ciudadanía pague por estos como en el caso de Antioquia con el cobro de tarifa de seguridad en los servicios públicos. Ante esto, la respuesta del Gobierno Nacional en cabeza de Gustavo Petro y del entonces Ministro de Defensa Iván Velásquez, fue un rechazo meramente discursivo, pues aunque hubo una aparente contundencia en su oposición a estas figuras por ser las que posibilitaron la existencia de las Convivir y otras expresiones de seguridad cívica que hoy persisten como fachada del paramilitarismo actual para continuar con el control social (Verdad Abierta, 2013), no hubo ninguna acción contundente por parte de este gobierno para desmontar dicha figura. Nuevamente esto es para no perder de vista que lo referente a la seguridad siempre serán lógicas y políticas de Estado demandadas por los intereses de un diseño imperialista, independientemente de quien presida el ejecutivo. Según el registro en Datos Abiertos (2024) solo en Antioquia hay más de 36.000 personas vinculadas a los frentes de seguridad ciudadana adscritos a la Policía Nacional, sin contar los subregistros de las personas vinculadas a programas de este tipo como «Finca más segura» por ejemplo.

¿Qué nos queda entonces?

Contrario a lo que se esperaba de un gobierno que enarboló las banderas del cambio, Gustavo Petro ahora demuestra el poco margen de gobernabilidad que posee y lo cedido ante el establecimiento que garantiza la continuación del régimen. Esto se evidencia en el libre desarrollo y cero cuestionamiento de la doctrina Damasco, la negación del paramilitarismo como un fenómeno y política de seguridad de Estado y el cambio de enfoque en las políticas para la negociación con estructuras criminales en donde ahora obtienen tratamiento y status político. Lo anterior queda develado cuando el ministro Velásquez públicamente rechaza los frentes de seguridad, mientras la policía fomenta su creación.

Todas y todos perdimos de vista este método de agenciar civiles para la seguridad urbana y del territorio como una forma de reforzar la presencia y control del paramilitarismo y del Estado, aportándole a la consolidación de modelos fascistas perfectos, imperceptibles para la mayoría y funcionales a las élites económicas y políticas.

Referencias

– Asociación Nacional de Alguaciles de Policía de EEUU. Manual del vecindario, Programa Nacional de Vigilancia del Vecindario.

– Contexto ganadero. (2022). Así funcionará en Antioquia `Finca Más Segura’.

– Decreto 356 de 1994. Por el cual se expide el estatuto de vigilancia y seguridad privada. Febrero 11.

– Dirección de Seguridad Ciudadana. (2024). Frentes de seguridad Policía Nacional. [Datos Abiertos].

– Estado de Colombia. (s/f). Frentes de seguridad. Policía Nacional de Colombia.

– Los Ángeles Times. (2017). Gentrificación en un barrio latino de Los Ángeles.

– Mi Oriente. (2024). En Guarne y Santo Domingo iniciará la estrategia `Finca Más Segura’con grupos de apoyo ciudadano.

– Verdad Abierta. (2013). Las convivir y la omisión que fortaleció a los paramilitares.


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