Por: Orlando Cienfuegos, corresponsal de Antorcha Estéreo.
La condena contra Álvaro Uribe Vélez, dictada el pasado 1 de agosto, marca un hecho inédito en la historia del país: por primera vez un expresidente de la República es sentenciado penalmente. La jueza Sandra Heredia lo halló culpable por fraude procesal y soborno a testigos, delitos que, aunque graves, apenas rozan la superficie de la responsabilidad histórica que carga quien durante décadas dirigió, alentó y encubrió el proyecto paramilitar y contrainsurgente más violento que ha padecido Colombia desde el Frente Nacional.
La sentencia —doce años de prisión domiciliaria, una multa millonaria y ocho años de inhabilidad política— ha sido celebrada por sectores democráticos y el movimientos de víctimas. Y no es para menos: después de años de impunidad, por fin una instancia judicial rompe el blindaje institucional que lo protegía. Sin embargo, no debemos caer en triunfalismos. Uribe se lleva una pena mínima frente a la magnitud de los crímenes políticos, sociales y humanos que ha promovido desde que escaló al poder.
Un fallo que deja al descubierto al verdadero determinador
El caso por el que fue condenado es apenas una pieza menor dentro de un entramado mucho más amplio: el macrocaso de la creación y expansión de grupos paramilitares, especialmente en Antioquia. El testigo clave, Juan Guillermo Monsalve, denunció que en la finca Guacharacas —propiedad de la familia Uribe— operó uno de los núcleos fundacionales del Bloque Metro. En lugar de afrontar estas acusaciones, el matarife emprendió una estrategia de desprestigio, persecución y compra de testigos. Ahí nació el delito.
La jueza fue tajante: consideró “extraño y misterioso” que personas cercanas a Uribe —como su abogado Diego Cadena, ya condenado— insistieran en ayudar a Monsalve si cambiaba su versión. Todo indica que el autodenominado “abogánster” Cadena fue el brazo operativo, pero Uribe el determinador intelectual. Aun así, el jefe recibe menos castigo que su ejecutor. Esa lógica invertida de justicia ha sido constante en su carrera.
El patrón de impunidad: DAS, Yidispolítica, parapolítica, etc.
No es este el primer episodio donde Uribe resulta beneficiado por el silencio institucional. En el escándalo del DAS, mientras funcionarios como María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno fueron condenados por las chuzadas, él —su jefe directo— nunca fue procesado. Lo mismo ocurrió con la Yidispolítica: congresistas encarcelados por recibir prebendas a cambio de votar la reelección, pero el gran beneficiario, Uribe, quedó intacto.
En la parapolítica, decenas de parlamentarios uribistas fueron condenados por pactos con los paramilitares. Las investigaciones lo rodearon, pero siempre se detuvieron antes de tocarlo. Hoy, con la condena por manipulación de testigos, se rompe el velo protector de la impunidad, a través de una justicia ha llegado tarde, a medias y con guantes de seda.
El rastro de sangre que no ha sido juzgado
Aún están impunes los falsos positivos: más de 6.402 jóvenes ejecutados extrajudicialmente durante su gobierno para inflar las cifras de éxito militar. No hay sanción por los desplazamientos masivos generados por el Plan Colombia y las operaciones conjuntas con paramilitares en zonas como Urabá, el sur del César o el Magdalena Medio. Nadie ha respondido por la Operación Orión, donde cientos de personas desaparecieron tras incursiones conjuntas entre “fuerza pública” y paramlitares en la Comuna 13 de Medellín.
Tampoco hay procesos firmes por los asesinatos de defensores de derechos humanos como Jesús María Valle, ni por la persecución sistemática a la oposición desde el aparato estatal. Uribe no solo fue presidente: fue arquitecto de un modelo de guerra despiadado e integral contra el pueblo, desde el Estado y el para-estado.
Una condena justa, pero insuficiente
Aunque la condena contra el “culibajito” es un triunfo parcial, marca un precedente jurídico, una advertencia para las élites, y una reivindicación para quienes han sido silenciados. Pero también es un recordatorio de que la justicia sigue siendo selectiva, lenta y funcional al poder. La casa por cárcel a Uribe es un castigo simbólico, que apenas comienza a desmontar décadas de encubrimiento.
Colombia le debe mucho más a las víctimas: a las madres de desaparecidos, a los desplazados por la guerra sucia, a los sindicalistas asesinados, a los jóvenes asesinados mal llamados Falsos Positivos. Uribe les debe verdad, justicia y reparación. Esta condena, por mínima que sea, demuestra que los muros de la impunidad pueden agrietarse. Ahora, el reto está en seguir empujando hasta que caigan por completo.
