Editorial Revista Insurrección N° 1025
Comando Central (COCE)
A pesar de los reconocimientos, declaraciones y pedidos de perdón por parte del Estado colombiano, el holocausto del Palacio de Justicia en 1985, sigue siendo un hito histórico de los crímenes de guerra cometidos por el Estado.
40 años después, todavía la élite gobernante impone una gran impunidad, tratando de esconder y negar aristas de aquella tragedia.
Para superar la impunidad, acercarse a una real verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición por parte del Estado, así como extraer lecciones de una situación tan grave como la del Palacio de Justicia, hay que desenmarañar y evidenciar toda la verdad. Más allá de la farsa de los largos procesos de investigación y acusaciones por los crímenes de Estado, perpetrados por militares en la operación de retoma, hay otros elementos que hacen parte de esa verdad y que deben conocerse y revisarse.
Uno. Cuando la guerrilla del M-19 ejecutó la acción, en la que se tomaron las instalaciones del Palacio de Justicia, planteó una negociación. Es decir, se ejecutó una acción de presión, para plantear un escenario en el que se debatieran realidades y situaciones del contexto político de ese momento. Ya lo habían hecho años atrás con la acción de la Embajada de República Dominicana, pero contrario a lo acontecido en esa acción, en la toma del Palacio de Justicia el régimen negó la negociación, no optó por una salida negociada y respondió con el desarrollo de una operación militar desproporcionada, en la que buscó el aniquilamiento de todas las personas que estaban dentro del Palacio.
Dos. Como ha sido desde hace 8 décadas, la Doctrina de seguridad, la dirección y las órdenes a las Fuerzas Militares colombianas las da el gobierno de los Estados Unidos. Dicha obediencia y sumisión a los dictámenes norteamericanos, venían bien aceitados y adoctrinados desde el gobierno de Turbay Ayala (1978-1982). Por lo cual, ante la situación generada en el Palacio, la decisión de los militares fue acatar las órdenes de EEUU y desconocer al presidente Betancur (1982-1986), que había ordenado detener la operación militar; por el contrario, la continuaron buscando el saldo que todos conocemos. En un escenario de búsqueda de verdad, lo hecho por los militares bajo el mando de los EEUU, fue dar un golpe militar contra un presidente civil.
Tres. La narrativa que el régimen ha querido imponer frente a los hechos del Palacio de Justicia, se ubica en la idea del exceso, de una “respuesta necesaria que se salió de control”, donde el principal culpable es el M-19, por haber generado la situación de una operación militar de aniquilamiento que se desbordó. Una narrativa falsa que esconde otros intereses que se priorizaron.
Cuatro. Los EEUU y la oligarquía colombiana aprovecharon las acciones del Palacio de Justicia para deshacerse, dar de baja, a los magistrados demócratas de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos, el presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía. Algunos de ellos fueron ejecutados dentro del Palacio, otros en las instalaciones de la inteligencia militar.
El magistrado, Alfonso Reyes Echandía, alertaba por tesis como esta: “Aunque en Latinoamérica, constitucional y políticamente el ejército tiene como misión defender la independencia y soberanía nacionales, a partir del triunfo de la Revolución cubana comenzó a abrirse paso la tesis de que el enemigo de la soberanía ya no provenía del exterior, sino que estaba arraigado en el interior del Estado”.
Por esto, EEUU y la oligarquía utilizaron y aprovecharon la toma del Palacio para resetear la justicia e impedir visiones demócratas dentro de esta rama del Estado, creando un remedo de justicia, que ha permitido y sostenido los mayores registros de impunidad y permitiendo que incluso los mayores criminales lleguen a ser presidentes.
40 años después de estas acciones, algunas cosas han cambiado, pero la mayoría no. El régimen de costumbres genocidas y las imposiciones de los EEUU se mantienen, sosteniendo un narco Estado con unas Fuerzas Armadas mafiosas y paramilitares.
Aún siguen investigaciones en curso y algunos militares han sido condenados por los hechos del Palacio de Justicia. Sin embargo, aún están pendientes las responsabilidades por los crímenes de lesa humanidad, al asesinar, torturar y desaparecer civiles, entre ellos los magistrados de la Corte. Así mismo, está pendiente la asunción de responsabilidades por el golpe militar y quienes lo ordenaron. Y por los que desconocieron un escenario de negociación, porque ya tenían la orden de asesinar.
Con desfachatez, los extremistas de derecha hoy plantean escenarios de indulto a los militares, llamando al Perdón Total, como parte del silenciamiento y olvido de estos interrogantes aún sin resolver, por los cuales no solo se deben condenar a algunos militares de rango medio.
En aquel momento de 1985, el M-19 planteó la toma del Palacio de Justicia, con el objetivo de exigir que la Corte Suprema de Justicia hiciera un juicio político al presidente Betancur, por el incumplimiento de los acuerdos firmados un año atrás, en una mesa de diálogo.
¿Qué dirá Petro hoy de esto?
