Editorial Revista Insurrección N° 948
Comando Central (COCE)
El asesinato de líderes y lideresas populares en Colombia a manos de los paramilitares en connivencia con las Fuerzas Militares y de Policía, aplica la Doctrina de Seguridad del régimen, para perseguir a quienes promueven la equidad y una sociedad más justa.
Tal persecución y eliminación de quienes buscan cambios democráticos, continúa en un Gobierno progresista que tiene como lema ‘Colombia potencia de la vida’. Estos crímenes enlutan a miles de familias, destruyen el tejido social y debilitan los procesos organizativos autónomos de las comunidades urbanas y rurales, incrementando de esa manera los desplazamientos, despojos y la situación de miseria.
Perseguir y matar el liderazgo social son ataques a los propósitos de construir una democracia plena y a los espacios de participación de la sociedad en la construcción de la paz. Caso a resaltar es el reciente asesinato del líder de las comunidades agromineras del Sur de Bolívar, Narciso Beleño, quien promovía la participación de la sociedad en la construcción de la paz, en el marco de la Agenda de México de los diálogos del Gobierno Nacional con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este líder de los mineros artesanales, en un encuentro del Comité Nacional de la Participación denunció la avanzada paramilitar que luego lo asesinó.
Los crímenes a líderes sociales no son investigados por ninguna entidad del Estado, nunca capturan a los responsables materiales ni intelectuales; apenas aparecen como una cifra fría en algunos periódicos y en las estadísticas de organizaciones defensoras de Derechos Humanos.
La imposición de la continuidad de los planes de explotación acelerada de bienes naturales como el oro, choca con las comunidades que defienden la vida y el territorio, en que la estrategia de las grandes empresas recurre a una tenaza cuyo brazo ilegal son las operaciones paramilitares de las mafias y las acciones encubiertas de militares; a las que se suma el brazo legal que garantiza la impunidad, en donde la Fiscalía y demás entidades del Estado se hacen los de ´la vista gorda’; a quienes se agregan múltiples voces del viejo régimen que difunden un relato negacionista, que justifica el Genocidio en curso afirmando que “el paramilitarismo no existe”; operación de desinformación adelantada por las fuerzas políticas más reaccionarias, algunos sectores llamados progresistas y hasta miembros del alto Gobierno.
Varias lideresas y lideres sociales antes de ser asesinados denunciaron las amenazas que recibieron, entonces la pregunta es, ¿por qué el Estado y el gobierno no evitan su muerte? Hoy en Colombia, denunciar una amenaza se ha convertido en una pre-muerte, configurando un eterno ciclo de crónicas de muertes anunciadas. Los que inducen a la opinión a descalificar al liderazgo popular, han logrado naturalizar su arma de calumnias dentro de la sociedad, ¿por qué no son investigados los periodistas y medios de comunicación que estigmatizan a los movimientos sociales y a sus dirigentes, quienes luego son asesinados?
¿Implementará el gobierno una política de defensa de la vida de los líderes sociales en el país? ¿Cuándo se concretarán las garantías para que los liderazgos populares no sean estigmatizados, amenazados y asesinados?, o por el contrario, ¿seguirán funcionando en las Fuerzas Militares y de policía los manuales traídos por el General norteamericano, Yarborough en 1962, que le dieron forma y desarrollo al paramilitarismo?
En los Gobiernos anteriores al de Petro, a los líderes sociales los asesinaban en las protestas, cuando denunciaban casos de corrupción, porque se oponían a los proyectos extractivistas y de despojo, los asesinaban cuando aspiraban a corporaciones públicas, los asesinaban solo porque pensaban diferente a la derecha reaccionaria; hoy, en el llamado Gobierno del cambio que ayudaron a elegir, los siguen asesinando; ¿qué democracia es esta, que tanto en Gobiernos de derecha como de izquierda asesinan a líderes sociales con absoluta impunidad?
El primer cambio que debe impulsar este Gobierno es que dejen de perseguir a quienes luchan por cambios a favor de la mayoría de la sociedad, es un imperativo moral que debe encarnar para colocar al país en la ruta de la verdadera democracia y la paz.
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