Espacio público ¿para quién?

Por: Camila Montoya, corresponsal de Antorcha Estéreo.

Hace unas semanas se hizo viral un procedimiento violento en la Plaza Caycedo hacia un vendedor ambulante, los medios lo difundieron como una ‘fake new’¹ y los vendedores ambulantes organizados salieron a afirmar que era mentira el desalojo. Sin embargo, el desalojo violento se realizó con un abuso de autoridad por parte de la fuerza armada a las 3:00 de la madrugada en el centro de Cali, esta vez no fue ‘fake news’ y el procedimiento abusivo fue cuestionado por toda la comunidad de la ciudad y del país.

Un procedimiento donde golpeando a la comunidad, quitaron la mercancía de los y las vendedoras, afectaron puestos de personas que la venta ambulante es su principal ingresos y sustento, en especial en la temporada decembrina. La comunidad del sector se manifestó y realizó protestas en rechazo a las medidas adoptadas por Alejandro Eder, donde no se busca el diálogo sino el desalojo violento².

Es claro que el espacio público debe ser respetado por los y las habitantes de cada territorio, sin embargo en el modelo de ciudad actual, diseñado por la oligarquía y las familias ricas en el poder, el espacio público es para quienes tiene cómo pagar por él y ha sido privatizado a pesar que sea supuestamente PÚBLICO y para el pueblo. Es el caso de las calles de la ciudad, el boulevard del río y dentro de poco sucederá con Cristo Rey, que por ahora su entrada será gratuita pero ya Secretaría de Vivienda ha afirmado que en un futuro se tendrá que cobrar el ingreso³.

Aquí nos cuestionamos si el espacio público si es para el pueblo y si está siendo defendido y garantizado por los entes gubernamentales. Pero la respuesta es que el modelo de ciudad actual busca es privatizar los espacios siendo exclusivos para quienes tienen con qué pagar. El espacio público termina siendo para la clase acomodada, media y alta, para los mal llamados ‘gente de bien’, mientras que la población mayoritariamente excluida y empobrecida, no tiene el mismo derecho a habitar la ciudad ni mucho menos tener el derecho a trabajo digno.

Por un lado, el espacio público es privatizado por medio de puestos de venta como es el caso del centro de la ciudad, donde se ponen puestos que si son aceptados por los entes gubernamentales pero que en un futuro terminan siendo vendidos a quienes tienen cómo pagarlos y generando exclusividad para no tener las mismas condiciones de trabajo digno. Como hoy sucede en el centro de la ciudad donde supuestamente se entregarán 300 módulos de venta, pero son al rededor de 6000 vendedores según la alcaldía.

De esta misma manera, el espacio público se privatiza por medio de la exclusividad, deja ser de público y abierto a todo el pueblo. Como por ejemplo con el sedero recientemente renovado hacia Cristo Rey, pues antes cualquier persona podía subir, conocer, etc. Ahora se restringe o limita la entrada porque se deberá registrar obligatoriamente para su ingreso y en un futuro también se deberá pagar.

Y podríamos seguir dando ejemplos, de cómo el espacio que debería ser público realmente no lo es. Generando rupturas en el tejido social y la autonomía del territorio, y a su vez causando la violación de derechos fundamentales como el trabajo.

La autoridades se excusan en el contrabando pero no regulan ni judicializan a los ricos dueños de los negocios quienes son los principales responsables y de estas ventas. Sino que violentan y ponen a pagar los daños al pueblo, quien solo busca maneras de subsistir desde la venta informal y el trabajo informal.

Este modelo de ciudad y de políticas que defienden a los ricos y a la clase acomodada, mientras el pueblo sigue vivienda indignamente en la ciudad. La justa protesta social y todas las formas de lucha necesarias, seguirá teniendo vigencia mientras siga existiendo la desigualdad social y las políticas solo para unos pocos. Mientras la economía es sostenida por la fuerza de trabajo del pueblo.