Por: Salvador Martínez, corresponsal de Antorcha Estéreo.
La crisis estructural de inseguridad de la ciudad turística llega a institución educativa. El viernes 16 de mayo en las instalaciones del colegio Soledad Acosta de Samper, sede Ana María Pérez de Otero, en el barrio El Socorro, de Cartagena (Bolívar), sicarios asesinaron a Jairo Pérez Torres.
Justo cuando en el plantel educativo se daba el cambio a la segunda jornada de estudios, estudiantes, padre y familiares ingresaban a las instalaciones a las 12:50 p.m., dos sujetos en moto que estaban persiguiendo a un hombre, que logró la oportunidad cuando el portón estaba abierto, ingresó al colegio y allí ocurrió el ataque armado. De acuerdo con algunos informadores, la víctima se dirigía en un automóvil de color gris presuntamente para recoger personal perteneciente a la institución.
Como lo expresa la conmovida comunidad ante estos violentos hechos, que como a eso del medio día se escucharon tres disparos, además videos que circulan por las redes sociales, muestran que la víctima fue ultimada en uno de los patios de la escuela, ubicado justo al frente de los salones, tras recibir varios impactos de bala.
La policía creen que Jairo Pérez Torres actuaba bajo las órdenes de “Bebé” y su homicidio estaría relacionado con el crimen que el día anterior dejó como víctima mortal a Jefferson Villadiego Castillo, alias Bebé de 35 años, en un taller de motos en el barrio Lo Amador.
Desafortunadamente, estos hechos ya hacen parte de la leyenda urbana de Cartagena, que como el barrio El Socorro, La María, Olaya Herrera, Ponzón, Nelson Mandela, Las Palmeras entre otros, son territorios donde hace presencia estos grupos criminales.
Grupos que ejercen el control territorial de barrios enteros y están en constante extensión, actúan como bandas locales y regionales en el manejo del narcotráfico, microtráfico, extorsiones, pagadiarios, que reclutan a niños, jóvenes y ejercen muchos de ellos la explotación sexual a niñas y niños, crímenes que quedan en total impunidad.
Al mismo tiempo, como es conocido por el pueblo cartagenero, estas bandas son promovidas y actúan en complicidad con la corrupción de las élites locales y de instancias de organismos militares como la DIJIN y otras. Es por eso, que el “Plan Titán”, de seguridad ciudadana del alcalde mayor de Cartagena Dumek Turbay, resultó ser un total fracaso ante la creciente violencia que padece la población cartagenera.
Las medidas que toman las élites locales de aumentar el pie de fuerza, la creación de equipos técnicos especializados en la criminalidad en el marco del “Plan Titán y su robusta financiación de más de 70 mil millones de pesos no ha dado resultado. Las cifras no mienten, según el Instituto Nacional de Medicina Legal de Cartagena,en «La Heroica» se registraron 411 homicidios en el 2024 de los cuales 240 se dieron bajo la modalidad de sicariato y en este 2025, en su primer trimestre, se han registrado 80 homicidios, de ellos más de 30 realizados bajo la misma modalidad.
Mientras tanto, la ciudad de Cartagena y su área metropolitana vive bajo la amenaza de estos grupos de delincuentes, que no dan tregua e imponen su ley afectando gravemente el derecho de la comunidad a la ciudad. Todo producto de políticas amañadas y engañosas de inclusión social, corrupción y la perpetuación de la pobreza.
La seguridad para las y los ciudadanos sólo puede darse en un nuevo estado que garantice la participación de la sociedad para una paz con justicia social, de lo contrario nuestros pueblos están destinados a vivir eternamente en ciclos de violencia.
