Por: Diego Armando Esteban Quito, corresponsal de Antorcha Estéreo.
En Barrancabermeja se desató una cruzada militar: tras una escalada de atentados y extorsiones que mantienen a los comerciantes con el miedo a flor de piel, el gobierno nacional, el departamento y la alcaldía convocaron a la cúpula militar. Ofrecieron 50 millones de pesos para quien entregue información clave, y llegaron 40 soldados del Ejército y la Armada, una compañía de Fuerzas Especiales Urbanas y dos unidades de Policía Militar de la Quinta Brigada, una con especialidad en operaciones urbanas. También reforzarán la policía en zonas críticas y pondrán al CTI y Fiscalía a investigar a fondo. Todo un despliegue de fuerza que sugiere que el tal terror solo se combate con armas, como si regalar miedo resolviera el problema desde la raíz.
Pero aquí va el contexto real: Barrancabermeja, con cerca de 214.700 personas en 2022 y representando el 9,2 % de la población de Santander, enfrenta una crisis estructural: el 46 % de la población vive en pobreza, es decir unas 100.000 personas (Melodía, feb 2024).Más de 57.700 están en pobreza monetaria extrema y otros 41.993 en moderada, con 15.231 hogares en pobreza multidimensional según Sisbén (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales)( IV (Dane, 2023). En cuanto al desempleo, el 2022 cerró con una tasa del 18,5 %, con cerca de 14.686 desocupados (Vanguardia abril 2023) y entre mayo 2024 y abril 2025 se ubicó en el 24,1 %, una de las más altas del país (DNP, 2025).
Si los 50 millones de pesos se destinaran a cubrir esas carencias en vez de recompensar chismes, podrían financiar la construcción o dotación de un colegio completo, contratar profesionales de salud para centros locales, abastecer bibliotecas y laboratorios en escuelas, o incluso desarrollar comedores comunitarios. Es decir, podrían invertirse en garantizar condiciones reales para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad, en lugar de fortalecer la lógica de control y miedo.
Resulta obviamente contradictorio: mientras la ciudad sufre desnutrición, informalidad laboral masiva —más del 75 % de la población en edad productiva estuvo fuera del mercado laboral en 2021 (Alerta temprana 2022)— y los jóvenes enfrentan violencia sistemática, el Estado responde blindando barrios con militares. Esa estrategia de seguridad supone que la fuerzas armadas son el remedio, cuando en realidad se convierte en el principal síntoma de ausencia estatal: no hay servicios, no hay empleo digno, no hay garantías, por eso “hay que militarizar”.
La seguridad entendida realmente es integral: implica que nadie pase hambre; que el sistema público de salud funcione; que los niños estén estudiando con calidad; que la vivienda sea digna; que el empleo sea estable y con salario digno; que la comunidad tenga acceso a recreación, cultura y deporte. Esa es la base de una paz real, no la presencia policial que genera una atmósfera de ocupación y miedo. Esa militarización no desactiva extorsiones ni trata traumas sociales: solo refuerza un mensaje de amenaza constante.
Ante esta encrucijada, la salida no está en más botas en las calles, sino en fortalecer las propias fuerzas de la comunidad: que los barrios se organicen mediante juntas comunales, organizaciones sociales y colectivos juveniles y culturales. El Estado debe garantizar las condiciones —infraestructura, financiamiento, autonomía— para que las vecinas y vecinos construyan poder desde abajo. La democracia participativa debe dejar de ser un eslogan y convertirse en un instrumento real: rendición de cuentas, presupuesto participativo, planificación comunitaria y solución colectiva a los problemas comunes.
El verdadero cambio comienza cuando la comunidad deja de ser víctima y se convierte en protagonista. Es desde esa rebeldía colectiva que puede surgir un nuevo pacto social, donde el Estado retome su función real: garantizar justicia social y dignidad con inclusión y no perpetuar el miedo con soldados en cada esquina.
