Por: Octavia Rebelde, corresponsal de Antorcha Estéreo.
El 28 de Julio de 2025, es una fecha que el pueblo recordará como el día en que la bandera Antiuribista resonó con más fuerza. Tras más de 10 horas de permanecer en vilo, los y las colombianas conocimos el sentido del fallo del caso Uribe que emitió la Jueza 44 del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia en el cual se dictaminó su culpabilidad por fraude procesal y soborno a testigos. El viernes 1 de agosto se conoció la sentencia que condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a 144 meses que equivalen a 12 años de prisión domiciliaria, multa equivalente a 2.420,5 salarios mínimos legales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 100 meses y 20 días. Retumban más que nunca las voces de las víctimas, de las cuchas, del pueblo colombiano que reclama justicia.
Ha sido un proceso de aproximadamente 14 años, con ires y venires, de ataques públicos, de reacciones de la derecha mas retardataria del país, de esperanza y de desilusión para el pueblo colombiano. Para hacer un recuento del proceso debemos remontarnos al año 2012 en el que el Senador Iván Cepeda citó un debate sobre el paramilitarismo en Antioquia, en el Congreso en el que señaló a Álvaro Uribe Vélez de impulsarlo, desde la Gobernación del departamento, basado en los testimonios de Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, quienes lo señalaron de apoyar la conformación del Bloque Metro de las AUC y lo vincularon directamente con las masacres de San Roque y el Aro, y la incursión paramilitar en la Granja. Tras las acusaciones, Uribe demandó a Iván Cepeda ante la Corte Constitucional (ente encargado de impartir justicia a senadores y representantes a la Cámara, entre otras funciones) y envió al abogado Diego Cadena a visitar en repetidas ocasiones al testigo Juan Guillermo Monsalve y a otros exparamilitares para pedirles, a cambio de beneficios, inculpar Cepeda e indultaran a Uribe. Estos hechos quedaron esclarecidos con pruebas y fueron la clave para el actual juicio.
La Corte realizó sus investigaciones y en 2018 cerró el caso contra Cepeda para abrir uno contra Álvaro Uribe por Fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno simple, otorgando además una medida de detención domiciliaria para evitar la evasión de la justicia. En ese momento, Uribe renunció a su curul en el Senado como artimaña para pasar a ser investigado por la Fiscalía General de la Nación, encabezada en ese entonces por Francisco Barbosa, amiguísimo del expresidente y del recién electo (para ese entonces) Iván Duque. Con este cambio, hubo varios intentos de archivar el caso, cambio constante de funcionarios y retrocesos para torpedear el proceso. En este tiempo Uribe ha utilizado los medios de comunicación a su favor y junto con la derecha, se han encargado de imponer su versión aludiendo a una persecución política auspiciada por la izquierda. Con la renuncia de Francisco Barbosa, en el marco del gobierno progresista, se dieron mejores condiciones para al menos mantener el caso en vigencia, esto también en parte gracias a las fiscales del caso y a las juezas que lo asumieron y le dieron continuidad. Tras varios meses de sesiones de juicio en el que tanto la defensa de Uribe como los fiscales presentaron un gran conglomerado de pruebas, testigos, grabaciones, etc., fue hasta el pasado 28 de julio que se presentó por fin el sentido del fallo en el que se le declaró culpable de dos de los tres delitos de acusación.
Pero el Pueblo Colombiano sabe que Uribe es Culpable, sabe que es culpable de las chuzadas del DAS a periodistas, jueces y opositores; es culpable de los mas de 6.402 jóvenes ejecutados extrajudicialmente por el ejército durante su mandato; es culpable de impulsar la creación de las «Convivir» y las autodefensas; culpable de facilitar la emergencia y expansión del paramilitarismo en Antioquia; culpable de despojar a campesinos de sus tierras para expandir sus propiedades, como la Hacienda El Ubérrimo; culpable de hacer alianzas con el narcotráfico y mantenerlo en pie; es culpable de impulsar y de promover la parapolítica y la yidispolítica usada para su reelección en 2006; culpable de profundizar la crisis del sistema de salud a través de la ley 100 de 1993; culpable de reducir los derechos laborales del pueblo trabajador con la ley 789 de 2002; culpable de financiar campañas a Uribistas a través del fraude de Odebrecht; es culpable de ejecutar el Plan Colombia y entregarle a los gringos el país. Esto es lo que nos han dicho por años las Cuchas, esto es lo que han denunciado por años las víctimas, y esto es lo que las organizaciones sociales y políticas han reclamado. Quizá fue durante el estallido social donde más resonó la bandera antiuribista: los jóvenes cansados del régimen y del poder Uribista, representado también por Iván Duque, aquel que de nuevo sometía al pueblo a las condiciones de exclusión y pobreza. Se llenaron las calles y los muros de todas las ciudades del país con la bandera antiuribista, y fue entonces cuando ya no fueron sólo las víctimas quienes denunciaron y reclamaron verdad, lo gritó todo el pueblo colombiano: Uribe es Culpable.
Con la lectura del sentido del fallo el pasado 28 de julio, se marca en la historia un hito simbólico que da un nuevo aliento a quienes por años, han reclamado justicia, el intocable dejó de serlo y ahora está expuesto al mundo. Sin embargo, no deja de ser insuficiente, pues la condena que se imponga no será por todos los crímenes y las miles de víctimas que dejó a su paso y todavía tiene recursos de apelación y dilación. Si bien la jueza lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria, la apelación que haga la defensa deberá revisarla el Tribunal Superior de Bogotá teniendo hasta octubre fecha en que el caso precluye. En caso de que el Tribunal Superior ratifique la decisión de la Jueza Sandra Heredia, aún tendrá el recurso de Casación Penal ante la Corte Suprema, organismo donde inició la investigación hace varios años. A pesar de lo anterior, sin duda alguna, la lectura del sentido del fallo en sí mismo ya ha generado numerosas reacciones que ponen en cuestión la narrativa hegemónica sobre la memoria y la verdad en el país, tanto del gobierno nacional, la derecha y los aliados de Uribe; parlamentarios de Estados Unidos ya se han pronunciado en defensa del culpable (incluso amenazando con el incremento de aranceles al país).
Ante las artimañas y los caminos de salvación que el aparato judicial le ha permitido utilizar a Álvaro Uribe a través de su poder político y económico, es justamente el sistema judicial creado bajo este aparato burgués el que le ha permitido a los poderosos mantenerse impunes en el tiempo, sin realizar verdaderos procesos de verdad y reparación para las víctimas, así seguirá siendo mientras el régimen político se mantenga intacto. No sólo se trata de Álvaro Uribe, han sido muchos más aquellos que han atentado y siguen atentando hoy contra el pueblo colombiano. Y sólo será cambiando el régimen y arrebatándole el poder a quienes lo han detentado por tanto tiempo como podremos encontrar al fin justicia y la verdad. El estallido social nos demostró que cuando el Pueblo se levanta, el poder tiembla, y que la verdad y la memoria la gritan los muros, las calles y la ofensiva popular. Hoy la consigna antiuribista está más vigente que nunca, mañana deberán ser las consignas antirégimen, antioligarquía, antiélites y antifascistas las que se abanderen y sean trinchera contra la tiranía.
