Resistencia contra el genocidio

El genocidio contra Palestina prosigue, porque el Consejo de Seguridad de la ONU, quien debe neutralizarlo, no lo hace por el veto de Estados Unidos, que lo ha ejercido 51 veces, para garantizar la impunidad a los genocidas israelíes encabezados por Netanyahu.

Ante la impotencia de la ONU, que no puede detener la crueldad de los genocidas, el presidente Petro al asistir a la Asamblea General #80 de la ONU, convocó a formar una fuerza militar que defienda a los palestinos, convocó a hacer respetar el Derecho Internacional y a poner fin al genocidio, con el que los sionistas buscan exterminar al pueblo palestino y despojarles su territorio.

Es la más justa de las causas, persistir en acabar con el manto de impunidad con que EEUU y las potencias occidentales, intentan encubrir este genocidio; para ello esquivan nombrarlo como es: un genocidio, el peor en la historia humana. De esta forma ignoran la Convención de 1948 para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, evitando asumir las responsabilidades internacionales, con las que se debe perseguir y castigar este crimen de crímenes. Y en consecuencia, desconocen la Corte Penal Internacional que ha sentenciado a Netanyahu como criminal de guerra. A lo que Trump agrega el poder de veto que tiene EEUU, con el que inutiliza el Consejo de Seguridad de la ONU, quien es el autorizado para usar la fuerza contra los genocidas israelíes.

Los EEUU y sus seguidores al pisotear todos los componentes de la legalidad internacional, justifican el uso de la fuerza para hacer una legítima defensa del pueblo palestino; en esta toma de posición, el presidente Petro se coloca del lado noble y justo de este conflicto, se coloca del lado de los intereses de las víctimas.

Trasladando este análisis a Colombia, acá también está nombrada como es, la matanza perpetrada hace 4 décadas, por la oligarquía, contra movimientos políticos de ideas socialistas, a la que se denomina como un Genocidio Político, por el cual el Estado colombiano debe pedir perdón a las víctimas, según Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En este Genocidio Político fueron exterminados la Unión Patriótica, el Frente Popular y A Luchar, aplicando la Doctrina de Seguridad Nacional establecida desde el inicio de la Guerra Fría hace 8 décadas, la que considera Enemigo Interno a quienes se opongan al régimen oligárquico dominante. Doctrina llamada antes, anti subversiva y ahora conocida como contrainsurgente. Aplicada por las Fuerzas Armadas estatales, a las que se les adiestraba con Manuales de entrenamiento y operaciones, para dar de baja a los liderazgos sociales y a activistas revolucionarios. Bajo esta Doctrina es que el Estado colombiano perpetró el mencionado Genocidio Político.

Desde los años 70 y 80 del siglo anterior, el régimen usó a las bandas mafiosas y narcotraficantes como fuerza complementaria para perpetrar esta matanza a manera de “limpieza política”; pero después tales bandas quedaron asumiendo la función principal como matarifes del liderazgo social y popular; con las que produjeron el siguiente Genocidio Político entre 1995 y 2005, ejecutado principalmente por las denominadas AUC. A partir de ese momento, numerosas bandas mafiosas recicladas de fuerzas insurgentes desmovilizadas, siguieron perpetrando el Genocidio Continuado que llega hasta nuestros días.

Hay que recordar que desde 2021, Colombia es el país con mayor número de asesinatos o desapariciones de líderes ambientales en el mundo. La ONG Global Witness publicó en su informe anual 2024, titulado ‘Raíces de resistencia’, sobre las amenazas que enfrentan quienes defienden la vida y el territorio, que de las 142 personas que fueron asesinadas en el mundo, 48 (el 33 por ciento) fueron asesinadas en Colombia, de ellos, 20 eran campesinos y 19 indígenas. Le siguen Guatemala con 20 asesinatos o desapariciones, y México con 18.

El régimen de capitalismo mafioso mata prioritariamente indígenas y campesinos, porque defienden la vida y el territorio, enfrentando los planes de extracción de bienes naturales impulsados por empresas transnacionales, las cuales usan bandas narco paramilitares para decapitar las organizaciones sociales y así, poder desplazar a los sobrevivientes y apoderarse del territorio. Es la misma modalidad genocida que el imperio usa contra los palestinos: exterminarlos para despojarlos del territorio.

Hace parte de la historia reciente de Colombia, los juicios contra empresas transnacionales, que usan bandas narco paramilitares para imponer sus planes de saqueo de bienes naturales y mega obras, como Chiquita Brand (antes se llamaba United Fruit Company) en Urabá, que pagaba para que mataran líderes sindicales; la empresa de explotación de carbón Drummond en el departamento del Cesar, responsable de centenares de asesinatos; o la British Petroleum Company en Casanare que perpetró numerosas masacres.

Aconsejan ‘seguir la ruta del dinero’, para comprender los mecanismos que mantienen en movimiento las maquinarias genocidas, sea en Palestina o en Colombia, conducidas por un manual común, llamado Doctrina de Seguridad Nacional, esta es la ideología genocida que la humanidad debe superar y contra ella debemos seguir en resistencia, para colocarnos del lado de las víctimas, las que esperan que el presidente Petro tome una posición similar en Colombia, como la que exhibe frente al genocidio contra Palestina.