El pasado viernes 24 de noviembre se cumplió un año de los acuerdos de paz pactados entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC, hecho que convocó a múltiples expresiones de la sociedad a concentrarse en un acto protocolario en el mismo lugar de su firma, el Teatro Colón en Bogotá.
El escenario en el cual debió haberse desarrollado una fiesta, se convirtió en tribuna de exigencias, como lo hizo ver el mismo Timoleón Jiménez en su intervención: “Esta fecha ha de representar un clamor nacional, el aliento a una gigantesca movilización para que se cumpla sin burlas lo pactado.” Lo afirmó dado que la implementación de los compromisos adquiridos por parte del gobierno como representación del Estado, en los acuerdos firmados hace un año, progresivamente los han venido alterando y recortando para que nada sustancial cambie.
Las FARC han cumplido su palabra, se desmovilizaron, entregaron las armas y crearon un nuevo partido político para participar de la vida política legal. En contraste a esto y a pocos días de finalizar el trámite rápido de decretos; el gobierno y el Congreso de la República se encuentran en una carrera de tortugas, en una lógica de amarres y mezquindades, haciendo todo lo posible para el incumplimiento, para que nada avance en cuanto a reformas de fondo y para que la impunidad siga su reinado.
La seguridad jurídica de los acuerdos se encuentra en crisis. La Corte Constitucional y el Congreso redujeron la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) apenas para el cumplimiento exclusivo de las FARC. Con nuevas condiciones y límites, abrieron más campo a la impunidad de crímenes de Estado, para que altos mandos militares y financiadores del paramilitarismo no sean sometidos a la justicia. Las elites, han legislado para sus propios intereses, buscando su propia inmunidad, lo que implica un desconocimiento de los derechos de las víctimas y una burla a los principios elementales de la responsabilidad de Estado, en materia de verdad, justicia, reparación auténtica y no repetición.
Permitir que la violencia estructural que aplican los de arriba, siga siendo la manera como el Estado trata los conflictos políticos y sociales, es negar la posibilidad de que las fuerzas populares alternativas, puedan competir por el poder a través de las vías políticas legales. La manera como han venido desarticulando y desbaratando los acuerdos firmados con las FARC antes de cumplirlos, es de por sí una demostración nítida de ello, de lo que están en disposición de hacer: ningún impedimento tiene para no honrar la palabra empeñada.
El Estado se comprometió a luchar contra el paramilitarismo. A la fecha el paramilitarismo sigue existiendo y fortaleciéndose a lo largo y ancho del país. Se ha conocido que desde abril de 2017 a la fecha han sido asesinados 31 exintegrantes de las FARC y 12 de sus familiares. Cientos de prisioneros políticos de las FARC no han recobrado aún su libertad: de los 3.774 presos políticos de esa fuerza, aún permanecen privados de la libertad 796.
No han garantizado los derechos al Ejercicio de la oposición y la Participación Política, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición acordado entre las partes aún no ha iniciado sus funciones. La seguridad y sostenibilidad económica para la reincorporación se encuentra en vilo, no arrancan los proyectos productivos para excombatientes; tampoco se les otorga tierras para adelantar actividades agrícolas.
Pareciera que dentro del “Plan Victoria” del gobierno, estuviera el incumplimiento de los Acuerdos con las FARC, para desmotivar su militancia, provocar su deserción y disolverlos como fuerza política.
La decisión de la Corte Constitucional del 14 de noviembre de 2017, que declaró exequible el Acto Legislativo 01 del 2017, desvertebra en aspectos centrales la JEP, quedando reducida al juzgamiento de las FARC y no de la otra parte del conflicto. Se excluyeron funcionarios civiles del Estado y terceros civiles, tales como empresarios y financiadores, los que han sido decisivos en el exterminio y genocidio del pueblo colombiano. Vuelve la figura de la extradición, bajo la excusa de la reincidencia o incumplimiento con la Justicia Especial para la Paz.
Recordamos la declaración de Montecristi, firmada por las FARC y el ELN, en Ecuador en octubre pasado, y reiteramos el llamado a las organizaciones de víctimas, defensoras de derechos humanos, y a los sectores democráticos y alternativos para emprender y continuar esfuerzos de organización, denuncia, resistencia, movilización, defensa de la vida, del territorio, por las garantías y los Derechos Humanos de los colombianos y colombianas, y a la lucha constante por un país en paz y con justicia social.
Ante esto, surge la pregunta ¿con quién se pacta en Colombia un acuerdo de paz? ¿Quién tiene capacidad de acordar y también voluntad real para cumplir lo firmado? Los acuerdos con las FARC, supuestamente se firmaron con el Estado y con un blindaje internacional. Pero, una vez firmados, y so pretexto de la independencia de los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), cada cual empezó a desconocer, a imponer brechas, a evadir y a modificar unilateralmente aspectos centrales de lo acordado. Eso es lo que en Colombia popularmente llamamos “hacer conejo”.
Con lo que ha pasado con las FARC, nos preguntamos con elemental razonamiento, compartido por muchos que miran expectantes el devenir: ¿Qué confiabilidad o confianza puede tener no sólo el ELN sino la sociedad que acompaña este proceso, visto lo que ha acontecido este año?; ¿Qué seriedad hay por parte de las elites dominantes y de su régimen, cuando hacen y solemnemente firman unos acuerdos que enseguida incumplen? En lo que ha pasado ahora, se está repitiendo históricamente por parte de las clases dominantes, lo que ha sucedido en cadena desde la época de los Comuneros, pues cada vez que firman unos acuerdos de paz, es para engañar y traicionar los compromisos.
