Por: Rosario Delgado, corresponsal de Antorcha.
El Gobierno de Javier Milei ha orientado su ofensiva desreguladora hacia uno de los últimos límites ambientales del país: los glaciares y las zonas periglaciales, reservas claves de agua dulce en un territorio marcado por sequías e incendios. Bajo el argumento de “destrabar inversiones” y atraer capitales extranjeros, la administración libertaria impulsa una reforma profunda —o una degradación encubierta— de la Ley de Glaciares, norma que protege ecosistemas estratégicos para la vida y el equilibrio climático. Mientras corporaciones mineras y gobernadores aliados celebran, científicos y organizaciones sociales alertan que lo que está en juego no es solo un marco regulatorio: es el futuro hídrico de millones de personas.
La intención oficial se centra en flexibilizar o modificar la definición de “ambiente periglacial”, categoría clave que hoy funciona como barrera para proyectos de extracción de cobre y litio. Si el gobierno logra acotar su alcance, zonas prohibidas quedarían liberadas para la megaminería. La maniobra va de la mano del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un esquema que concede beneficios fiscales y aduaneros excepcionales a grandes inversiones extranjeras. La ecuación es clara: menos controles, más explotación y un Estado dispuesto a ceder soberanía ambiental a cambio de promesas de dólares futuros.
Pero los glaciares no son un obstáculo burocrático, son gigantes hídricos que almacenan, regulan y distribuyen agua a lo largo de la cordillera. Su deshielo gradual sostiene ríos y acuíferos vitales para provincias áridas como San Juan, Catamarca o La Rioja. Modificar su régimen de protección en plena crisis climática —cuando retroceden aceleradamente y el país enfrenta sequías severas— equivale a vaciar el último escudo natural que garantiza el abastecimiento de agua para consumo humano, producción agrícola y estabilidad ecológica.
La presión para habilitar estas zonas no es nueva. Grandes corporaciones mineras vienen reclamando hace años una redefinición “más laxa” del ambiente periglacial, argumentando que la actual ley “sobredimensiona” las áreas protegidas. Sin embargo, organizaciones ambientalistas denuncian que existen decenas de empresas que ya operan al filo —o directamente dentro— de las zonas prohibidas, amparados en evaluaciones ambientales financiadas por las propias empresas y en un Estado debilitado en capacidad de control. En lugar de fortalecer los mecanismos de fiscalización independiente, la respuesta gubernamental es correr la línea legal para que lo ilegal deje de serlo.
En este contexto, Marta Maffei, impulsora histórica de la Ley de Glaciares, advierte sobre un retroceso grave y multidimensional. Sostiene que la reforma propuesta vacía derechos ambientales conquistados, entrega bienes estratégicos a corporaciones y consolida un modelo extractivo que deja regalías irrisorias —entre el 2% y el 3%— mientras los costos sociales y ecológicos recaen sobre las comunidades. Para Maffei, desarmar la ley también significa renunciar a la soberanía hídrica en un país cuya economía y vida cotidiana dependen de estos ecosistemas frágiles.
El intento de modificar la ley ocurre en un escenario extremo: incendios forestales, falta de planificación hídrica, retroceso acelerado de glaciares y pronósticos climáticos adversos. En este marco, priorizar la megaminería sobre el agua no es solo una apuesta económica riesgosa: es una decisión política que condensa un modelo neoliberal de país impulsado por Milei.
Para el pueblo en resistencia, esta avanzada minera refleja un patrón más amplio: gobiernos que subordinan bienes comunes esenciales a la lógica del capital transnacional. La respuesta social, por tanto, no puede limitarse a la denuncia. Es necesario articular resistencias territoriales, fortalecer redes comunitarias y construir una agenda ecológica que coloque el derecho al agua por encima del lucro extractivista. Porque proteger los glaciares no es un capricho ambientalista, es defender la base material de la vida y la posibilidad de un futuro digno para el pueblo argentino.
