Por: María José Giraldo Builes
En una entrega anterior, problematizamos sobre el lugar y papel que han cumplido los frentes de seguridad en la profundización de expresiones paramilitares, donde se les asigna responsabilidades de control, vigilancia y fuentes de información a ciudadanos. El compañero Jairo Escobar (corresponsal de Antorcha Estéreo) reflexionó sobre este tema en el contexto de la ciudad de Bogotá. Por lo tanto, consideramos fundamental continuar con el análisis del campo de relación entre la Policía Nacional y la ciudadanía, gremios, empresas y diversos sectores de la sociedad, donde se les otorga la “responsabilidad” de controlar y vigilar constantemente a sus vecinos, transeúntes y cualquier otro que en esta lectura parezca “sospechoso”.
En este sentido, queremos abordar el papel de las Redes de Apoyo, que se ubican como la primera línea de participación cívica de la Policía Nacional. En la segunda línea están los frentes de seguridad; en la tercera, la Cívica (Cívica Infantil y Juvenil – Policía Cívica de Mayores); en la cuarta, las Escuelas para la Convivencia; en la quinta, los encuentros comunitarios; en la sexta, las jornadas de prevención; en la séptima, los programas escolarizados; y en la octava y última línea, los programas integrales. Vemos entonces la importancia que se le da a estas redes de apoyo, pero ¿qué son realmente estas redes de apoyo y de dónde provienen?
Es fundamental identificar que estas provienen de la misma Ley 356 de 1994, que aborda el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, donde se autoriza la creación de las Convivir, específicamente en su artículo 42. Sin embargo, es a partir del Decreto 3222 de 2002 que se reglamentan las Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana, durante el gobierno de Álvaro Uribe, con Marta Lucía Ramírez como ministra de Defensa. Según este decreto, “se entiende por Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana (RASCI) el conjunto de actividades organizadas, canalizadas y lideradas por la Policía Nacional, con la finalidad de captar información sobre hechos, delitos o conductas que afecten o puedan afectar la tranquilidad y seguridad, aprovechando los recursos técnicos y humanos que poseen las personas naturales o jurídicas (…)”. En este sentido, las RASCI, al contar con la participación tanto de la policía, empresas y personas naturales, tienen una coordinación directa por parte de la policía y están “vigiladas” por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, ya que hay empresas de seguridad privada como principales protagonistas. Sin embargo, como no todas las redes tienen participación directa de estas, están fuera del control de la Superintendencia u otros organismos del Estado.
Una de las principales características entre estas RASCI y las personas, empresas y sectores que prestan determinados servicios ha sido la comunicación a través de radios VHF con frecuencia de uso libre. Es desde esta característica que se empiezan a visualizar, por lo menos, dos de los principales actores y sectores que han estado participando desde el inicio en estas redes de apoyo, involucrados en el fortalecimiento de la persecución, estigmatización y, por tanto, del crecimiento de grupos y expresiones paramilitares en diferentes ciudades y zonas rurales del país. Por un lado, tenemos a las empresas de seguridad privada y a los mejor conocidos como “celadores” en muchos barrios de las principales ciudades del país, quienes han actuado muchas veces como cuerpo policial y como fuente de inteligencia, proporcionando información sobre posibles “sospechosos” de actividades delictivas, pero también de actividades políticas que ellos consideran peligrosas o insurgentes. Por otro lado, tenemos otro actor que, en su cotidianidad, ha usado, aunque cada vez menos, los radios VHF: las empresas de taxi y los taxistas, quienes se han convertido en ciudades como Medellín y Bogotá en los principales integrantes e informantes de estas redes de apoyo. En este sentido, es importante recordar que en 2021, durante la alcaldía de Claudia López, se reactivó la Red de Apoyo de taxistas con el nombre de “Red Ciudadana”, renombrando prácticas y acciones que desde la policía nunca se habían dejado de realizar en la ciudad.
Al igual que los frentes de seguridad, estas redes de apoyo se han ampliado y sectorizado de maneras más concretas. Es por esto que empezamos a encontrar diversas denominaciones, como las Redes de Apoyo y Comunicación, la Red de Apoyo para la Convivencia y Seguridad, y, desde el año 2022, se comenzó a organizar la Red de Apoyo de la Reserva Policial. Esta última, a partir de las nuevas formas de comunicación inmediata generadas por aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram, ha dado lugar a nuevas formas de relacionamiento que superan incluso el uso histórico de los radios VHF por parte de estos grupos y de los actores que tradicionalmente los utilizaban. Así, se generan grupos en estas aplicaciones donde se informa sobre todo lo que se observa en el entorno en el que se mueven. En este sentido, es común encontrar en la actualidad diversos grupos en estas aplicaciones donde no solo se informa sobre el estado de seguridad, sino que también se comparten imágenes de golpizas o asesinatos de personas acusadas de ser ladrones, y se incentiva la creación de grupos mucho más cerrados para “cuidar y vigilar” diversos sectores de la ciudad.
Uno de los elementos que más nos debe preocupar de este tipo de acciones llevadas a cabo por la Policía Nacional es que involucran a civiles en escenarios de conflicto, convirtiéndolos en informantes y, por lo tanto, en partícipes de las acciones que se puedan desarrollar. Una de las formas que se ha logrado identificar es que la acción más común por parte de estos informantes es comunicar cualquier tipo de actividad sospechosa que esté ocurriendo. Sin embargo, también por parte de la policía y los enlaces que se generan con estas redes de informantes se les solicita información específica y se les asignan responsabilidades sobre “objetivos” que la policía tiene. Entre estos objetivos están los seguimientos y la búsqueda de información sobre personas, incluyendo a sus familiares, entre ellos menores de edad. Esta es una situación grave, pues involucra a personal civil en tareas de índole policial y militar.
Este tipo de situaciones cuenta con un agravante que forma parte de la base misma de la ley 356 de 1994, que fomenta la creación de grupos “Convivir”. En estos grupos de apoyo también participan combos y bandas criminales dedicadas al narcotráfico y la extorsión, así como grupos paramilitares. Es importante recordar que en el año 2018, cuando fue capturado en Medellín Sebastián Murillo, alias “Lindolfo”, hoy vocero de la Oficina en la mesa de paz urbana del actual gobierno, este, al momento de su captura, contaba con un radio de comunicaciones y una pistola, ya que desde 2014 formaba parte de la Red de Apoyo de la Policía en Medellín, contando con información privilegiada que en su momento puso a la institución en el ojo del huracán. Sin embargo, posterior a esto no hubo investigaciones ni se problematizó el papel de estas redes de apoyo en la ciudad.
Esta estrategia de la Policía, si bien tiene relación con los Frentes de Seguridad, no son lo mismo, pero ambas se articulan en actores, acciones y dinámicas que siguen incentivando y posibilitando la actuación por parte de sectores de la sociedad que creen tener la responsabilidad de actuar en nombre de toda una comunidad, apropiándose del derecho a atacar, eliminar o expulsar lo que consideran peligroso, indeseado o contrario a su moral. Aquí nos encontramos con esos sectores de la sociedad colombiana que se denominan a sí mismos “gente de bien”, quienes voluntariamente participan en este tipo de acciones. Pero también están, como hemos visto, las estructuras delincuenciales y paramilitares organizadas en el marco de estas acciones, lo cual es de suma gravedad y que poco o nada se ha denunciado públicamente, continuando su desarrollo y permeando territorios en nuestro país, agudizando la guerra contrainsurgente y popular contra los sectores sociales y organizados que, desde la calle, la movilización, la organización popular y la lucha en todos los campos, construyen una nueva sociedad para todos y todas.
Referencias
– Decreto 3222 de 2002. Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada contenido en el Decreto-ley 356 del 11 de febrero de 1994 y se dictan otras disposiciones. (Diciembre 30 de 2002)
-Distrito de Bogotá (2021). Distrito, taxistas y policía reactivan red de apoyo para mejorar seguridad.
-Noticias Caracol (2018). Alias “Lindolfo” habría tenido acceso de la Red de Apoyo de la Policía.
-Resultados obtenidos de la información aportada por la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana año 2024.
