Emergencia de vivienda en Medellín, propuestas para una ciudad más justa

Por: Bárbara Builes, corresponsal de Antorcha.

Organizar la ciudad que habitamos se ha convertido en un gran reto para las clases populares en Medellín. La planeación urbana desregulada por el Estado localmente ha movilizado la construcción de vivienda para el alquiler. Mediante la privatización de la gestión de la ciudad, la persecución a la vivienda popular y el aumento sobre la oferta de renta corta, se ha elegido una modalidad de expulsión espacial en la que la insostenibilidad de los costos de la vivienda es protagonista. En vísperas de intervenciones urbanas como el Metro de la 80 y Parques del Río Norte que anticipa el exilio de familias y el encarecimiento de la vida en dichas zonas, es fundamental aperturar el debate sobre el creciente déficit de vivienda que existe en Medellín, el cual se complejiza aún más con los vertiginosos efectos de la turistificación y la gentrificación. La respuesta que la derecha ha divulgado ante el problema de la vivienda, es que la topografía de la ciudad es compleja, cuando la realidad nos ha demostrado que son ellos quienes se han encargado de restringir los suelos centrales para el uso exclusivo del sector de servicios e inmobiliario, priorizándolos sobre el bienestar de las mayorías.

La construcción de Vivienda de Interés Social en Medellín, está asociada casi naturalmente al endeudamiento de las familias más empobrecidas. El juego que han desarrollado las inmobiliarias es producir vivienda secundaria para la gente rica de la ciudad, y su posterior uso para el alquiler o la renta corta en Airbnb, para que así se convierta en una fuente de acumulación de riqueza de bajo riesgo: una actividad altamente lucrativa y generadora de excedentes. Esto ha logrado que se reduzca la capacidad territorial de la ciudad para la construcción y, a la vez, ha dejado sin vivienda a extensas cantidades de personas: hay casas inhabitadas o habitadas por una pequeña clase alta y extranjera. Los costos para la compra de parcelaciones o de viviendas son desproporcionados─en promedio con un precio de 200’000.000 millones de pesos─ y, por otro lado, los cánones de arrendamiento han cobrado la cuota de endeudamiento de las mayorías, puesto que incluso este supera los ingresos por familia: el promedio de precio de alquiler es de 1’200.000 COP, y el salario mínimo está en 1’300.000 COP. Esto sin tener presente que casi el 50% de los trabajadores colombianos reciben menos de esta suma y que los costos de vida también son incrementados por la valorización de los territorios: la alimentación, los servicios públicos y la educación.

Sepultar aquella forma de planeación urbana que privilegia la dinamización de capital financiero y la profundización de la precariedad en las familias más empobrecidas es una tarea de primer orden. La vivienda es un derecho fundamental que las élites globales nos han arrebatado por las vías más descaradas. Para comenzar a pensarnos la construcción y gestión de vivienda para la gente, mínimamente debemos considerar cinco ideas:

1. Fortalecer las viviendas de las laderas que han sido autoconstruidas, reconociendo el valor que las familias le han concedido al territorio en el que seguramente han reproducido sus vidas y lo que han invertido para poder habitar dichos espacios. Hacer la inversión presupuestal suficiente para el mejoramiento integral de barrios, incluyendo estabilización de suelos tal y como se hace en las laderas para los ricos en El Poblado.

2. Priorizar el suelo urbano de las zonas céntricas de la ciudad para la construcción y adecuación de vivienda para las clases populares, no para las empresas del sector servicios.

3. La construcción de refugios humanitarios para la recepción de personas en situaciones de vulnerabilidad, teniendo como precedente las diversas condiciones de desplazamiento intraurbano y regional, y la exposición que estas sufren ante el desalojo violento de sus lugares de proveniencia.

4. Creación de Cooperativas de Vivienda, en las que haya un ejercicio pleno de autogestión de la comunidad y se generen condiciones administrativas que beneficien a los pobladores urbanos empobrecidos.

5. La inhabilitación para que una persona posea muchas propiedades o propiedades muy extensas, haciendo más democrático el acceso a la vivienda, no como un elemento dispuesto para las rentas que enriquecen a unos cuantos y que extienden el nivel de endeudamiento y opresión de clase en Medellín.

Es hora de recuperar nuestros territorios urbanos y reclamar un hábitat digno para las clases populares al calor de la lucha insurgente. Un movimiento urbano nacional en el que estemos la diversidad de pobladores y pobladoras urbanas es el llamado a pensarse y construir no solo propuestas de vivienda, sino también del uso del suelo rural y urbano de la cuidad, el acceso al espacio público, formas justas de construcción de la ciudad y una relación respetuosa con la naturaleza. Como parte del pueblo, el FGUN y el ELN estará allí construyendo propuesta y ciudades para la vida digna.