Por: Elizabeth García, corresponsal de Antorcha.
Las recientes amenazas contra comunidades universitarias en Bogotá han encendido las alarmas sobre el avance de estructuras paramilitares en escenarios tradicionalmente asociados al pensamiento crítico, el debate democrático y la producción de conocimiento. La circulación de panfletos intimidatorios atribuidos al Clan del Golfo —también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)— en instituciones como la Universidad Pedagógica Nacional y el Colegio Mayor de Cundinamarca revive uno de los capítulos más oscuros de la historia colombiana: la persecución contra estudiantes, docentes y líderes sociales dentro de los espacios académicos. Las denuncias han generado preocupación nacional, mientras cientos de jóvenes y profesores reclaman garantías para ejercer sus actividades sin miedo.
El hecho no constituye un episodio aislado. Las amenazas contra universidades públicas y movimientos estudiantiles han sido una constante en distintas regiones del país durante las últimas décadas. En mayo de 2026 se denunciaron nuevos panfletos dirigidos contra sectores universitarios de Bogotá, en los que se estigmatizaba a organizaciones estudiantiles y se les señalaba de supuestos vínculos con grupos insurgentes. Diversos sectores académicos y organizaciones de derechos humanos advirtieron que este tipo de discursos buscan justificar la intimidación y el silenciamiento de voces críticas dentro de las instituciones educativas. Además, de ser parte de los planes contrainsurgentes que se vienen adelantando en el país.
La situación adquiere una dimensión aún más grave cuando se observa que Medellín ya vivió episodios similares. En 2018, estudiantes de la Universidad de Antióquia fueron declarados “objetivo militar” en un panfleto atribuido al Clan del Golfo, generando un profundo clima de temor entre la comunidad académica. Las amenazas alcanzaron a líderes estudiantiles, defensores de derechos humanos y representantes de movimientos sociales. La rectoría rechazó en ese momento las intimidaciones y exigió garantías para la vida de los estudiantes, pero el episodio dejó en evidencia la persistencia de prácticas propias del paramilitarismo en escenarios educativos.
Años después, otras instituciones de Medellín también reportaron amenazas contra estudiantes y profesores mediante panfletos, correos electrónicos y mensajes intimidatorios. Las denuncias señalaban que las investigaciones avanzaban lentamente y que las víctimas continuaban expuestas a riesgos sin resultados contundentes por parte de las autoridades. Este patrón se repite nuevamente en Bogotá: mientras los panfletos circulan y el miedo se instala en los campus, la respuesta institucional sigue siendo percibida por amplios sectores universitarios como insuficiente frente a la gravedad de los hechos. Aunque entidades del Gobierno Nacional han solicitado medidas de protección y la intervención de organismos competentes, la incertidumbre persiste entre quienes consideran que las acciones anunciadas todavía no se traducen en garantías efectivas de seguridad.
Más allá de las disputas coyunturales, el problema revela una cuestión estructural: la fragilidad de las garantías democráticas para el ejercicio del pensamiento crítico en Colombia. Cuando los grupos paramilitares amenazan universidades, no solo ponen en riesgo la vida de estudiantes y docentes; también atacan el derecho colectivo a la educación, la libertad de expresión y la participación ciudadana. Frente a este panorama, diversos sectores sociales plantean la necesidad de fortalecer la lucha organizada y el tejido social, la defensa de los derechos humanos, la creación de redes de protección para líderes universitarios y que se garantice la seguridad de las comunidades académicas.
En un país donde las universidades han sido históricamente espacios de debate y transformación social, permitir que el miedo imponga silencio equivaldría a ceder terreno a quienes pretenden reemplazar las ideas por las amenazas. La defensa de la universidad pública, de la libertad y de la vida de quienes la habitan sigue siendo una tarea urgente para la sociedad colombiana en su conjunto.
