Por: Milton López
La derecha y la burguesía local se han propuesto retomar el poder en la capital del Valle del Cauca. Después del estallido y la enorme protesta del pueblo caleño en 2021, se propusieron apagar el incendio y apaciguar a los jóvenes con falsas promesas, y frustrantes expectativas de cambio.
Un gobierno “de cambio”, con ideas progresistas encabezado por Gustavo Petro y Francia Márquez ilusionó a la gente que volvió a creer. Pero tan rápido como pasó la celebración, al arañar algo del poder político, se transitó de la esperanza al desencanto. Pactar con las élites de siempre no es el camino y la gente se va dando cuenta que llegar por medio de figuras a las amañadas instituciones burguesas, no es suficiente.
En ese contexto, la derecha aparenta un silencio y una pasividad en su linea legal, que se traduce en un reacomodo de sus fuerzas para reimpulsarse, tratando de canalizar el desencanto popular y capitalizar el desastre de quienes se dicen progresistas. Dejando a la ciudad en completa incertidumbre, y enredos de corrupción por todos lados.
¿Quién le hace el juego al uribismo?
Varios políticos y gobernantes del progresismo, muchas veces de manera descarada han tildado al ELN de hacerle el juego al uribismo y a la extrema derecha, cuando se han realizado acciones en el marco del conflicto armado y el legítimo derecho a la rebelión. Al ELN siempre se le acusa y condena desde todas las orillas. A los paramilitares y narcotraficantes se les comprende con silencios cómplices, cubiertos por pactos politiqueros. Para el progresismo de este país, nunca es el momento para nada, siempre es el momento de ellos y cuando no llenan las expectativas de la gente, le echan la culpa a expresiones insurgentes, y proyectos de cambio distintos al de ellos.
Sobre lo acontecido los últimos años en la realidad del país, cabe preguntarse: ¿Quiénes le hacen verdaderamente el juego a la derecha? ¿Quiénes son los que gobiernan pactando con las élites departamentales y los poderes ilegales del orden vigente? ¿Quiénes se reúnen más rápidamente con las maquinarias politiqueras, que con la gente popular al exigir cumplimiento de acuerdos?
Las maquinarias tradicionales y el Centro Democrático se niegan a desaparecer, están vivos en el panorama local y nacional, tratando de encontrar nuevas oportunidades. Es por eso que quieren retomar los gobiernos de las principales ciudades para seguir acumulando fuerza. No es casualidad que en Febrero de este año, el Centro Democrático haya inaugurado una nueva sede de ese partido en Cali, con presencia de Uribe, La Cabal y sus principales figuras locales. Y en medio de una oposición institucional, han desplegado su aparato ilegal para influir con terror y aumentar los índices de inseguridad en toda la ciudad.
Los oportunistas hacen campaña con la inseguridad
Con la alcaldía de Jorge Iván Ospina sobrepasando niveles del 70% de desaprobación, investigaciones de corrupción en contratos, incumplimiento de sus propuestas de campaña, y preocupados por hacer de la seguridad un show con Jimmy Dranguet al frente. Se reposicionan grupos paramilitares en la ciudad como el Clan del Golfo, principalmente en la ladera y el oriente; ampliando las ollas y expendios de drogas, intrumentalizando las bandas existentes y formando nuevas en los barrios, llegando a amenazar con “limpiezas”, promoviendo el robo en todas sus modalidades y el asesinato de jóvenes que quedan atrapados en medio de esta conflictividad social.
A esto se suma una campaña publicitaria de medios, incrementando la angustia de la gente que vive en los territorios. La percepción de inseguridad en la ciudad llega a niveles del 84,1%, y ha ido creciendo desde hace 4 años, según las diferentes encuestas que miden estos indicadores. Los homicidios y robos que venían estabilizándose y en ciertos periodos a la baja, han aumentado desde hace un par de años, siendo las principales víctimas los jóvenes de barrios populares como Comuneros, Mojíca, Alto Jordán, Potrero Grande, El Morichal, Siloé, Maroquín I y El Retiro.
Ante este panorama, los politiqueros de las maquinarias tradicionales y los que se dicen “independientes”, aprovechan la oportunidad para desempolvar los viejos discursos, con las fórmulas de siempre: La seguridad es la instalación de más cámaras, más pie de fuerza, sistemas de reconocimiento facial y en últimas, una “mano dura”, haciendo que se estigmaticen cada vez más a los jóvenes, pero nunca hay golpes contundentes contra las grandes estructuras paramilitares y narcotraficantes, que agudizan la violencia.
La firma JPG, publicó recientemente los resultados de la intención de voto para las próximas elecciones, donde todos hacen parte de sectores empresariales, alineados con las burguesías locales y las tradicionales mafias políticas del Valle del Cauca. El dueño del América, Tulio Gómez puntea con el 23%, lo sigue el “Chontico” Roberto Ortíz en una aspiración más con el 22%, Miyerlandi Torres de la línea de Dilian Francisca con 9%, Alejandro Eder (7,5%) y Diana Rojas (6%). Todos con las promesas de recuperación de Cali y de desarrollarla para el llamado progreso. Todos también coinciden en fortalecer a la policía y el aparato militar en la ciudad, teniendo como principal argumento, la administración fallida del progresismo y la creciente inseguridad, que es real, pero también planificada y orientada por los poderes ilegales de las élites del departamento, en medio de una crisis coyuntural del negocio de la cocaína.
De la institucionalidad electorera, poco esperar…
Lo que sigue demostrando la falsa democracia electoral, es que quienes llegan a cargos institucionales importantes, siempre lo hacen a través de una maraña de alianzas, donde inevitablemente incluyen a los verdaderos poderes del territorio (legales e ilegales). La administración de Ospina lo hizo hace 4 años entregándose al partido de la U y a la burguesía local, el denominado “Gobierno del Cambio”, lo hizo con el supuesto Pacto Histórico y por debajo de la mesa cualquier cantidad de pactos con la derecha, el narcotráfico y los paramilitares. En esos casos, se gobierna como se puede y sin la fuerza popular, porque son proyectos mesiánicos que presentan a uno o unos salvadores. Y alientan el desentendimiento de la gente con el poder, para que no sean críticos con sus errores.
A los representantes del progresismo no les importa mucho una hoja de ruta de cambios serios, si no mejorar su imagen y los porcentajes de aprobación, quedar bien con todo el mundo y repartir puestos para no rupturar las estructuras vigentes, con el argumento de que “caben todos” y unas consignas de unidad que no superan sus egos. A los representantes de la derecha y el empresariado les importa menos cambiar, están con la intención de reposicionarse y fortalecer el orden existente con las mismas políticas que han agudizado la guerra en Colombia. Por eso, acechan como buitres sobre las ruinas de las administraciones progresistas. Y eso, si solo miramos las ciudades principales, pero podríamos poner la lupa en por lo menos una decena de pueblos y ciudades intermedias a lo largo y ancho del país. Nos encontraríamos con más personajes que hacen perder la esperanza en la gente que los vota.
Lo que sigue quedando pendiente, es insistir en la organización popular, lo electoral no es el único camino para alcanzar los cambios sociales, como lo hacen creer quienes pretenden aferrarse a cargos para repartir cuotas, y así decir que están cambiando el mundo con buenos discursos. De hecho, podría ser el camino más débil, porque lo controlan los viejos poderes de siempre.
En Cali, las últimas elecciones no sobrepasan el 35% de los votos válidos, es decir, que en esta supuesta democracia, no decide el otro 65% que es la mayoría. Y una política nuestra como elenos, aunque no contemos con la inmensidad de recursos que se roban en los espacios politiqueros, es aportar a la organización del pueblo, desde los diferentes métodos y posibilidades de la lucha, todos tan legítimos como la rebelión y la resistencia de los pueblos, mientras abunden las injusticias en este país.
