Por: Elizabeth García, corresponsal de Antorcha.
Colombia entra a este nuevo año con el dolor aún caliente por miles de historias truncadas por la violencia machista. Mientras la sociedad debate y las políticas públicas claman por respuestas, los números —fríos e inadecuados para describir tragedias humanas— siguen revelando una realidad insoportable: la violencia de género continúa extendiéndose como una epidemia social que debe parar. Así lo muestran los registros oficiales, los reportes de derechos humanos y las voces de colectivos feministas que exigen justicia, verdad y reparación.
Según el Observatorio Colombiano de Feminicidios, 973 feminicidios se produjeron en el país a lo largo del año, dejando centenares de niños y niñas sin madre y familias destrozadas. No obstante, otras cifras oficiales señalan que 119 feminicidios fueron registrados por la Defensoría del Pueblo, junto con 324 intentos de asesinato contra mujeres y 26 transfeminicidios. Más allá de la variación estadística, estos datos muestran consistentemente una realidad: el feminicidio no es un accidente aislado; es un patrón de violencia sistemática que sigue costando vidas en Colombia, una violencia que se reproduce en todos los espacios.
El fenómeno de la violencia de género no se limita al asesinato de mujeres. Entre enero y octubre de 2025, el Ministerio de Justicia reportó más de 83.000 casos de violencia de género contra mujeres, incluyendo agresiones, abuso sexual y violencia intrafamiliar. Las grandes ciudades del país —Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali— encabezan la lista de incidentes denunciados, mientras que niñas y adolescentes siguen siendo víctimas especialmente vulnerables. La Defensoría del Pueblo también alertó que en los primeros días de 2026 se han documentado al menos 8 feminicidios, junto con transfeminicidios y agresiones de extrema violencia. Esta tendencia no puede interpretarse como cifras aisladas: es una señal de alarma para un país donde ser mujer sigue siendo sinónimo de riesgo.
Ante esta terrible realidad, es indispensable que todas las mujeres y personas de géneros diversos en Colombia se sientan empoderadas para denunciar. El primer paso para desmontar la violencia es visibilizarla, romper el pacto cultural del silencio y exigir protección efectiva al Estado y a las instituciones de justicia. Las rutas de atención, comisarías de familia, líneas de ayuda y organizaciones comunitarias deben ser herramientas accesibles, sin estigmas ni barreras, para que ninguna víctima desista de buscar justicia ni protección. Denunciar no es un acto de debilidad: es un acto de resistencia contra la violencia patriarcal.
La violencia de género no es un problema privado, ni doméstico, ni opinable; es un problema político, estructural y profundamente ligado a la falta de acceso pleno a derechos. Las mujeres tienen derecho —como lo reconoce la Constitución colombiana y tratados internacionales— a participar en la vida política, acceder a empleos dignos, decidir sobre sus cuerpos y sus trayectorias, y no estar reducidas a roles tradicionales del hogar. La agresión machista no es sólo un ataque físico, sino también una negación de derechos que limita la participación plena en la sociedad.
El patriarcado no otorga derechos, y la violencia no es destino. Colombia necesita políticas públicas con enfoque de género que: fortalezcan la protección efectiva, desmantelen las redes culturales que naturalizan la violencia, empoderen a mujeres y diversidades de género en la educación, el empleo y la política, y garanticen justicia sin impunidad.
Este no es un llamado moderado: es una demanda de transformación profunda, inspirada en la necesidad de pensar la vida desde abajo, desde los territorios, desde las mujeres que resisten y crean redes comunitarias. Tal como plantean colectivos de base y análisis social crítico, no basta con cifras o discursos; se requiere una politización revolucionaria de la violencia de género que cuestione las raíces del patriarcado y proponga una insurgencia cultural, educativa y política para transformar las relaciones de poder en Colombia. Porque no se trata solo de detener números, sino de salvar vidas, dignidades y futuros.
