Editorial revista Insurrección Nº 600
El viernes pasado, al enviar a la cárcel a un ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, por venderse a los políticos ideólogos del paramilitarismo, la Jueza 40 de control de garantías manifestó tristeza porque “la justicia se venda al mejor postor”, por lo que no protege “la búsqueda de la pacífica convivencia”; Denuncia que “nos encontramos ante una crisis institucional en casi todos los sectores públicos”, y reitera que “la justicia es ciega, pero no se debe vender”. También pregunta a todas y todos los colombianos, por “¿Quién está realizando el control social?” Ante este derrumbe del país.
Los casos de corrupción en la rama judicial son innumerables. Por ejemplo, el escándalo de la Corte Suprema de Justicia está precedido de la detención por corrupción del fiscal Luis Gustavo Moreno, delegado para la lucha contra la corrupción y, la detención del Secretario de Seguridad de Medellín Gustavo Villegas, por favorecer intereses de narcotraficantes y paramilitares.
En varias regiones del país han ocurrido detenciones de magistrados, jueces, fiscales y otros funcionarios como en el Departamento del Meta y en Cartagena. En esta ultima ciudad, fue detenida la fiscal 3 especializada María Bernarda Puentes acusada de recibir sobornos para favorecer paramilitares en la costa Caribe, y esa misma fiscal meses antes puso en la cárcel a lideres sociales que habían denunciado la existencia del paramilitarismo en la región.
Estos casos de corrupción coinciden con el inicio de la puja electoral, cuando muchos candidatos han renunciado a sus partidos tradicionales -carcomidos por la corrupción-, para presentar sus candidaturas a través de firmas. Estos candidatos, pretenden ocultar y esquivar su responsabilidad en el desfalco que han hecho al país a través de la maquinaria clientelista y belicista, que han desarrollado y mediante la cual han gobernado históricamente a Colombia.
Algunas cifras indican que cada año el país pierde cerca de 50 billones de pesos por la corrupción. Los casos de corrupción que ha conocido el país se encuentran bajo la responsabilidad de la mayor parte de la institucionalidad pública y privada y, han afectado recursos de la salud, la educación, el campo, los servicios públicos, las pensiones, entre otros. A todo ello se suma la presencia de transnacionales que no solamente amenazan los territorios, generan desplazamiento y despojo, sino que además sobornan las instituciones para garantizar la inversión del capital extranjero.
Entonces, la corrupción en Colombia es histórica y sistémica y sus autores deben responder desde los niveles más altos y, “no saltar del barco que se hunde”, como lo están haciendo los políticos cuyos partidos se encuentran comprometidos con graves hechos de corrupción y paramilitarismo. Los magistrados y políticos actualmente investigados han favorecido el funcionamiento del sistema, del cual se han beneficiado otros tantos que permanecen en el poder y debieran apartarse de él. ¿Quiénes son y han sido sus jefes?
La corrupción no se puede explicar desde la simple debilidad del Estado y la falta de controles, tampoco desde el clientelismo y la “mermelada” como opinan muchos. Entre otras cosas no es mermelada lo que reparten y reciben, la corrupción es la grasa que requiere la maquinaria para que funcione el sistema.
La solución no es tan simple como exigir la investigación y sanción a los corruptos y, el desmantelamiento de las redes criminales que sostienen entre otras a las economías legales e ilegales que soportan el aparato criminal. Ello es necesario, pero no es posible si quienes ocupan los más altos cargos del aparato judicial, legislativo y ejecutivo están comprometidos con estas prácticas y se benefician permanentemente de la criminalidad, para sostenerse en el poder y aumentar sus riquezas.
El problema tiene raíces muy profundas y comunes en la mayoría de los países de la región, por lo que el Gobierno de los Estados Unidos –el más corrupto de todos–, ha aprovechado esta problemática para desplegar una estrategia de destapar información acumulada que poseen sobre actos de corrupción, en países de América Latina, para hundir a sus oponentes y realzar a sus condicionales; Estrategia perversa que además conlleva una gran perdida de soberanía para esta naciones.
En Colombia, la superación de la corrupción se encuentra directamente relacionada con la necesidad de construir una democracia para la paz, por lo que su tratamiento requiere de grandes transformaciones económicas y políticas, que permitan la adopción de soluciones eficaces y duraderas.
Por ello insistimos en la participación activa, amplia, incluyente y pluralista de toda la sociedad, en el debate y análisis público de los problemas, en la construcción de una visión común de paz y, de las transformaciones básicas urgentes que necesita nuestra sociedad, a fin de avanzar en la construcción de un país con paz, justicia, equidad y soberanía.
