Editorial Insurrección Nº 589
Los Sumos Pontífices de la Iglesia Católica, sólo visitan a Colombia cada 20 años y en esta ocasión, la presencia de Su Santidad el Papa Francisco, constituye un respaldo al proceso de paz que vive el país. En correspondencia, en la Mesa de conversaciones de Quito, preparamos un acuerdo de cese bilateral del fuego, que aporte a crear un ambiente de paz completa en Colombia.
Este cese bilateral temporal, además de contemplar la suspensión de acciones ofensivas entre las Fuerzas Armadas del gobierno y las del Ejército de Liberación Nacional, incluye un cese de acciones que afectan a la población no combatiente, en el propósito de brindar un alivio humanitario a las comunidades y líderes, que más sufren por el conflicto.
Hemos sido reiterativos en denunciar que el régimen dominante en Colombia, mantiene una tenaza represiva, que aplica en contra de todas las fuerzas políticas y sociales alternativas, que se le oponen a su modelo económico y a su sistema político. Tal tenaza tiene un brazo legal y otro ilegal que operan coordinadamente.
Un ejemplo de las acciones de brazo legal, es la Fuerza de Tarea de Judicialización integrada entre la Fiscalía y las Fuerzas Militares, quienes inventan cargos y testigos contra líderes comunitarios, acusándolos de ser “auxiliadores de la subversión”. Organismos internacionales de Derechos Humanos, han denunciado esta práctica de persecución política del régimen, pues luego de mantener en prisión por varios años a los líderes sociales, son liberados por falta de pruebas.
Por su parte, el brazo ilegal del paramilitarismo amenaza y mata a los activistas de derechos humanos, líderes comunitarios y ambientalistas, que se oponen a los planes económicos y políticos de la elite dominante. Matanza que tiende a convertirse en un genocidio político, similar al que perpetró el régimen hace 3 décadas, contra la Unión Patriótica y otros movimientos de izquierda.
Ante esta modalidad de guerra sucia que es el paramilitarismo al servicio del Estado, los voceros del régimen han expresado que “el paramilitarismo no existe”, que se trata de “neoparamilitares” o simplemente que apenas son bandas criminales -bacrim-, con las que el Estado dice no mantener vínculos. Pero la historia colombiana del último medio siglo, es profusa en demostrar, que la minoría dominante es experta en colocar tareas de contrainsurgencia a los paramilitares, a cambio de permitirles prosperar en su actividades mafiosas.
El brazo ilegal de la tenaza que extermina líderes sociales en Colombia es tan inocultable, que el Informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado de los EEUU, de marzo de este año, registra colaboración de los militares con grupos armados ilegales; por su parte el Procurador ha afirmado que “no habrá tolerancia ni impunidad para sus crímenes ni para quienes desde el Estado pretenden protegerlos”.
Toda Colombia se pregunta, ¿por qué no ocurren combates entre militares y paramilitares, en las regiones donde es pública la presencia masiva de ambas fuerzas?, o ¿por qué no llaman a rendir cuentas a los mandos militares y policiales, donde los paramilitares asesinan a los líderes sociales?
En este punto en que se encuentra la Mesa de conversaciones de Quito, de llegar a un acuerdo de cese bilateral; le corresponde al gobierno de Santos cortar de tajo los vínculos del régimen con el paramilitarismo; en el propósito de neutralizar el genocidio político, que está en curso contra las fuerzas alternativas, que se oponen a los planes de la minoría gobernante.
En la Agenda que guía la Mesa de conversaciones, están explícitos los objetivos de este proceso de solución política del conflicto: “acordar transformaciones en búsqueda de una Colombia en paz y equidad”, y “erradicar la violencia en la política”; por tanto, es una necesidad inaplazable que el régimen haga hechos concretos para terminar la persecución política, que sigue arrojando miles de desplazados, confinados, desterrados, encarcelados y amenazados, junto a centenares de asesinados y desparecidos.
Sacar la violencia de la política implica no criminalizar las fuerzas alternativas, permitir la protesta social y disponerse a que prosiga la lucha por el poder haciendo a un lado la violencia contra el contradictor; esto permitiría pasar una página definitiva del conflicto colombiano.
Estos son momentos históricos para Colombia, que demandan decisiones históricas de ambas Partes; pero el sector más recalcitrante de las clases dominantes, aún sigue gritando las consignas de Laureano Gómez, lanzadas hace 7 décadas, cuando inició esta fase del conflicto interno: “no vamos a entregar en las elecciones, lo que hemos ganado en la guerra”.
Una decisión histórica que tienen ante sí las elites gobernantes, es renunciar a la represión ilegal como arma de persecución política, como muestra de querer sacar la violencia de la política; si la toman la sociedad colombiana vivirá los albores de la solución política, pero si no lo hacen se prolongaría la llegada de la publicitada “paz completa, estable y duradera”.
