Por: Manuela Montoya, corresponsal de Antorcha Estéreo.
La desaparición forzada sigue siendo una práctica violenta que se intensifica y de la cual a pesar de la fuerte inversión en seguridad en la ciudad y el departamento no se garantizan los derechos humanos de las y los vallecaucanos, en especial de los y las menores de edad.
El actual caso de desaparición es el de Sofía Delgado en Villagorgona, Candelaria; una menor de 12 años desparecida desde el pasado 29 de septiembre. Que en el marco del operativo de su búsqueda, otras dos menores reportadas como desaparecidas fueron encontradas en el barrio La Base en Cali, el pasado 2 de octubre.
Este es uno de los numerosos casos que se han presentado en el departamento en los últimos años. Como fue el caso de Martín Castillo que en mayo de este año fue reportado como desaparecido y encontrado en la ciudad de Medellín. O como el caso de Sara Gil de 16 años, que después de dos días de reportada su desaparición fue encontrado su cuerpo sin vida en el sector del barrrio Bellavista en Yumbo.
Además hay también casos sistemáticos en el departamento como lo ha sido en el municipio de Cartágo, que en los últimos dos años se han presentado 19 casos de desaparición forzada. Sumando también que en el departamento del Cauca se han presentado ya 148 menores reclutados por grupos armados, un territorio donde hay una fuerte presencia de las disidencias de las FARC.
Desde la utilización de los y las menores para la venta de estupefacientes, la explotación sexual, el turismo sexual y el tráfico, son algunas de las condiciones por las cuales esta práctica sigue alimentando la economía ilegal de la región, arrebatando la vida de niños, niñas y jóvenes.
Una realidad que a pesar de la gran inversión en seguridad, con la cantidad de fuerza armada en la región y los fuertes operativos, los derechos humanos no se garantizan por parte de las autoridades. Afirmando que se desarticulan las bandas pero las prácticas de economía ilícita persisten. Demostrando así que el aumento de fuerza y de cámaras no resolverán estás problemáticas sociales tan arraigadas en la región, que requieren de políticas que brinden oportunidades y transformaciones estructurales a la población.
El desempleo, la desigualdad, la competencia desleal, el trabajo informal, la falta de educación y su mala calidad, la falta de protocolos para la prevención, son muchas de las problemáticas que causantes de la falta de oportunidades y una prevención. Sin embargo, es claro que de esta economía ilegal poderosos, familias oligarcas y paramilitarismo se benefician del mismo, con la connivencia de la fuerza armada, dificultando el cambio y la erradicación de las mismas.
Una justicia social requiere de cambios que los poderosos se resisten, pues no les conviene que nuestros jóvenes encuentren caminos hacia el fin de sus prácticas que sostienen la desigualdad social. El fortalecimiento del tejido social y la organización de la lucha en comunidad y popular podrá llevarnos hacia esos cambios que los ricos y poderosos tanto temor le tienen.
