Por: Orlando Cienfuegos, corresponsal de Antorcha.
La reciente noticia difundida por medios locales y nacionales sobre la captura de Andrés Eloy González Lambertinez, conocido como “alias Barbero”, vuelve a poner en evidencia un patrón bien conocido en Colombia: ante cualquier hecho delictivo, por aislado que sea, sectores del Estado y del ejército de la oligarquía insisten en empañar y deslegitimar el nombre del Ejército de Liberación Nacional (ELN) sin pruebas reales ni vínculos comprobables. Según los titulares, “Barbero” tendría nexos con el ELN y con la banda AK-47, un señalamiento cuya simple lectura revela más intencionalidad política que rigor investigativo.
Los hechos narrados por los medios masivos de desinformación señalan que, durante un allanamiento en Cúcuta se incautaron armas cortas, un puñado de cartuchos, estupefacientes y una gramera. Nada más. No hay capturas de supuestos militantes del ELN, no se encontraron documentos, uniformes, comunicaciones o cualquier indicio mínimo que permita asociar a esta persona con nuestra Organización insurgente. Aun así, el Ejército oligarca emitió un comunicado en el que, de manera automática y sin sustento, vinculó al frente urbano Carlos Germán Velasco Villamizar del ELN y a la banda criminal conocida como AK-47, una banda dedicada al microtráfico y la extorsión. Es decir, mezclaron insurgencia y criminalidad como si se tratara del mismo fenómeno.
Este tipo de asociaciones apresuradas y mediáticas no son nuevas. Responden a un libreto contrainsurgente que el país ha visto repetirse una y otra vez: cuando la fuerza pública realiza un operativo menor o captura a un delincuente común, basta agregar la palabra “ELN” para inflar la noticia, generar impacto y reforzar la narrativa oficial que intenta presentar a la insurgencia como una estructura criminal. Se trata de una estrategia de posverdad, de repetir mil veces una mentira para que, en algún momento, parezca realidad.
Lo que no dicen los comunicados y medios es que el ELN ha mantenido históricamente un deslinde categórico frente al narcotráfico y las bandas criminales. Sus congresos nacionales han definido con claridad que la organización no cultiva, procesa ni comercializa drogas, y que quienes intentan hacerlo a título personal son sancionados de forma drástica. En regiones como Arauca, fueron las comunidades —con respaldo de la insurgencia— quienes erradicaron los cultivos hace más de dos décadas. Esa es una realidad demostrable, aunque los operadores mediáticos prefieran ignorarla.
Mientras tanto, en Cúcuta y su área metropolitana son más de veinte las bandas criminales que se disputan el control del microtráfico y la extorsión, muchas veces bajo la tolerancia o complicidad de sectores de la fuerza gubernamental, estructuras paramilitares, y agencias estadounidenses. Pero esos vínculos rara vez ocupan los titulares.
El caso de “Barbero” no tiene nada que ver con el ELN. No lo muestran los hechos ni lo sustentan las investigaciones, es simplemente, la repetición de un viejo recurso para deslegitimar la guerrilla y a quienes se levantan contra la injusticia social. Frente a esa maquinaria de manipulación, es responsabilidad del periodismo crítico y popular desnudar la operación propagandística y recordar que la verdad, tarde o temprano, se abre camino.
