Por éstos días los medios de comunicación incluidas las redes sociales, han registrado numerosos casos de abuso de autoridad y exceso en el ejercicio del poder contra los vendedores informales y los ciudadanos o personas en general en varias regiones y ciudades del país. Es que no puede llamarse de otra manera cuando el despliegue policial tiene como propósito decomisar ventas ambulantes, desparramarlas, inmovilizar vehículos de tracción humana, imponer comparendos y detener de manera arbitraria a las personas, amparados en el nuevo código de policía o “Código de convivencia para vivir en paz”.

Y es que las disposiciones previstas en éste código, son de carácter represivo, discriminatorio y disuasivo; contrario a lo que dice el artículo 1 en su objeto cuando señala que: “busca establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional al propiciar el cumplimiento de las obligaciones y los deberes de las personas naturales y jurídicas, así como determinar el ejercicio del poder, la función y la actividad de la policía, de conformidad con la constitución y las leyes”.

Como vemos es una mera formalidad escrita que en su aplicación real persigue fortalecer el desarrollo de dos estrategias de éste gobierno y del Estado. Por un lado, combate la economía informal y de rebusque en manos del pueblo, y por el otro, busca quebrar la voluntad de lucha de la gente atacando sus formas organizativas, sus liderazgos, sus iniciativas políticas y sus movilizaciones. Veamos por qué:

El nuevo código de policía le entrega a ésta institución muchas facultades sin controles claros, con el pretexto de garantizar seguridad y orden a toda costa, pero esto ha producido un efecto contrario, es decir, un estado de inseguridad en el cual se violan los derechos humanos. Y esta arbitrariedad es legal porque el nuevo código lo permite. Así sucede con el derecho al trabajo de los vendedores ambulantes y de quienes se ganan la vida cantando, recitando poemas o vendiendo dulces en el transporte público, o de quienes se rebuscan en los semáforos, parques y otros lugares públicos.Pero pasa también con el derecho a la libertad personal de los indigentes, quienes son recluidos o escondidos para que invitados a eventos internacionales no los vean y esto es “legal”.

También sucede con el derecho a la protesta por cuanto ésta debe ser solicitada, avisada con anterioridad y firmada por lo menos por tres personas, lo que pone en riesgo a los firmantes en un país de represalias contra los manifestantes pacíficos. Estos son solo 3 ejemplos de un patrón se sigue en todo el código de perfilar a unos sectores “indeseables” de la población y restringirles sus derechos.

Lo anterior nos demuestra que el enfoque del nuevo código de policía en Colombia, es un enfoque de control social y represión que busca contribuir en su ejecución, a instalar en la mente de la gente el temor y el pánico por las medidas que toman las instituciones del Estado, principalmente la Policía Nacional, y con ello erradicar lo alternativo, lo popular, restringiendo las distintas formas organizativas de la gente como complemento al asesinato de líderes y lideresas sociales y populares, persiguiendo en últimas, quebrar la voluntad de lucha de la gente.

La segunda estrategia a la cual contribuye el nuevo código de policía es la económica. Veamos que persigue en éste campo: Según un estudio de la OIT del 2018, hay en el mundo 2.000 millones de personas vinculadas a la economía informal lo que representa el 61% de la población empleada del planeta. En Colombia ese mismo estudio revela, que el 60% de la población económicamente activa (PEA) lo hace en la informalidad porque no hay otra opción. Sin embargo, para el gobierno la informalidad sólo alcanza el 30% lo que deja claro las diferencias de criterios e indicadores a la hora de calcular según sus conveniencias. Un informe de la ANIF (Asociación Nacional de Instituciones Financieras) de finales de 2017, señala que el tamaño de la economía subterránea en Colombia equivale al 35.1% del PIB (Producto Interno Bruto) del país, unos 300 billones de pesos aproximadamente. En ello han influido la ilegalidad, la informalidad (laboral y empresarial) y el creciente uso del dinero en efectivo.

Y es que las operaciones en efectivo por un lado, afecta a las corporaciones bancarias por cuanto hay una reducción de los depósitos bancarios y mayores costos operacionales asociados al efectivo y por otro, el Estado no recibe impuestos por éstas actividades. De hecho la mayoría de las actividades informales, resuelve la vida cotidiana de la gente en los barrios populares. Queda claro entonces que combatir la informalidad busca favorecer a los grandes empresarios nacionales y extranjeros, pero son permisivos y laxos con ellos, por cuanto el narcotráfico y el lavado de activos mueven hoy de manera oscura 16 billones de pesos según el mismo estudio de la ANIF. A esto hay que agregar la evasión de impuestos legales e ilegales.

Lo que estamos viendo y viviendo cotidianamente en las calles, son estrategias predeterminadas en las instituciones del Estado que con este gobierno de ultraderecha se propone arreciar con represión en todos los sentidos, atacando y despreciando lo popular y alternativo para evitar que se consoliden en el país opciones de cambio y de democracia. Estas son acciones de una institución y de un país en guerra y para la guerra. La dictadura no está lejos, está aquí y ahora, por eso debemos poner al orden del día la lucha por la paz y las transformaciones sociales. Los esfuerzos de la gente deben dirigirse a defender lo alternativo, lo popular, lo que construye organización, propuestas de país y Nación. Esto es, la lucha por la paz con justicia social, económica, política y cultural.