Octavia Rebelde y Eliecer Lopéz, corresponsales de Antorcha.
En una de las jornadas más crudas del debate público colombiano reciente, comparecencias ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han sacudido el relato oficial sobre la Masacre de Barrancabermeja de 1998, conocida también como la «Masacre de Barranca». Tras casi tres décadas de silencio, varios militares retirados han admitido que las Fuerzas Armadas no solo conocían, sino que facilitaron la entrada de grupos paramilitares responsables del crimen que dejó por lo menos siete muertos y unas 25 personas desaparecidas en la comuna siete en el barrio «El Campín» de esta estratégica ciudad petrolera del Magdalena Medio.
La historia que emerge de las declaraciones ante la JEP es estremecedora, pero no nos sorprende: oficiales activos en 1998 habrían recibido órdenes de no intervenir cuando los paramilitares irrumpieron en los barrios obreros y populares de Barrancabermeja, permitiendo que los sicarios actuaran con total impunidad. Los testimonios, ahora bajo la lupa pública, confirman lo que siempre denunciaron comunidades y organizaciones sociales: el silencio y la omisión de las autoridades no fue accidental, sino concertado.
Este episodio no es un hecho aislado, sino parte de un rompecabezas mucho más amplio que la JEP ha encuadernado en su Macrocaso 08 (recientemente abierto en 2022), dedicado a investigar crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública en asociación con grupos paramilitares y terceros civiles durante el conflicto armado colombiano. Este macrocaso intenta reconstruir escenarios donde la línea que separa al Estado de los grupos paramilitares se vuelve difusa, exponiendo patrones de connivencia que durante años quedaron ocultos o minimizados. La revelación de estos vínculos no es nueva para quienes han estudiado el conflicto ni para quienes lo vivimos a diario en los territorios; historiadores y organizaciones de derechos humanos han documentado durante años cómo, en regiones como el Magdalena Medio, la presencia paramilitar se consolidó con la tolerancia, y en algunos casos apoyo táctico, de las fuerzas armadas. Relatos recogidos muestran cómo en 1998 los paramilitares ingresaron a Barrancabermeja y permanecieron allí durante 40 minutos ininterrumpidos con conocimiento previo de unidades militares, y cómo los controles y puestos de policía y ejército (pertenecientes al Batallón Nueva Granada), que normalmente hubieran podido impedir la masacre, fueron deliberadamente pasivos esa noche.
Un elemento que agrega la dimensión económica a esta trama es la implicación de Ecopetrol, la principal empresa petrolera estatal del país. Informes periodísticos y testimonios admitidos por la JEP señalan que altos funcionarios de seguridad de la empresa habrían servido de enlace entre la inteligencia militar y los grupos paramilitares, favoreciendo dinámicas de violencia que beneficiaron intereses corporativos en el territorio petrolero. Se ha señalado incluso el uso de recursos logísticos como helicópteros y facilidades de infraestructura para movilizar y apoyar a los grupos paramilitares, algo que fue reconocido en declaraciones ante la JEP que sugieren alianzas entre la empresa, las fuerzas estatales y los paramilitares desde mediados de los años noventa.La participación de Ecopetrol en estos hechos, aunque negada oficialmente por la empresa, ha sido motivo de exigencias de verdad y reparación por parte de víctimas y organizaciones sociales. Estas acciones obedecen a un trinomio de operatividad táctica y estratégica que ha sido utilizada no solo para defender los intereses del capital, sino para librar la guerra contrainsurgente en Colombia.
Al final, lo que emerge de nuevo es la misma conclusión que ha sido nuestra denuncia desde hace décadas como organización insurgente y es que la connivencia entre las fuerzas militares, las grandes empresas y el paramilitarismo son una política de Estado que se conoce y se ha denunciado desde hace muchos años, incluso fue esclarecida por paramilitares como Salvatore Mancuso (máximo comandante de las AUC) o alias «panadero» en el proceso de Justicia y Paz (2005). Esta es una verdad que ha sido ignorada intensionadamente, pues devela la lógica real de la guerra. Por otro lado, la JEP como organismo de justicia transicional si bien ha involucrado de manera más activa a las víctimas, aun se queda corta en justicia y reparación, especialmente porque fue pensada y limitada por la oligarquía colombiana en un proceso de paz que no incluyó desde el inicio al pueblo. Además, las penas impuestas se quedan cortas en términos de justicia y reparación frente a la gravedad y el impacto de los crímenes cometidos (como en el Macrocaso 03 en el que se sancionó a 12 exmilitares del Batallón La Popa con penas de trabajo comunitario por 8 años, por ejecuciones extrajudiciales de 135 civiles). Como ELN hemos dicho que el pueblo es un actor principal en la construcción del Acuerdo Nacional que permitirá superar el conflicto. Una vez más queda demostrado que el impacto y la imposición de la guerra se ha dado en su mayoría por el accionar estatal en defensa del modelo de muerte. El ELN es pueblo alzado en armas que se defiende frente a la guerra del capital.
