Por: Elizabeth García y Alejandro Torres, corresponsales de Antorcha.
La crisis de la salud en Colombia dejó de ser una advertencia técnica para convertirse en una realidad palpable en salas de urgencias desbordadas, cirugías aplazadas y hospitales que sobreviven al día. La Contraloría General reveló que la deuda con centros hospitalarios sigue creciendo, asfixiando financieramente a instituciones que sostienen la atención de millones. Detrás de las cifras hay una verdad incómoda: el sistema no está respondiendo a quienes más lo necesitan.
El aumento sostenido de las deudas de las EPS con hospitales e IPS ha deteriorado la capacidad operativa de la red pública. Centros médicos que dependen de esos pagos enfrentan retrasos en salarios, escasez de medicamentos y limitaciones en servicios esenciales. En varias regiones, la falta de liquidez ha obligado a cerrar áreas, reducir atención especializada y priorizar solo urgencias vitales. La salud hospitalaria, columna vertebral del sistema, funciona bajo una presión financiera que compromete su sostenibilidad.
Esta situación golpea con mayor dureza a poblaciones vulnerables: zonas rurales, periferias urbanas y comunidades que dependen exclusivamente del sistema público. Para miles de familias, una cita médica o un tratamiento se convierten en una carrera de obstáculos marcada por demoras y trámites.
Aunque el debate se agudizó durante el actual gobierno, el problema es de fondo. El modelo de aseguramiento, con intermediación financiera, arrastra fallas históricas: flujo irregular de recursos, concentración de EPS, deudas acumuladas y supervisión insuficiente. Las alertas de la Contraloría evidencian que los mecanismos de control no han sido suficientes para evitar que el dinero destinado a la salud se quede en circuitos administrativos mientras los hospitales operan al límite.
La discusión ya no es solo sobre cifras, sino sobre el sentido del sistema: ¿prioriza la atención o la rentabilidad?
A la crisis financiera se suma un problema persistente: la corrupción en distintos niveles del aparato estatal y la falta de transparencia en el manejo de recursos de la salud. Contratos cuestionados, sobrecostos, redes clientelares y débil vigilancia han debilitado la confianza ciudadana. Cada peso desviado o mal gestionado se traduce en menos insumos, menos personal y menos servicios.
La salud pública no solo enfrenta escasez, sino también un déficit ético en la administración de los recursos. La impunidad frente a estos hechos profundiza la sensación de abandono que sienten los usuarios del sistema.
2026 en el horizonte: la salud como eje político
Con las elecciones presidenciales en el horizonte, la crisis sanitaria se convierte en un tema central del debate nacional. Las propuestas no podrán eludir la urgencia de reformar el sistema, garantizar pagos oportunos, fortalecer la red pública y asegurar controles efectivos. La ciudadanía observa con escepticismo, pero también con expectativa de cambios reales.
La crisis de la salud en Colombia refleja tensiones profundas entre derecho social y gestión institucional. Superarla exige más que ajustes técnicos: requiere voluntad política, control ciudadano y transparencia radical. La participación activa de la sociedad en veedurías, denuncias y debate público es clave para evitar que la salud siga deteriorándose en silencio. La defensa de un sistema que priorice la vida por encima de intereses particulares es un desafío colectivo que marcará el rumbo del país en los próximos años.
