Por: Antony Beltrán, corresponsal de Antorcha Estéreo.
En las últimas semanas hemos sido testigos de diversas situaciones sobre la crisis sanitaria en Colombia, esta crisis no es solo una cuestión económica, tampoco es algo reciente, es un problemas de un sistema que esta sujetado por la corrupción.
El sistema de empresas promotoras de salud (EPS) en Colombia ha enfrentado varios problemas. Algunos de los mas comunes incluyen:
* Acceso limitado a servicios: En algunas regiones, especialmente las rurales, el acceso a especialistas y ciertos tratamientos.
* Demoras en la atención : Los pacientes a menudo se quejan de los largos tiempos de espera para citas médicas y procedimientos
* Quejas sobre la calidad de la atención : Algunos usuarios reportan insatisfacción con la atención recibida, incluyendo diagnósticos erróneos o tratamientos inadecuados.
* Corrupción y manejo ineficiente de recursos: Se han denunciado casos de corrupción y mala gestión de fondos en las EPS
Estos problemas han generado debates sobre la necesidad de transformar el sistema de salud en Colombia, para garantizar un acceso mas equitativo y una mejor calidad de atención para todos los colombianos. La crisis en el sistema de salud ha continuado en 2025, con pérdidas significativas para las empresas promotoras de salud (EPS) según la presidenta de Acemi (Asociación Colombiana De Empresas De Medicina Integral), Ana María Vesga, las EPS enfrentan una crisis financiera alarmante y se estima que las perdidas totales podrían ser similares al del año anterior, que fueron de aproximadamente $9,6 billones de pesos. De estas, el 70% corresponde a EPS que han sido intervenidas por el gobierno.
Entre las EPS que están en riesgo de liquidación se encuentra Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, Savia salud, Asmet Salud, SOS (Servicio Occidental de Salud), Emssanar y Coosalud. El ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo, ha reconocido la situación crítica que enfrentan estas entidades, especialmente en la entrega de medicamentos y la atención a pacientes, lo que ha exacerbado la crisis para los ciudadanos, esto pone al país en una situación alarmante, negándose el derecho a la salud.
En el marco de esta crisis, iniciada desde la privatización de la salud con la Ley 100 de 1993 impulsada por Álvaro Uribe Velez, donde se puso en manos de los ricos la atención médica y los recursos para la salud, el pueblo colombiano ha tomado conciencia de la inviabilidad de este sistema y se ha propuesto dar la lucha con determinación por las reformas y transformaciones que garanticen la salud como un derecho y no como un servicio, que sea pública en vez de privada, de calidad y universal para todos y todas, donde lo primordial sea la salud de las personas y no el negocio de la salud, como lo ha venido haciendo hasta hoy las EPS.
